La exsecretaria general de UGT en Canarias y expresidenta del patronato de Fundescan, Alicia Rodríguez, declaró ante la Audiencia de Las Palmas que el Servicio Canario de Empleo (SCE) «nunca» objetó las justificaciones de las subvenciones destinadas a los planes de formación de personas ocupadas en 2006 y 2007.
Fundescan y la gestión de los contratos programa de formación
Durante el juicio por el presunto fraude en subvenciones públicas recibidas por UGT entre 2006 y 2009, Rodríguez explicó que un economista gestionaba los contratos programa y que los equipos técnicos fijaban los costes directos de los cursos, que luego eran validados por el SCE.
Según Rodríguez, había costes asociados difíciles de individualizar, pero confiaba en los técnicos que hacían los ajustes. Subrayó que el SCE nunca expresó reparos sobre estas justificaciones.
Negación de pagos a liberados sindicales con fondos públicos
La acusada afirmó que «nunca se justificó el pago a los tres liberados sindicales», uno de los principales cargos que enfrenta en la causa por estafa continuada relacionada con el uso de fondos públicos.
Además, señaló que solo participó al inicio del contrato programa de 2008, ejecutado en 2009, ya que dejó sus cargos a mitad de ese año. Aseguró que hasta entonces, Fundescan cumplía con los requisitos sociales, por lo que continuaba recibiendo subvenciones.
La acusación retira el delito fiscal correspondiente a 2007
En cuanto al contrato programa de 2007, la acusación del Gobierno de Canarias, respaldada por la Fiscalía, retiró el delito contra la Hacienda Pública por ese año. La cantidad defraudada (72.816 euros) no alcanza el umbral mínimo de 120.000 euros exigido por ley. Sin embargo, se mantienen los cargos de los años 2006, 2008 y 2009, para los que se solicita una condena de dos años y medio de prisión.
Los imputados niegan haber gestionado las contrataciones
El imputado López Naranjo, presidente de Fundescan en 2009, afirmó que durante su gestión no se contrataron cursos con el sindicato y que desconocía la gestión de los programas de formación. Tampoco sabía que los tres liberados de UGT estuvieran contratados por Fundescan, lo cual supo en 2010 ante el Juzgado de lo Social.
Dijo que encargó una auditoría interna y una revisión de departamentos al asumir la presidencia, pero hubo dificultades para localizar documentación de 2007 y 2008.
UGT aportó recursos y formó a más de 7.000 trabajadores al año
Manuela Fernández, también acusada y miembro del patronato y de la Ejecutiva Regional de UGT, declaró que no conocía ningún reparo oficial sobre las justificaciones de los contratos programa de 2006 y 2007. Afirmó que en esos años, UGT aportó su personal e infraestructura, y que nunca se registraron quejas en las actas del patronato.
Fernández destacó que el sindicato cumplió «a rajatabla» con los objetivos, llegando a formar entre 7.000 y 7.500 trabajadores ocupados cada año.
La gestión financiera de Fundescan, según sus gerentes
Miguel Pérez, gerente de Fundescan hasta 2009, declaró que al dejar el cargo dejó preparados más de 200.000 euros en talones y otra cantidad en transferencias para pagar gastos ya justificados.
Empiezan a declarar los acusados del ‘caso Fundescan’. / Jose Carlos Guerra
Su sucesor, Carlos Ucha, ex secretario general de UGT, señaló que al asumir la gerencia pidió informes para conocer el estado de los departamentos y ordenó una auditoría financiera, tras detectar problemas de liquidez.
El juicio se acerca a su fase final con posibles acuerdos
Los restantes miembros del patronato de Fundescan y la comisión ejecutiva regional de UGT aseguraron que no tenían capacidad de contratar y que solo aceptaban las subvenciones concedidas por el SCE. Añadieron que, cuando no se podían ejecutar los cursos, se devolvía el dinero.
El juicio continuará el próximo viernes con los informes finales de las partes, aunque no se descarta que pueda alcanzarse un acuerdo en las conclusiones.
UGT, acusado como responsable civil en el caso de fraude
Las cuatro acusaciones —el Ministerio Fiscal, el Gobierno de Canarias, un grupo de 40 trabajadores, y un empleado individual— sostienen que existe un delito continuado de estafa y varios delitos de defraudación de subvenciones públicas. Solicitan penas de entre uno y 14 años de prisión para los acusados.
En esta causa también está imputado el sindicato UGT como responsable civil de los presuntos fraudes cometidos con fondos públicos.
