Varias personas durante una manifestación contra el turismo masivo, el pasado 18 de mayo en Santa Cruz de Tenerife. / EFE
España cerró 2024 como el segundo país más visitado del mundo, con 88,5 millones de turistas internacionales, más de 108.000 millones de euros en ingresos y 2,7 millones de empleos directos e indirectos vinculados al sector. Sin embargo, ese liderazgo, que debería ser un motivo de orgullo, convive hoy con señales de alarma que no podemos ignorar.
En las últimas semanas hemos visto manifestaciones en Baleares y Canarias, pintadas en Barcelona, bloqueos de autobuses turísticos y protestas contra cruceros. Lo que empezó como un debate sobre cuestiones como la vivienda o la presión demográfica se ha transformado en un relato de rechazo al turismo. Aunque muchas de estas narrativas son impulsadas por una minoría ruidosa, y a menudo politizada, lo cierto es que se apoyan en una base de malestar real. Y si no se actúa, ese malestar puede erosionar el modelo turístico español de forma estructural.
El próximo 15 de junio hay convocadas protestas simultáneas en destinos europeos, incluida España. No se trata ya de episodios locales, sino de un fenómeno paneuropeo que amenaza con fracturar el consenso social que durante décadas ha sostenido la legitimidad del turismo.
Mientras tanto, algunas instituciones empiezan a reaccionar con medidas que, lejos de aportar soluciones, amenazan con hacer más profunda esta fractura. Es el caso de la proliferación de tasas turísticas sin una estrategia común. Son conocidas las figuras existentes en Baleares o Cataluña, pero otras comunidades se están planteando nuevas vías fiscales para gravar las vacaciones.
El sector no opone a contribuir, pero reclama coherencia, visión de país y coordinación. No se puede penalizar con fiscalidad reactiva a un sector que representa más del 12% del PIB y es un motor esencial para muchas regiones. Especialmente cuando el problema de fondo no es fiscal, sino estructural.
Muchos destinos turísticos funcionan durante gran parte del año como grandes ciudades, pero siguen recibiendo recursos públicos como si fueran municipios medianos. Esta brecha en la inversión pública afecta directamente a servicios básicos, movilidad, vivienda o acceso al espacio público. Si a ello se suma el crecimiento desordenado de la capacidad de alojamiento, especialmente en el ámbito de las viviendas turísticas, tenemos una tormenta perfecta para el malestar ciudadano.
Desde CEOE y su Consejo de Turismo creemos que no basta con gestionar el sector: hay que gestionar el sistema. No podemos seguir abordando el turismo como una industria aislada, sino como un sistema que atraviesa lo económico, lo social y lo territorial. Necesitamos una visión sistémica, regenerativa, que se fundamente en la economía circular y en el equilibrio entre la actividad turística y la calidad de vida de los residentes.
Hemos promovido en el Comité Económico y Social Europeo una Estrategia de Turismo Regenerativo basada en seis ejes: gobernanza colaborativa; redistribución del valor turístico; formación y calidad del empleo; diversificación del producto; sensibilización ciudadana y cooperación institucional a largo plazo.
Pero la estrategia debe acompañarse de acciones inmediatas. Por ello, proponemos cuatro medidas concretas: Una campaña nacional de sensibilización sobre el valor real del turismo; la modificación de los estatutos de Turespaña para que pueda financiar campañas en el mercado nacional; la convocatoria urgente de la Comisión Interministerial de Turismo; y la aplicación transversal de principios de regeneración y por ende de sostenibilidad y responsabilidad en todas las políticas públicas relacionadas con el turismo.
La pregunta es clara: ¿Qué pasaría si España dejara de ser una potencia turística? No es una hipótesis irreal. Lo vivimos durante la pandemia. Pero lo que entonces fue un parón coyuntural, hoy podría convertirse en una erosión silenciosa del modelo si no reaccionamos a tiempo.
El turismo no es culpable de todos los desequilibrios. Pero sí puede ser parte esencial de la solución. No pedimos inmunidad, pero sí exigimos respeto, visión, inversión y compromiso institucional.
Porque perder el turismo significaría perder una de las pocas vías de progreso que muchas regiones tienen. Y no hay sustituto fácil. Por eso no se trata de frenar el turismo, sino de elevarlo a un nuevo estándar: más eficiente, más sostenible, más regenerativo.
No gestionemos solo un sector, gestionemos un sistema. Y pongamos en marcha, de una vez por todas, una política de Estado en torno al turismo.
