El Delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, ha restado importancia a la solicitud de medida cautelarísima presentada por el Govern balear ante el Tribunal Supremo para suspender los traslados de menores migrantes no acompañados a las islas. Rodríguez Badal ha afirmado que, aunque el Govern está en su derecho de interponer acciones judiciales, la solución para la acogida de estos menores debe ser «solidaria y compartida» entre todas las comunidades, al tiempo que ha recordado el compromiso de financiación por parte del Ejecutivo central.
El Govern presentó la solicitud ante la Sala Tercera del tribunal contra el Real Decreto 743/2025, de 26 de agosto, que fija la capacidad ordinaria del sistema de protección de menores extranjeros no acompañados. La medida cautelarísima busca la suspensión inmediata de los traslados a Baleares derivados de esta norma, alegando una «nulidad manifiesta de pleno derecho» por haberse aprobado supuestamente sin el dictamen preceptivo del Consejo de Estado.
Financiación de los menores
El Delegado del Gobierno ha señalado este martes que será el Supremo quien deba decidir sobre la aplicación de la cautelarísima. No obstante, ha insistido en que «Baleares no puede estar fuera» del Real Decreto aprobado, y ha manifestado su convicción de que la comunidad «acabará cumpliendo la ley».
Rodríguez Badal ha defendido el Real Decreto como una «respuesta estructural» que marca una capacidad ordinaria de acogida de 32 plazas por cada 100.000 habitantes, y ha puesto en duda los cálculos de «sobreocupación al 1000%» que hace la administración balear. Según los datos del Gobierno central, Baleares debería tener 406 plazas, aunque reconoce que actualmente la ocupación está por encima del 150%.
En este contexto, el Delegado ha destacado que el Gobierno Central «comprende la situación de Baleares» y la tiene en cuenta, un entendimiento que se materializa en una financiación específica anunciada tras la reunión del lunes entre el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, y el propio Rodríguez Badal.
Fondos para no usar «recursos propios»
Rubén Pérez, secretario de Estado, anunció la puesta en marcha de una nueva partida económica para que el Govern balear «no tenga que utilizar recursos propios» para atender a los menores migrantes que lleguen a las islas procedentes del reparto del resto de comunidades.
«En el caso de Baleares la asignación económica le permitirá no tener que utilizar recursos propios para la atención de estos menores. Esto es interesante porque es una casuística que no van a tener otras comunidades«, detalló Pérez.
Rodríguez Badal ha concluido señalando que la acción judicial del Govern «no tiene mucho más recorrido», si bien el Gobierno de España entiende la realidad balear y por ello, además de instar al cumplimiento de la ley y la solidaridad interterritorial, se compromete a «incrementar también los recursos económicos» para el coste de esta acogida, con esfuerzos que serán «inferiores a los del resto de comunidades» para Baleares.
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