El pasado mes de agosto una subcomisión de la ONU aprobó de forma provisional una ampliación de sus fronteras submarinas y concederle a España casi 40.000 kilómetros cuadrados más de dominio sobre la plataforma continental situada al oeste de Galicia. Falta la aprobación final, que en principio se producirá el próximo mes de febrero. Salvo sorpresa, no habrá cambio en la votación —que concluirá un largo proceso iniciado en 2009— y la Xunta también da por sentado que así será. Tanto que va a reclamar «activamente» al Gobierno central que esta adición reporte beneficios económicos a Galicia o pueda participar en la planificación de usos y gestión de esos 40.000 kilómetros cuadrados, porque el Ejecutivo autonómico está plenamente convencido de que la comunidad gallega tiene que ser beneficiaria directa.
Antes de formalizar esta reivindicación, la Xunta buscará el respaldo del Parlamento, algo que tiene garantizado porque el PP dispone de mayoría absoluta. De hecho, el partido conservador ya ha registrado en la Cámara una proposición no de ley en la que se establece la hoja de ruta de esta reclamación.
En su exposición de motivos se destaca que la ampliación de la plataforma continental para añadir 40.000 km² a la soberanía española es un «hito histórico» tanto para España, pero «de manera especial», para Galicia, dado que abre nuevas posibilidades para la exploración y el aprovechamiento de recursos marinos y minerales, además de para incentivar un desarrollo científico y tecnológico que contribuya a consolidar Galicia como potencia marina.
«Vigo, con una de las mayores flotas pesqueras del mundo y con centros de investigación de referencia, debe situarse en el epicentro de esta nueva etapa», se recoge en la proposición de no ley firmada por el PP.
«Papel activo»
El Ejecutivo gallego quiere atribuirse una especie de derecho económico sobre ese nuevo territorio submarino que pasará a la soberanía española. «Es fundamental que la Xunta asuma un papel activo, defendiendo que esta ampliación repercuta directamente en beneficio de la comunidad autónoma, tanto a nivel económico como ambiental, garantizando una explotación sostenible de los recursos», exhorta el PP en su iniciativa parlamentaria.
Para conseguir este objetivo, el Parlamento propondrá a la Xunta cuatro líneas de actuación. La primera, que se reclame oficialmente al Gobierno la «participación directa en la planificación y gestión de esos nuevos 40.000 km² de la plataforma continental reconocida por la ONU».
El segundo punto es una demanda exclusiva para el Gabinete de Alfonso Rueda, al que se le pide que elabore un plan estratégico para el «aprovechamiento científico, tecnológico y económico» de los recursos que se generen en ese nuevo territorio submarino. Para ello, deberá contar con la colaboración de las universidades, centros de investigación y el sector mar-industria.
Una tercera encomienda tiene un marcado carácter medioambiental, pues pide que los recursos naturales que se exploten se hagan bajo criterios sostenibles.
Y el cuarto punto vuelve a la senda de reclamar derechos económicos: «Defender que Galicia, como comunidad directamente afectada y beneficiaria, reciba una parte proporcional de los retornos económicos y de las inversiones derivadas de esta ampliación de la soberanía».
La nueva extensión permitirá a España explorar y explotar recursos naturales en esa área. Si en el futuro alguna firma persiguiera sustancias del fondo submarino, esa patente sería del Estado. También una posible explotación de recursos tendría que solicitar el permiso pertinente al Gobierno español.
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