La primera ronda de la controvertida liberación temprana de presos británicos ha dejado este jueves una incómoda estampa para el Gobierno laborista. La saturación del sistema penitenciario en Inglaterra y Gales supone un problema heredado, fruto de una falta de inversión estructural que ha llenado las cárceles al 98% de su capacidad, pero el desfile de 700 reclusos que apenas han cumplido un tercio de su sentencia genera perturbación y un cierto de grado de alarma social.
Del total de 4.500 que saldrán de prisión antes de lo previsto hasta el próximo verano, los primeros beneficiarios son condenados por violencia doméstica, acoso o control coercitivo. El Ministerio de Justicia ha intentado apelar a la calma, garantizando controles y restricciones de movimiento, si bien los recursos son limitados y medidas como las pulseras electrónicas no están disponibles para todos los incluidos en el plan, diseñado inicialmente por el Ejecutivo de Keir Starmer ante la congestión de las cárceles.
La procesión de este jueves en el exterior de las prisiones ha dejado expresidiarios sonrientes y no pocos arrestos prácticamente inmediatos. De hecho, la reincidencia recurrente es uno de los agravantes de la saturación penitenciaria. Las escenas suponen un mazazo para el Gobierno, que ha procedido a la liberación temprana con reticencia y a su pesar. Algunos de los beneficiarios han agradecido su suerte directamente al primer ministro, Andy Burnham, trazando una delicada correlación entre su polémica salida y un mandatario que este mismo verano, poco después de llegar al poder, intentaba desmarcarse del programa.
Presión social
Ante la presión social, Burnham acabó interviniendo para eximir a delincuentes peligrosos y responsables de crímenes que han sacudido la conciencia colectiva. Su mediación se produjo tras el profundo malestar generado por la inclusión de dos de los tres sentenciados por la brutal muerte del policía Andrew Harper en 2019. La controversia transformó la resignación inicial de Burnham, un político con una aversión casi patológica a decepcionar, en un plan de acción para liberar espacio en las prisiones, que actualmente operan prácticamente al límite de las 87.000 plazas existentes.
El Ministerio de Justicia presentó a principios de septiembre una batería de propuestas que incluían desde acelerar la deportación de delincuentes extranjeros, el 12% del total de la población en las cárceles, a la salida de presos de bajo riesgo que cumplen penas indefinidas. Una proyección del departamento había calculado previamente que, sin la salida de 6.000, las cárceles de Inglaterra y Gales (competencia del Ejecutivo británico, frente a Escocia e Irlanda del Norte, donde la gestión ha sido transferida) se quedarían sin plazas en noviembre.
Los que este jueves han estrenado el programa cumplían sentencias de menos de 19 meses y habían completado un tercio. Los próximos saldrán el 13 de octubre. El argumento del Gobierno mantiene que todos afrontarán «las restricciones más duras jamás impuestas», según el comunicado del Ministerio de Justicia, que cita medidas como zonas que confinen a aquellos de mayor riesgo a un área limitada y vetos en los pubs o estadios de fútbol.
Sin creación de plazas
El relato de los responsables del sistema de libertad condicional, sin embargo, es diferente, ya que admiten la dificultad de gestionar el flujo repentino de exconvictos, una vez en la calle. Su máxima autoridad, Martin Jones, ha advertido de la «falsa sensación de seguridad» y la comisionada de Víctimas (Victims Commissioner, en inglés), dependiente del Ministerio de Justicia para representar a las víctimas ante el sistema penal, ha denunciado que las garantías del Ejecutivo «no equivalen a la realidad sobre el terreno».
Uno de los motivos por los que las cárceles están saturadas es la falta de creación de plazas. En los 14 años de gobiernos conservadores (de 2010 a 2024) apenas se creó medio millar, pese a que en Inglaterra y Gales se encarcela a más personas per cápita que en cualquier otro país de la Europa occidental, a excepción de Polonia. Además, según una revisión independiente encargada por el Gobierno, publicada el pasado año, la narrativa de «dureza contra el crimen» ha incentivado penas de más duración, sin tener en cuenta las implicaciones.
Suscríbete para seguir leyendo
