El Congreso de los Diputados ha dado el visto bueno al proyecto de ley de Atención a la Clientela, que será enviado al Senado para que continúe su tramitación antes de publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El texto, que ha contado con el ‘sí’ del Gobierno y de todos sus socios y la abstención del PP, obligará a las grandes empresas a responder las quejas de sus clientes en cualquier de las lenguas cooficiales –catalán, euskera y galego– cuando operen en una de las comunidades autónomas en las que se hablen y, por otro, la prohibición de las llamadas ‘spam’ siempre que no estén identificadas como tal.
Dos semanas después de la ruptura con Junts, el Gobierno ha conseguido el visto bueno de los posconvergentes, con quienes tenían un acuerdo previo en torno a esta norma, y del resto de los aliados. El pacto con los de Carles Puigdemont pasaba por el blindaje del uso de las lenguas cooficiales a la hora de que los clientes interactúen con las empresas con más de 250 trabajadores o o una facturación anual superior a 50 millones de euros.
Tras la polémica inicial, en la que las versiones de Junts y del Ejecutivo chocaron, la norma contempla que las personas que vivan en una comunidad en la que exista una lengua cooficial reciban «la atención [de las empresas] en el idioma oficial que se solicite, siempre y cuando la empresa preste servicios en aquellas comunidades autónomas que disponen de lengua oficial diferente al castellano y la lengua utilizada sea oficial en dicha comunidad autónoma».
Es decir, un catalán podrá dirigirse a una gran empresa en Catalunya siempre y cuando viva en Catalunya y la compañía preste servicio en estos territorios. Esto es extrapolable a Baleares y Comunitat Valenciana, al País Vasco y Navarra con el euskera y a Galicia con el galego.
Otros elementos
La norma, además, establece límites a las llamadas ‘spam’, estableciendo la obligación de que estén identificadas con un prefijo numérico cuando se trata de campañas comerciales para captar clientes. Tampoco serán considerados válidos los contratos que se suscriban a través de este tipo de llamadas y las compañías deberán renovar cada dos años el consentimiento del usuario de recibir llamadas. Por otro lado, se establece un máximo de tres minutos de espera para recibir atenció telefónica.
En otro orden de cosas, el proyecto de ley incluye introduce la figura del ‘influencer’ en la legislación sobre juego, concretando que son los «personajes de relevancia o notoriedad pública», que serán aquellos sujetos que gocen de un «amplio reconocimiento» por la sociedad en su conjunto o, en su caso, por determinados colectivos cualificados en atención a preferencias, aficiones, intereses, profesiones, o cualquier otro criterio que los singularice como colectivo.
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