El Gobierno continúa negociando in extremis con todas las fuerzas parlamentarias para sacar adelante, este martes en el Consejo de Ministros, un decreto ley de vivienda que de respuesta a las demandas de la ciudadanía, representada por los cientos de acampados en la Puerta del Sol. El desahucio de Maricarmen, una vecina de 87 año sin alternativa habitacional, ha copado la actualidad y ha obligado al Gobierno a ponerse manos a la obra; sin embargo, las medidas que podrían incluirse en el texto y que actualmente se están negocian están muy lejos de cumplir las reclamaciones del movimiento de vivienda.
Desde Moncloa ha transcendido que la norma incluirá la prohibición de que los fondos buitre compren vivienda, pese a que el PSOE se abstuvo en la votación de la propuesta de Sumar, que se produjo hace menos de dos semanas, que incluía esta tesis. Además, también se incluirán bonificaciones fiscales para los caseros, medida para contentar a Junts y que el movimiento de vivienda rechaza de plano, y los inquilinos. También se prevé una subida del IVA para los pisos turísticos y una bajada de este mismo impuesto para la construcción de vivienda protegida que mantenga su protección de por vida.
Más allá de la materia impositiva, el Gobierno defiende el blindaje del escase parque público existente y la regulación del alquiler de temporada, aunque se desconoce si a través de una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Por último, también se ha deslizado la inclusión de ayudas para aquellos que quieran comprar una vivienda, pero no tengan capacidad económica, medida que anteriores ocasiones se han traducido en avales y préstamos que están lejos de reducir efectivamente el precio. Una lista de propuestas provisionales que están muy lejos de cumplir las pretensiones del movimiento de vivienda.
Desde el Sindicato de Inquilinas, conjuntamente con otros sindicatos, organizaciones, asociaciones y colectivos de clase, siguen defendiendo la asunción del decreto Maricarmen, basado en cinco puntos. El primero de ellos llama a la asunción de medidas estructurales que impidan los desahucios, tesis que no está ni cerca de incluirse en el decreto del Gobierno y que Junts no piensa asumir. El segundo reclama una reforma de la LAU para regular los alquileres de temporada y por habitaciones, uno de los abordajes que es más posible que acabe asumiendo Moncloa.
El tercer se basa en la congelación de los precios actuales del alquiler, intentando así conseguir la subida meteórica que sufren desde hace más de dos años, mes tras mes. Esta tesis no está ni cerca de incluirse y desde el Ejecutivo han insistido en múltiples ocasiones en que se incluye dentro de la ley de Vivienda y que es competencia de la Comunidades Autónomas (CCAA) aplicarla en aquellas zonas que definan como tensionadas. El cuarto pide la aprobación de prórrogas efectivas de los actuales arrendamientos.
El último, y quizá el más importante, pues ha sido la bandera del Sindicato de Inquilinas desde su formación, es la renovación automática de los contratos para que estos se transformen en indefinidos. Esta apuesta ni siquiera está encima de la mesa del Gobierno, pues el propio PSOE, como ha podido conocer ElPlural.com gracias a un argumentario interno del pasado 2025, no está a favor pues considera que podría desincentivar una caída de la oferta, un aumento de los precios, una falta de rehabilitación y una retirada masiva de los alquileres que actualmente están en el mercado.
La izquierda redobla la presión sobre el PSOE
La situación actual, en consecuencia, aleja la posibilidad de que se acerque un acuerdo dentro incluso del propio Gobierno. Fuentes de Sumar han trasladado a este periódico que no aceptarán el textos si el contenido termina siendo el que, por el momento, ha transcendido. La propia Mónica García, ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, ha dejado claro que asumen como propios los cinco puntos del Sindicato de Inquilinas y que no aceptarán “medias tintas”. Por su parte, los manifestantes no piensan abandonar Sol si lo que mañana salga de Moncloa sigue la línea de lo ya desvelado.
La izquierda va a escenificar este lunes su presión al PSOE y Junts en una manifestación conjunta frente al hospital Gregorio Marañón, donde permanece ingresada Maricarmen desde el miércoles. Representantes de los partidos de Sumar -Izquierda Unida, Comuns, Más Madrid y Movimiento Sumar-, Podemos, ERC, Bildu y el BNG; van a ofrecer una rueda de prensa a partir de las 13:00 horas, para exigir al Gobierno que el decreto que se aprobará el martes incluya sus exigencias.
