El debate entre los socios de Gobierno para evitar subidas abusivas de alquileres ante los 600.000 contratos que vencen este año, y que afectan a 1,6 millones de personas, no ha logrado desencallarse y Pedro Sánchez optó por dar luz verde a la propuesta unilateral de Vivienda, sin el visto bueno de Sumar. Se trata de un decreto en el que, entre otras medidas, se incluirá una bonificación fiscal del 100% del IRPF para aquellos propietarios que opten por renovar los alquileres sin subir el precio, como anunció este lunes el president de Gobierno, acompañado de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Un anuncio por sorpresa, del que ni siquiera eran conocedores ministros socialistas del Ejecutivo y del que se avisó al socio minoritario poco antes de realizarlo, «prácticamente a la vez», según denuncian.
Desde el espacio que lidera Yolanda Díaz se oponen al considerar que la prórroga de los contratos debe ser obligatoria y no a cambio de un “premio fiscal” a los caseros. Podemos también ha anticipado su rechazo por el mismo motivo. En Moncloa cierran la puerta a estas exigencias y argumentan que han tratado de encajarlas. Su conclusión es que obligar a los caseros a limitar los precios, sin que se haga dentro del marco de la ley de vivienda y la declaración previa de zonas tensionadas, de forma temporal, no tiene garantías jurídicas. Es más, estas mismas fuentes apuntan con rotundidad que intervenir el mercado del alquiler sería “inconstitucional”. Los informes solicitados a la Abogacía del Estado así lo advierten, por lo que los socialistas han decidido tirar hacia adelante pese al riesgo de que pueda decaer el decreto en el Congreso.
En contra de este tesis está Sumar, decidido a aguantar el pulso para negociar una prórroga obligatoria de los contratos, aunque se apruebe de forma retroactiva. Los socios minoritarios del Gobierno argumentan a que la medida es posible, y se agarran a que ya hubo precedentes tanto en el escudo social aprobado a raíz de la pandemia, donde se aprobó una moratoria de contratos de alquiler, como en el decreto contra los efectos inflacionistas de la guerra de Ucrania, donde se aprobó un tope en las subidas del alquiler.
El anuncio de Sánchez cayó como un jarro de agua fría en el socio minoritario de coalición, que negocia con el ala socialista medidas sobre vivienda desde octubre, y es por eso que algunos consideran el anuncio como una «deslealtad». Hasta ahora, Vivienda ha rechazado esta prórroga genérica, aunque en la mesa de negociación el ministerio socialista sí se abrió en algún momento a aplicar una medida de este tipo para determinados colectivos, como los vulnerables, según trasladan por parte de Sumar fuentes conocedoras de las conversaciones a EL PERIÓDICO.
Fuerte malestar en Sumar
Las políticas de vivienda son origen de un fuerte malestar en las filas de Díaz hacia el ala socialista del Gobierno desde comienzos de legislatura, provocando alguno de los choques más fuertes de la legislatura, desde el rechazo a la ley del suelo, hasta la petición de cese de la ministra de Vivienda o el rechazo a las ayudas por impago a los caseros que el PSOE pactó con Junts. Pero la situación dio este lunes un salto cualitativo, con el anuncio del presidente de Gobierno.
El enfado se personificó esta vez en el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, especialmente molesto, según figuras próximas. Él es quien lidera las conversaciones por parte de Sumar con Vivienda. En declaraciones a los medios, dejó claro que había «margen de negociación» y celebró que el PSOE «reconoce por fin la necesidad de intervenir de manera urgente para poner orden en el mercado del alquiler», aunque rechazó cualquier posibilidad de apoyar la medida planteada por el presidente.
A las diferencias puramente políticas se unió la falta de comunicación, después de que el socio minoritario del Gobierno se enterase de las medidas «a través de los medios de comunicación». Sólo a Yolanda Díaz le informaron «prácticamente a la vez» que Sánchez lo anunciaba. Esto escoció especialmente en Sumar. Esta misma semana los socios de Gobierno preveían mantener una nueva reunión para seguir negociando en materia de vivienda. La propia vicepresidenta segunda del Gobierno, poco proclive al cuerpo a cuerpo con el PSOE, fue quien avanzó que rechazarían lo que consideraban un «regalo fiscal».
En la coalición de Yolanda Díaz se malician con la posibilidad de que ni siquiera la titular de vivienda, Rodríguez, estuviera al tanto de las mediadas. Distintas voces de la coalición coinciden en achacar el anuncio a un intento por controlar la agenda informativa, para dejar atrás los debates internos del PSOE en torno a la ordinalidad. Incluso, hay quien encuentra operaciones similares: «¿Dónde está el debate sobre el cambio de hora?», ironizan.
Critican también la «torpeza» de Moncloa a la hora de plantear el debate, y ven un «error de cálculo» por lanzar una medida sin apoyo alguno. «Creían que nos íbamos a tragar el sapo, pero esto es inasumible», resume un dirigente de la coalición. Si en otras ocasiones existe debate sobre cómo abordar las disputas internas del Gobierno, esta vez en Sumar la posición es cerrada, y el rechazo a las bonificaciones fiscales es rotundo.
Avanzan que el anuncio de Pedro Sánchez «no tiene recorrido parlamentario» y está en «vía muerta». Sumar y Podemos ya se han opuesto, mientras el PNV o Coalición Canaria suelen ser reticentes a este tipo de medidas y Junts cree que la regulación de habitaciones de alquiler invade el marco competencial autonómico.
Sánchez apela al electorado de Sumar
Sin aludir al debate interno, Sánchez argumentó la necesidad de no posponer más en el tiempo esta medida. “Aquí hay un hecho cierto, que no es un número, es una fecha. Este año, más de 1,5 millones de hogares van a ver cómo se tiene que actualizar sus contratos de alquiler”, urgió preguntado por las críticas de Sumar durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Grecia, Kyriákos Mitsotákis, tras reunirse este lunes en La Moncloa. Ante la negativa de las comunidades gobernadas por el PP a aplicar la ley de vivienda, defendió que esta la propuesta del Gobierno y que trabajará con sus socios de Gobierno para aprobarla en el Congreso. Al Consejo de Ministros, indican fuentes de Moncloa, se llevaría su aprobación aun sin contar antes con el apoyo de Sumar.
En la parte socialista del Gobierno blanden encuestas para asegurar que esta medida tiene un apoyo cercano al 70% por parte del electorado de Sumar. Otras fuentes del Ejecutivo señalan que la posición de Sumar, de tildar de “insuficiente” según su criterio este decreto, “no es motivo para votar en contra”. El jefe del Ejecutivo añadió finalmente otro argumento frente a la obligatoriedad reclamada por Sumar, y es que se trataría de una medida “que no enfrenta a propietarios y a inquilinos, sino que los une en pro de un bien común que es la estabilidad y la prosperidad”.
El decreto que se prevé aprobar “en las próximas semanas” incluye además limitaciones a los alquileres de temporada «con medidas más estrictas y con un régimen sancionador para aquellos que se salten la ley». Como tercer eje, contempla poner un tope al precio del alquiler por habitaciones. En concreto, los nuevos alquileres por habitaciones no podrán superar la renta total del contrato de la vivienda completa y en zonas tensionadas se les aplicarán los mecanismos de control de rentas que contempla la ley de vivienda.
En Sumar admiten que estas dos medidas incluidas en el decreto, la limitación del alquiler de temporada y la regulación del alquiler de habitaciones, son propuestas que ellos pusieron sobre la mesa y que el PSOE ahora ha «descafeinado«. Pero aun así, no contemplan apoyar nada que contenga lo que consideran un «regalo fiscal». «No se puede negociar ese decreto. Que quiten las bonificaciones y podremos empezar a hablar».
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