El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no comparte el decreto de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, de permitir continuar en la carrera fiscal a su antecesor al frente del ministerio público, Álvaro García Ortiz, tras ser condenado a dos años de inhabilitación y multa de 7.200 euros por la revelación de sus datos reservados.
En un escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el abogado del empresario, Gabriel Rodríguez Ramos, solicita poder personarse en el expediente abierto en la fiscalía para ejecutar la sentencia del Supremo según lo previsto en el Estatuto y el Reglamento de la carrera fiscal y que se retrotraigan las actuaciones al momento anterior a que se adoptara la decisión de que García Ortiz pueda seguir siendo fiscal. Esa decisión se conoció justo al día siguiente de conocerse que se incorporaba en la Sala de lo Social del alto tribunal.
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