La contundencia con la que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha ratificado que está dispuesto a cumplir con su palabra y a regresar a Cataluña para acudir a un debate de investidura en el Parlament, ha encendido todas las alarmas policiales. «Mi obligación es ir al Parlament si hay debate de investidura. Yo debo estar ahí y solo un golpe de Estado podrá impedirme estar», espetó el pasado 27 de julio en un acto en Els Banys i Palaldà (Francia), una intención que subrayó el pasado sábado, a través de una carta publicada en las redes sociales en la que asumía que su vuelta implicaría previsiblemente su detención.
Lo que puede impedir su presencia en el Parlament es el cumplimiento de una orden de busca y captura vigente en territorio español por parte del Tribunal Supremo. Con poner un pie en España, las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen la obligación de detenerle. Eso incluye también a los mandos de Mossos d’Esquadra, que desde que el expresident insiste en su regreso, pese a la amenaza de cárcel, han empezado a contemplar todos los escenarios posibles para su hipotética captura.
Fuentes policiales explican a EL PERIÓDICO, del mismo grupo editorial, que no existe un plan específico para arrestar al líder moral de Junts ante su posible vuelta. Recuerdan que, como policía judicial, tienen la obligación de detenerlo en cumplimiento de la orden del juez y que eso podría ejecutarse en cualquier punto del territorio español cuando sea detectado. Lo que está claro es que la policía catalana no quiere repetir la imagen que se ofreció con el retorno de la exconsellera Clara Ponsatí, quien cruzó la frontera desde Francia y llegó a Barcelona para dar una rueda de prensa en la sede del Col·legi de Periodistes en Barcelona, antes de ser arrestada por agentes de Mossos en el centro de la ciudad, rodeada de periodistas, micrófonos y cámaras; para dar cumplimiento a la orden de busca y captura que tenía en vigor.
La detención de Puigdemont «debe ser mucho antes de llegar a Barcelona», recarcan fuentes policiales, que esperan evitar cualquier «ruido mediático» pese a los anuncios del entorno del exjefe del Govern que hablan de que irá en una caravana de vehículos junto con periodistas para captar el momento del arresto, o que aparecerá en el Parlament en la sesión de investidura de Salvador Illa, sin especificar cómo lo hará.
Las posibles rutas
En este sentido, que Puigdemont pueda aparecer en el Parlament sin ser detectado es un escenario bastante improbable, según fuentes judiciales. El presidente del Parlament, Josep Rull, instó a los responsables de seguridad de la Cámara catalana a revisar el protocolo para ver si podía impedir que los agentes entraran en la sede para detenerle, pero el Parlament está custodiado por un perímetro de seguridad del propio cuerpo policial. De todas formas, la policía podría llegar a entrar para hacer cumplir la orden del juez, según fuentes judiciales, aunque lo más probable es que el arresto se hiciera fuera del Parlament. En todo caso, la unidad de subsuelo de los Mossos ya ha mirado durante los últimos meses los accesos subterráneos a la zona para tener todas las posibilidades previstas.
De momento, los agentes esperan conocer las intenciones del líder de JxCat y poder determinar su ruta. Aunque hay una veintena de carreteras que comunican España y Francia a lo largo y ancho de los Pirineos, únicamente media docena están controladas por efectivos de Policía Nacional y la Guardia Civil. La principal es La Jonquera, en la AP-7, que es la que registra más afluencia de paso, pero también hay dependencias en La Seu d’Urgell, Portbou o Puigcerdà, entre otras, además del puesto fronterizo en La Farga de Moles en Andorra. Otra opción es que entre por la frontera con Aragón.
En 2018, en pleno debate mediático sobre una posible vuelta, Puigdemont publicó en las redes sociales una foto de la carretera C-38 en Camprodon en la que se veía a dos personas caminando y, de fondo, las instalaciones de la Policía Nacional y Guardia Civil. Esta vía lleva a la llamada ‘ruta del exilio’, por la que miles de republicanos salieron por el Coll d’Ares tras la Guerra Civil por lo que colmaría de simbolismo un posible regreso del expresident.
Posible ingreso en prisión
Los Mossos tienen claro que la colaboración con otros cuerpos y fuerzas de seguridad españoles y franceses es importante para poder ubicar al líder de Junts, aunque son conscientes de que deberán actuar cuando esté en Cataluña. Coincidiendo con la publicación de la ley de amnistía en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el comisario jefe de los Mossos d’Esquadra, Eduard Sallent, envió una circular a todo el cuerpo para que, ante cualquier duda, se contacte con la Prefectura policial.
Por eso, el escenario más probable es que se comunique a la Prefectura la presencia de Puigdemont, que puede ser detectado en algún control de Mossos, y que la detención corra a cargo de algún mando de la Comisaría General de Información, descartando que sean altos cargos del cuerpo policial catalán. En caso de arresto, será conducido al juzgado de guardia correspondiente a ese partido judicial y de ahí se esperará la comunicación con el Tribunal Supremo.
El instructor del procedimiento judicial contra Puigdemont en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, podría pedir que fuese trasladado ante él para decidir si ordena su ingreso en prisión o no. Fuentes judiciales han explicado a este medio que es evidente el riesgo de una nueva fuga del expresidente, por lo que se da por hecho su ingreso en prisión. Y es que, pese a estar en vigor la amnistía, el Supremo considera que queda excluida la malversación por la que se acusa al expresidente.
El ‘plan Trapero’
No es la primera vez que los Mossos tienen prevista la detención de Puigdemont. Durante la celebración del juicio en la Audiencia Nacional por sedición, el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, declaró que ante, una posible Declaración Unilateral de Independencia, se contempló que se podría dar una orden de arresto tanto para el entonces president, como del resto de consellers.
Para eso se establecerían «binomios policiales» de «un comisario y un intendente», las escalas más altas del cuerpo, para hacer las detenciones y se tendría un helicóptero para posibles traslados, aunque serían los miembros del Grupo Especial de Intervención (GEI) los encargados de hacerlo ante previsiones de incidentes graves en las calles. Además, el plan establecía la creación de un espacio para los detenidos mientras se esperaban las órdenes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
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