El Partido Popular (PP) escuchó este miércoles en el hemiciclo, en la última sesión de control del año en el Congreso de los Diputados, marcada por el ‘caso Salazar’ -que Pedro Sánchez definió como «acoso laboral», para indignación de los populares, que en boca de su portavoz, Ester Muñoz, le reprocharon al presidente que se trata de un caso de «acoso sexual»- la oferta del ministro de Justicia, Félix Bolaños, de abordar ya la renovación pendiente de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC), un tercio del mismo.
En medio del rifirrafe parlamentario, los populares contestaron haciendo aspavientos a Bolaños y preguntándole de viva voz si el argumento de que la Constitución obliga esa renovación sirve también para presentar los Presupuestos Generales del Estado cada otoño, algo que el Ejecutivo lleva ya tres años sin hacer. Pero el primer partido de la oposición evitó dar una respuesta concreta en público. Y en privado Génova enfrió la posibilidad de sentarse ya a negociar esa renovación, escudándose en que primero los parlamentos autonómicos deben proponer nombres, y eso se dificulta cuando una de esas cámaras, la de Extremadura, está disuelta por las elecciones que tendrán lugar el próximo domingo día 21. Lo mismo que ocurrirá el primer semestre de 2026 al menos en Castilla y León y Andalucía, sino también en Aragón, donde el presidente autonómico, el popular Jorge Azcón, ya ha dado un plazo para alcanzar un acuerdo presupuestario o en caso contrario convocar comicios anticipados, como hizo su homóloga y compañera de partido, la extremeña María Guardiola.
Ya en verano, el propio Alberto Núñez Feijóo se mostró poco optimista sobre esa renovación, que necesita como suele ser habitual el consenso al menos de PP y PSOE al exigir la Constitución tres quintos del Senado para su aprobación, una mayoría que no alcanza solo con los populares, pese a tener mayoría absoluta en la Cámara Alta. Además, anunció que, a imagen y semejanza de lo que supuso la negociación con el Gobierno para la renovación que estaba pendiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el año 2024, el PP planteará exigencias para que la renovación de un órgano constitucional en concreto, en este caso el TC, vaya aparejada a la despolitización del mismo, o de otros organismos.
Cuatro vacantes
De hecho, en el reciente relevo en la Fiscalía General del Estado, tras la condena por revelación de secretos contra Álvaro García Ortiz cuya sentencia se conoció este martes, ya se aplicó una de esas exigencias pactadas entonces, la de que el fiscal general no pudiera llegar directamente desde un cargo público o político. Así ocurrió con la antecesora de García Ortiz, Dolores Delgado, quien pasó sin solución de continuidad de ministra de Justicia en el primer Gobierno Sánchez a ocupar el puesto de máxima responsabilidad en el Ministerio Público.
Por lo demás, en Génova se tiene la impresión de que la propuesta lanzada en el último pleno de 2025 por Bolaños es oportunista e incluso una cierta cortina de humo para tapar los escándalos que acechan al Gobierno, y que ignora el concurso de los parlamentos autonómicos para proponer al Senado nombres para esas cuatro vacantes que hay que rellenar ahora en el máximo intérprete de la Carta Magna.
No obstante, la ley no exige que los parlamentos autonómicos participen de la elección, aunque sí abre esa posibilidad y normalmente uno o varios de los vocales del TC elegidos por el Senado se han elegido teniendo en cuenta los nombres propuestos desde las asambleas de las comunidades autónomas. En verano, el PP también dijo que en ningún caso apoyarían que Cándido Conde-Pumpido siguiera de presidente del TC, si bien el actual presidente cumplirá el año que viene los nueve años de mandato que se establecen como máximos para pertenecer a este órgano.
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