Multitud de inconveniente y un objetivo logrado. Los tres primeros menores migrantes no acompañados que salen de Canarias mediante el procedimiento exprés fueron trasladados este viernes a la Península. Se trata de la primera derivación realizada en el marco de la contingencia migratoria declarada en el Archipiélago el pasado 29 de agosto. Más de 40 días después de esa declaración, la Comunidad Autónoma ha logrado superar los obstáculos y realizar el primer traslado de menores mediante este mecanismo, diseñado para aliviar la presión migratoria en territorios que triplican su capacidad de acogida, como Ceuta, Melilla y las Islas.
Los menores —dos niños de 16 y 17 años y una niña de 13— llegaron a las Islas el pasado 15 de septiembre a través de El Hierro, procedentes de Gambia y Senegal. Su traslado se efectuó 25 días después de su llegada al Archipiélago, a pesar de que, según el artículo 5 del real decreto, los trámites para su derivación deberían completarse en un plazo máximo de 15 días. Para el Gobierno de Canarias, esta primera salida representa «un motivo de satisfacción«. Desde la declaración de contingencia migratoria, la comunidad autónoma ha acogido a 41 menores que deben ser trasladados mediante este procedimiento. «El mecanismo comienza a dar pasos más firmes. Esperamos que la maquinaria empiece a engrasarse para que puedan cumplirse esos quince días naturales establecidos para el traslado efectivo a otras comunidades», afirmó la directora general de Infancia, Sandra Rodríguez quien además añadió que «es importante recordar que la región está en una situación de contingencia, con centros desbordados, por lo que es fundamental que estos menores encuentren en el país lo que vinieron buscando: un presente y un futuro mejor».
El plazo
El plazo para ejecutar el traslado expiraba precisamente este viernes, una semana después de que el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, firmara las primeras cinco autorizaciones, de las cuales tres correspondían a menores y dos a personas que ya habían alcanzado la mayoría de edad. A partir de esa firma, se abrió un periodo de cinco días para que el Gobierno de Canarias coordinara el viaje con la comunidad autónoma de destino, que se mantiene en reserva por motivos de seguridad y para proteger su integridad. Pese a que la fecha límite hubiese sido el miércoles, la notificación oficial no llegó al Ejecutivo autonómico hasta el lunes, una vez completados los trámites administrativos en el sistema. Esta circunstancia motivó la extensión del plazo hasta el viernes, justo una semana después de la autorización inicial.
El procedimiento
Aunque el proceso parece que echa a andar, no lo ha hecho sin contratiempos. Las pruebas para determinar la edad frustraron el primer traslado previsto, al confirmarse que el joven – que llegó a la isla de Lanzarote a bordo de un atunero con bandera marroquí y hubiese sido trasladado a Extremadura – tenía 19 años. Lo que en un principio parecía un caso aislado, terminó revelando un problema más amplio en las evaluaciones a los chicos migrantes. De hecho, tres de los primeros seis expedientes de traslado exprés que se remitieron fueron descartados tras confirmarse que los jóvenes también eran mayores de edad.
La situación pone en duda la viabilidad de los plazos establecidos. La reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, que respalda la declaración de contingencia migratoria y el reparto solidario de menores entre regiones, busca aliviar la presión sobre territorios que ya triplican su capacidad de acogida —como Ceuta, Melilla y el Archipiélago—, y estipula que cualquier menor que llegue a las Islas deberá ser trasladado en un plazo máximo de 15 días. Este margen parece insuficiente. Aunque el proceso exige agilidad por parte de todas las administraciones implicadas, la complejidad de la cadena burocrática ha dificultado, hasta ahora, el cumplimiento efectivo de los plazos previstos. Esta situación ha llevado a la Fiscalía a calificar de «error» el plazo de quince días fijado para trasladar al resto de España a los menores migrantes que van llegando a las Islas.
Unas afirmaciones con las que Canarias parece no estar del todo de acuerdo. La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Ejecutivo autonómico, Candelaria Delgado, aseguró este jueves ante los medios que «nadie es mejor que nadie. La ley está para cumplirla, y si dice que en 15 días deben resolverse todos los trámites, se hace en ese tiempo». Unas palabras que también iban dirigidas a la Administración central. Desde el Ejecutivo autonómico afirman haber puesto en marcha un «plan de choque» para responder a la presión migratoria: «Hemos contratado a 39 personas, y la estructura del Estado es lo suficientemente potente como para disponer del personal necesario para hacer el trabajo”, defendió. A su juicio, «el resto de administraciones también lo puede hacer».
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