Las patronales no están por la labor de una ley que les obligue a pagar lo mismo a sus empleados por menos horas de trabajo. Pimec se ha sumado al clamor empresarial manifestado durante los últimos días en contra de la norma que negocia el Ministerio de Trabajo en el seno del diálogo social y mediante la que pretende reducir el tiempo máximo que un asalariado puede laburar a la semana a 37,5 horas, desde las actuales 40 horas.
Pese a las diferencias de peso que mantiene Pimec en lo relativo a la representatividad empresarial, en lo relativo al tiempo de trabajo opina lo mismo que CEOE. «La actual propuesta de reducción de jornada laboral porque afecta a la viabilidad y la competitividad de muchas pymes de diferentes sectores», ha manifestado este viernes la entidad presidida por Antoni Cañete en un comunicado.
La patronal ha reunido a sus órganos para consensuar un posicionamiento común sobre este tema y ha determinado que no se ven capaces de asumir las contrataciones adicionales que requeriría reducir el tiempo de trabajo de las actuales plantillas.
E insiste, como ha venido reivindicado también Foment del Treball, en que esta cuestión debe abordarse no desde la legislación laboral, sino en cada sector a través de la negociación colectiva. Es decir, allí donde los trabajadores estén mejor organizados y los márgenes empresariales sean más elevados, están abiertos a trabajar menos y allí donde no haya márgenes o las empresas no estén por la labor de cederlos, pues se sigue con las 40 horas semanales.
Según los actuales datos de convenios colectivos registrados, ocho de cada 10 asalariados se verán afectados por la disminución a las 37,5 horas semanales.
Productividad y absentismo
Pimec ha criticado que el Gobierno esté abordando esta cuestión de manera unidimensional y no también desde el punto de vista de la productividad y de la reducción del absentismo, como vienen planteando ellos. De manera indirecta, la patronal también ha reclamado ayudas y dinero público para implementar la medida. «Los beneficios de cualquier medida tienen que ser compartidos, como también el coste que haya que asumir, siendo absolutamente impensable que una medida como esta pueda o tenga que ser asumida solo por las empresas», ha afirmado en su comunicado.
La oposición a la ley que pretende impulsar la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se ha multiplicado durante esta semana. A la crítica ya conocida de CEOE se suma ahora la de Pimec. Y por el flanco gubernamental, Moncloa ha salido a reclamar «equilibrios» y dar más tiempo a la negociación para tratar de alcanzar un acuerdo en el que esté también la patronal. Aunque ello implique incumplir el programa electoral de la coalición, que marcaba que las 37,5 horas semanales debieren entrar en vigor el 1 de enero del 2025. Del paso intermedio, que era disminuir a las 38,5 horas semanales ya este 2024, todo el mundo lo da, de facto, por obsoleto.
Este próximo lunes 8 de julio está previsto que Ministerio de Trabajo, CEOE, CCOO y UGT vuelvan a sentarse a una mesa para seguir abordando esta cuestión.
