La práctica del aborto vuelve a estar en la conversación pública. Una situación que los profesionales en la comunidad consideran una anomalía, sobre todo después de que el Gobierno de España haya enviado un requerimiento a la comunidad para que ponga en marcha el registro de objetores, inexistente hasta la fecha en Aragón, así como en Islas Baleares, Asturias y Madrid. Para el colectivo sanitario, así como para los propios ginecólogos, el debate está superado y el derecho garantizado, como sucedió en su día con el divorcio o el matrimonio homosexual.
«Ir al blanco o al negro es algo que no se ajusta a la realidad», indica el ginecólogo del hospital Clínico, Daniel Orós. «Los profesionales queremos poder ejercer nuestro trabajo libremente y adaptarnos a cada uno de los casos, que siempre son una escala de grises», reflexiona.
Una reflexión compartida por el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, Javier García Tirado. «El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo ya no es un tema tabú, pero existen todavía aspectos controvertidos», reconoce, especialmente en el aspecto moral.
El registro, según entiende Orós, puede obligar a los profesionales a posicionarse de forma unívoca ante un escenario ante el que los profesionales se están adaptando «con naturalidad», tomando las decisiones que consideran más adecuadas para cada caso. «La polarización política obliga a tomar partido por bloques y puede llegar a complicar el desarrollo normalizado de algo que, realmente, es muy delicado porque no estamos hablando de una práctica agradable», indica.
En este sentido señala que desde que se aprobó la ley del aborto se ha logrado «un equilibrio» en el que ninguna mujer se ve privada de este derecho en la comunidad. «Un profesional puede declararse objetor, pero en la mayoría de los casos existe una gradación de los motivos, pues existen una gran cantidad de matices de gris», señala Orós.
En este aspecto también coincide con el presidente del colegio de médicos. «El sistema público debe garantizar el derecho, pues las leyes son de obligado cumplimiento«, asegura, defendiendo la creación del registro como una herramienta que facilite a la administración pública la mejor gestión posible de los recursos humanos. Entendiendo que, para bien o para mal, siempre va a estar detrás «la cuestión ideológica».
La puesta en marcha del registro de objetores, en opinión de Orós, puede obligar a los profesionales a decantarse por el sí o el no al aborto sin entrar a considerar los aspectos diferenciales de cada paciente. «Es bueno que cada ginecólogo se adapte a cada caso y a cada realidad», indica. Por eso considera que el tener que posicionarse «sin matices» podría producir un efecto contrario, sobre todo cuando el debate del aborto ya está superado por la sociedad.
Ante esta realidad, desde la coordinadora de Salud de la Federación de Asociaciones de Barrrio de Zaragoza (FABZ), piden al Gobierno de Aragón que aumente el número de profesionales para poder garantizar que las mujeres que necesitan abortar puedan hacerlo «con las menos complicaciones posibles», pues según denuncian tanto en Huesca como en Teruel se dirigen las intervenciones a Zaragoza. «El aborto no es una decisión fácil y se tendría que mejorar las condiciones actuales», señala la portavoz Ana Lasierra.
García Tirado reconoce que las dotaciones ginecológicas en la comunidad «pueden ser insuficientes», pero destaca que en otro tipo de especialidades médicas los pacientes también tienen que desplazarse a los hospitales de referencia para someterse a determinadas intervenciones. «Es la obligación del Gobierno de Aragón proporcionar los recursos suficiente para que todas las mujeres sean atendidas», reclama.
