En camilla, acompañada por sanitarios del Samur y tras una protesta que aglutinó a cientos de personas que trataron de impedir el lanzamiento. Así abandonó Maricarmen, a sus 87 años, el piso en el que llevaba viviendo desde hacía siete décadas en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro. Se completaba así una orden de desahucio en el cuarto lanzamiento, tras una batalla judicial entre ella y los dueños del inmueble desde hace menos de una década, la empresa Urbagesa.
Maricarmen, trasladada al hospital tras el desahucio, vivía en el piso con un contrato de alquiler que fue firmado por su padre en 1956, al que se subrogó su madre en 1960 y ella en 2005. Tras dos reformas de la legislación del alquiler y una operación inmobiliaria en el inmueble, comenzó una batalla judicial que Maricarmen ganó en primera instancia antes de que la Audiencia Provincial confirmase la tesis de la empres y autorizase el desahucio.
Tampoco llegó a materializarse una alternativa para ella. El Ayuntamiento y la Comunidad aseguran que ofrecieron recursos residenciales o asistenciales, mientras el Ministerio de Vivienda ha asegurado que trató de mediar con la propiedad e incluso su compra pública, sin éxito. Maricarmen y el Sindicato de Inquilinas defendían una solución que le permitiera seguir viviendo de forma independiente y, a ser posible, en el entorno en el que había pasado prácticamente toda su vida.
Un contrato en 1956 y dos subrogaciones
El contrato de alquiler del piso lo firmó el padre de Maricarmen el 3 de septiembre de 1956, bajo una legislación que garantizaba una fuerte protección al arrendatario y permitía tanto la prórroga forzosa como determinadas subrogaciones familiares. Cuando falleció, el 13 de agosto de 1960, su mujer pasó a ocupar su posición como arrendataria y permaneció en la vivienda durante más de cuatro décadas.
Unos años en los que las reglas del alquiler fueron reformadas en dos fechas clave. La primera, en 1985, con el denominado decreto Boyer, que acabó con la prórroga forzosa para los contratos nuevos, pero dejó a salvo los anteriores, como el de la familia de Maricarmen. La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 mantuvo los contratos conocidos como de renta antigua, pero estableció límites a sus sucesivas subrogaciones para impedir que pudieran prolongarse de generación en generación.
Maricarmen sale del portal a saludar durante una concentración bajo el lema ‘Maricarmen se queda’, este martes. / Fernando Sánchez / Europa Press
La madre de Maricarmen falleció el 19 de noviembre de 2005 y ella comunicó su voluntad de continuar como arrendataria, una subrogación que permitía la legislación. Los tribunales nunca lo cuestionaron, pero el problema era la duración de esa segunda subrogación: quedaba limitada a dos años salvo en determinadas excepciones, entre ellas una discapacidad igual o superior al 65%. Los jueces consideraron que ese requisito no había quedado acreditado.
Maricarmen continuó viviendo allí durante más de una década y siguió pagando el alquiler, mientras los propietarios aceptaban las mensualidades. Ese comportamiento se convirtió después en uno de los principales argumentos de su defensa. Si los propietarios habían permitido durante años su permanencia y habían seguido cobrando la renta, sostenía, no podían después negar esa relación. La tesis, basada en la doctrina de los actos propios, fue la que permitió a Maricarmen ganar inicialmente el procedimiento.
La operación inmobiliaria de 2018 y la llegada de Urbagestión
La situación cambió en 2018, cuando la vivienda pasó a manos de Urbagestión Desarrollo e Inversión. La Audiencia Provincial establece que la compañía era propietaria del piso desde el 28 de junio de ese año, aunque algunas informaciones han situado después una oferta para que Maricarmen comprase la vivienda. Cuatro meses después de la adquisición, según recoge el Tribunal Supremo, Urbagestión pidió a Maricarmen que acreditase que cumplía los requisitos necesarios para prolongar su subrogación.
Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, conocida como Urbagesa, es una sociedad inmobiliaria constituida en 2005 dedicada a la gestión y compraventa de activos inmobiliarios. En su web se define como un «despacho especializado en la gestión de activos en rentabilidad» y señala que trabaja con inmuebles alquilados, incluidos edificios de viviendas «con inquilinos», orientados a la «revalorización» del activo. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el Sindicato de Inquilinas la han definido como un «fondo buitre».
Maricarmen, en camilla, tras ser desahuciada este miércoles. / FERNANDO VILLAR / EFE
De la victoria de Maricarmen a la sentencia firme
Urbagestión llevó el conflicto a los tribunales en 2020. La demanda, presentada ante el Juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid, era por expiración legal o contractual del plazo, no por falta de pago. El juzgado rechazó la demanda en enero de 2022 y dio la razón a Maricarmen al valorar que durante años los propietarios habían admitido su permanencia y habían cobrado la renta.
Urbagestión recurrió y la Audiencia Provincial de Madrid revocó la sentencia el 30 de junio de ese año. El tribunal distinguió entre dos cuestiones: que Maricarmen se hubiera subrogado válidamente y que esa subrogación pudiera mantenerse durante toda su vida. La Audiencia concluyó que el comportamiento de los propietarios no podía convertir en vitalicio un derecho cuya duración estaba limitada por la legislación de 1994. Maricarmen recurrió ante el Tribunal Supremo, pero la Sala de lo Civil inadmitió su recurso e hizo firme la resolución de la Audiencia.
Primer intento de desahucio en 2025
Con la sentencia firme comenzó la fase de ejecución. El primer lanzamiento quedó señalado para el 29 de octubre de 2025, pero fue suspendido después de que la situación de vulnerabilidad de Maricarmen entrase en el procedimiento. El Ayuntamiento sostiene que sus servicios sociales elaboraron ese mes un informe a petición judicial.
A partir de entonces comenzaron a plantearse distintas alternativas habitacionales. El Consistorio asegura que Maricarmen contaba con teleasistencia, ayuda a domicilio, terapia ocupacional y seguimiento. El Sindicato de Inquilinas sostiene que entre las opciones planteadas figuraba una residencia privada en Alcalá de Henares con un coste de unos 1.200 euros mensuales. La Comunidad de Madrid afirma que ofreció en dos ocasiones una plaza en una residencia pública, aunque no ha detallado los centros, fechas o condiciones concretas.
Maricarmen celebra el primer aplazamiento del desahucio, en octubre de 2025. / Fernando Sánchez / Europa Press
Dos nuevos intentos y la búsqueda de una alternativa
El segundo lanzamiento fue señalado para el 3 de junio de 2026 y el tercero para el 24 de ese mes. Entre ambos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas pidió a España medidas provisionales para evitar un posible daño irreparable mientras estudiaba el caso y reclamó que Maricarmen no fuera desalojada sin una alternativa habitacional adecuada.
El aplazamiento del 24 de junio se produjo por una cuestión procesal: no se había respetado el plazo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil para abandonar una vivienda habitual. En paralelo, el Ministerio de Vivienda trató de mediar con Urbagestión y asegura que planteó fórmulas para cubrir la diferencia entre la renta que podía asumir Maricarmen y la exigida por la propiedad, además de intentar la adquisición de la vivienda a través de Casa 47. Ninguna vía prosperó.
Una renta de unos 500 euros en un barrio de más de 2.000
Las últimas negociaciones evidenciaron la distancia entre el antiguo contrato y el mercado actual del alquiler en Madrid. Maricarmen pagaba alrededor de 500 euros mensuales, mientras que para continuar en la vivienda mediante un nuevo contrato se manejaron rentas de 1.650 y 2.650 euros al mes.
El piso se encuentra en Ibiza, uno de los barrios más caros de Retiro, donde los portales inmobiliarios sitúan actualmente el alquiler en torno a 24-26 euros por metro cuadrado al mes y la venta cerca de 10.000 euros por metro cuadrado. Si se toman como referencia los aproximadamente 90 metros cuadrados atribuidos al piso, el alquiler medio anunciado superaría los 2.000 euros mensuales y el valor de venta se acercaría o superaría los 900.000 euros. Para Maricarmen, en cualquier caso, ambas rentas suponían un salto muy elevado respecto a sus ingresos. Su pensión, situada en torno a los 1.450 euros mensuales, quedaba por debajo incluso de la propuesta más baja de alquiler.
En vísperas del lanzamiento, una donante anónima identificada como una escritora se ofreció a cubrir la diferencia entre los aproximadamente 500 euros que podía aportar Maricarmen y los 2.650 euros reclamados entonces por Urbagesa.
La policía saca a Maricarmen de su casa. / Fernando Sánchez / Europa Press
El desahucio definitivo
La cuarta fecha fue la definitiva. Desde la noche anterior, cerca de 200 personas permanecieron junto al portal de Alcalde Sáinz de Baranda para tratar de impedir el desahucio. A primera hora de la mañana, la Policía Nacional desplegó un amplio dispositivo en torno al edificio y los agentes comenzaron a retirar a los manifestantes que bloqueaban el acceso, primero en la calle y después en el interior del inmueble, tras la llegada de la comisión judicial alrededor de las 09.30 horas.
Antes de ejecutar la orden, la defensa de Maricarmen intentó alcanzar un último acuerdo con la propiedad y pidió aplazar entre quince días y un mes el lanzamiento para que pudiera abandonar la vivienda y retirar sus pertenencias con más tiempo. Según su abogada, Beatriz Duro, la propuesta fue rechazada, al igual que la alternativa planteada por la donante anónima.
Hacia las 13.00 horas, Maricarmen salió de la vivienda en camilla y fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón. Tras el lanzamiento, el Ayuntamiento puso a su disposición una plaza residencial de emergencia a través del Samur Social, aunque finalmente optó por alojarse temporalmente con familiares. Terminaban así 70 años de presencia de la familia en la misma vivienda y comenzaba un nuevo cruce de reproches entre administraciones.
Fuente: El Periódico de España
