PP y Vox han aprobado este lunes su plan de trabajo para investigar en las Corts las responsabilidades políticas de la dana del 29 de octubre, una votación que llega más de seis meses después de que se produjera la catástrofe, cinco meses después de que se aprobara en el pleno del parlamento autonómico la creación de esta comisión y con dos meses y medio de retraso respecto a la otra comisión parlamentaria en marcha: la del Senado. Y esto ha sido solo para aprobar el plan de trabajo, las comparecencias aún siguen sin fecha. Eso sí, adelanta a la del Congreso, la única donde populares y voxistas no tienen mayoría.
Los exsocios del Consell han sacado adelante el plan de trabajo que pactaron hace unas semanas y que incluye, entre otros aspectos, citar a varios cargos de la Generalitat el 29-O, entre ellos, el ‘president’ Carlos Mazón, o la exconsellera Salomé Pradas; a responsables del Gobierno de España, incluido el presidente Pedro Sánchez (que no tendrá obligación de acudir), o varios alcaldes de municipios afectados, incluida la de València, María José Catalá, a la que el PP al principio no incluyó, pero el pacto con Vox forzó a su incorporación.
No obstante, hay algunas ausencias que han criticado PSPV y Compromís. En este sentido, los socialistas, a través de su síndic José Muñoz, han criticado que no se vaya a llamar ni a la vicepresidenta del Consell y responsable de las residencias, Susana Camarero, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, o el núcleo duro del ‘president’, como su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca. Por su parte, la portavoz adjunta de Compromís, Isaura Navarro, ha reprochado que no se vaya a dar voz al «pueblo valenciano» a través de las asociaciones de víctimas o los comités locales de reconstrucción.
Los portavoces de la izquierda, José Muñoz e Isaura Navarro, durante la comisión, este lunes. / José Cuéllar/Corts
Tampoco habrá un foco exhaustivo sobre dónde estuvo del ‘president’ de la Generalitat en las horas críticas del 29 de octubre, desde las 14 hasta las 20:28 horas que llegó al Cecopi, tal y como reclamaba la izquierda, más allá de lo que diga en comisión el jefe del Consell. En este sentido, PP y Vox han evitado incluir la petición de factura de El Ventorro, donde comió ese día Mazón, los trayectos de su coche o que acudan a comparecer la periodista Maribel Vilaplana o el máximo responsable del equipo de escoltas del dirigente del PPCV.
El plan aprobado este lunes pone sobre la mesa el qué (la documentación que se solicitará a distintos organismos) y, sobre todo, el quiénes tendrán que pasar por la comisión para comparecer, pero deja en el aire el cuándo. De hecho, no se descarta que para escuchar a los cargos citados haya que esperar a después de verano. De momento, no hay calendario para estas comparecencias, solo los plazos iniciales: 20 días hábiles para remitir las informaciones reclamadas y otros 15 para estudiarla por parte de los grupos, lo que lleva el calendario a julio, al borde del actual periodo de sesiones.
«Farsa» frente a «riguroso»
Para llegar a este periodo estival, o más que probablemente a después de él, han intervenido varios saltos en la agenda, aplazamientos y demoras que para la izquierda no ha sido casualidad. El último, la convocatoria de la sesión de este lunes para aprobar el plan de trabajo, pese a que populares y voxistas pactaran este a finales de marzo. Socialistas y valencianistas consideran que el PP quiere, por una parte, retrasar el inicio para alejar las comparecencias del 29-O y, por otra, tratar de hacerla coincidir con la del Congreso, la única sin mayoría de PP y Vox, para contrarrestarla.
A los tiempos, PSPV y Compromís han añadido calificativos duros («farsa», «paripé» o «vergüenza») sobre la propia comisión y su funcionamiento, desde los comparecientes citados, la documentación solicitada o las formas de debate en ella y que el único objetivo es «encubrir a Mazón». Por su parte, populares y voxistas han reivindicado que el plan de trabajo aprobado es «riguroso», «alejado de relatos» y del «circo» al que ha acusado a Compromís y PSPV, cumple con los plazos establecidos en el reglamento parlamentario e incluye a todas las administraciones.
