Maricarmen Abascal tiene 87 años y hasta el pasado miércoles había vivido más de siete décadas bajo el mismo techo. Ese día, una comisión judicial, acompañada por agentes de la Policía, la sacó de su casa por orden judicial tras un procedimiento promovido por el fondo Urbagestión. La escena provocó protestas y movilizaciones en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla y una repercusión política y social como pocos casos de desahucio lo han conseguido. Entre quienes intentaron frenar el desahucio había religiosos, sacerdotes y militantes de movimientos católicos como la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC). Hubo presencia de creyentes en las calles, pero quien no estuvo, y tal vez ni se le esperó, fue la jerarquía eclesiástica.
Ni la Conferencia Episcopal Española hizo pública una posición sobre el caso ni los obispos españoles difundieron reflexiones al respecto en sus redes sociales, a pesar de que su actividad en las mismas suele ser prolija. El silencio resulta llamativo en una institución cuyos principales representantes recurren con frecuencia a X para pronunciarse sobre cuestiones de actualidad. También contrasta con la actividad de numerosos católicos que, desde parroquias, movimientos sociales y organizaciones vinculadas a la Iglesia, llevan años acompañando a personas amenazadas por la pérdida de su vivienda. Una ausencia de respuesta episcopal que coincide también con la escasez de pronunciamientos públicos sobre la crisis migratoria de Ceuta, que el papa León XIV describió este viernes como una “crisis humanitaria”. En este terreno sí existen excepciones, como los obispos de Mondoñedo, Málaga o Sant Feliu, aunque también se han producido intervenciones controvertidas, como las del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz. Ante ello, cabe preguntarse por qué la Conferencia Episcopal está manteniendo un perfil tan silencioso con dos cuestiones (vivienda y migración) que afectan directamente a personas vulnerables, y sobre las que distintas organizaciones católicas sí están hablando.
Personas conocedoras de la realidad de las instituciones sociales de la Iglesia argumentan que existe “mucho miedo en algunos sectores” a la hora de abordar asuntos sociales después de las críticas dirigidas por Vox contra los obispos, Cáritas y las organizaciones católicas que trabajan con personas migrantes, según fuentes anónimas aportadas por ElDiario.es que también trasladan su preocupación ante la ausencia de una voz institucional precisamente después de la visita del Papa a España.
Las posiciones del Papa y de otras organizaciones
León XIV ha colocado la acogida de los migrantes y la defensa de las personas vulnerables entre los asuntos centrales de sus intervenciones públicas. Lo hizo tanto en su discurso ante el Congreso de los Diputados como durante su visita al muelle de Arguineguín. Durante su paso por la Cámara Baja, el pontífice recibió además una carta del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Se la entregó Verónica Barbero, portavoz de Sumar, y en ella la organización solicitaba su apoyo para combatir la especulación inmobiliaria y reforzar valores como la solidaridad, la justicia y la fraternidad. Aquella misiva comenzaba poniendo el foco en la crisis de vivienda de Madrid, una comunidad que el sindicato describe como la “más rica de España”, pero donde miles de personas tienen dificultades para acceder a una vivienda o conservarla.
El documento advertía, además, de que parte de los inquilinos afectados reside en inmuebles pertenecientes a entidades vinculadas a la Iglesia católica y recordaba que ya se habían producido intentos de desahucio relacionados con instituciones religiosas. Entre las personas que llevan años acompañando a quienes se enfrentan a la pérdida de su vivienda está Pepa Torres, teóloga, religiosa de las Hermanas Apostólicas del Corazón de Jesús y una de las fundadoras de la Revuelta de Mujeres en la Iglesia. Para Torres, situaciones como la vivida por Maricarmen ponen de manifiesto hasta qué punto puede quedar expuesta y vulnerable una persona cuando pierde su hogar. La religiosa considera que el caso plantea también una cuestión jurídica en la que el procedimiento legal que se sigue en España en casos como el de Maricarmen entra en conflicto con un reglamento de Naciones Unidas relativo a las obligaciones de los Estados en los procesos de desalojo.
Más allá de la dimensión legal, Torres describe una ciudad partida en dos realidades: por un lado, el Madrid de los grandes capitales y de los fondos de inversión que, según denuncia, expulsan a vecinos para obtener rentabilidad, que coexiste con el de los barrios con menos recursos y con una red de apoyos cada vez más limitada. En esa segunda realidad siguen desempeñando un papel relevante numerosas parroquias, voluntarios y organizaciones vinculadas a la Iglesia. Cáritas y la HOAC se encuentran entre las entidades que han acompañado a personas en riesgo de perder su vivienda y que han reclamado públicamente medidas para contener la especulación, reforzar la protección frente a los desahucios y garantizar una alternativa habitacional a las familias vulnerables.
Silencio en la Conferencia
Mientras las organizaciones de base mantienen esa actividad, ningún obispo español se ha pronunciado públicamente sobre el desahucio de Maricarmen. El contraste es todavía mayor porque sí han aparecido voces procedentes de sectores de la ultraderecha católica para cuestionar a los cristianos que trataron de impedir la expulsión de la anciana. Algunos llegaron a acusarles de estar construyendo un “Evangelio a la imagen del PSOE”.
No es la primera vez que la jerarquía eclesiástica española se enfrenta a la cuestión de los desahucios o de las personas sin alternativa habitacional. El precedente más reciente muestra, precisamente, que existe otra forma de reaccionar. Durante las navidades del año pasado, el desalojo de una nave ocupada por migrantes en Badalona dejó a cientos de personas en la calle, en pleno invierno y sin una solución residencial. En aquella ocasión, los obispos catalanes difundieron un comunicado conjunto en el que cuestionaban la respuesta adoptada y advertían de los riesgos de la “aporofobia y xenofobia”. Aquel pronunciamiento incluía una afirmación que hoy adquiere una particular relevancia: “La respuesta no puede ser el silencio ni la indiferencia”.
Meses después, ante el desahucio de una mujer de 87 años que llevaba más de setenta años en su vivienda, la respuesta institucional ha sido muy diferente. Mientras religiosos, movimientos católicos, sindicatos y organizaciones sociales han levantado la voz, la Conferencia Episcopal y la mayoría de los obispos han optado por no intervenir públicamente. Algunos miembros del episcopado interpretan esa cautela como una consecuencia del momento político y de los cambios que pueden producirse tanto en la Iglesia como en las instituciones españolas.
