A finales de julio, Ceuta vivió una situación sin precedentes. En apenas unas horas, decenas de miles de personas cruzaron la frontera desde Marruecos. El Ministerio del Interior español cifró en unas 72.000 el número de entradas durante esos días. La inmensa mayoría regresó poco después y, a comienzos de septiembre, Interior estimaba que permanecían en la ciudad unas 5.000 personas.
La llegada de tal cantidad de personas en un espacio de tiempo tan reducido impactó fuertemente en Ceuta. La ciudad se vio sometida, especialmente durante esos días, a una presión extraordinaria sobre los servicios públicos, los servicios de acogida, la atención a menores, las fuerzas de seguridad y, en general, sobre el funcionamiento cotidiano y la convivencia en una ciudad de apenas 85.000 habitantes. Ninguna de estas consecuencias debe hacer olvidar la dimensión más trágica del episodio, la lamentable pérdida de 145 vidas durante el cruce.
Todavía quedan interrogantes sobre las causas del episodio. Pero en el debate político apareció rápidamente una explicación: el efecto llamada. Dirigentes del PP y Vox en España, y de partidos de derecha y extrema derecha en otros países europeos, vincularon las llegadas con la regularización: la medida habría transmitido que entrar irregularmente podía acabar siendo recompensado con papeles. Es una hipótesis intuitiva. Pero una cosa es que una explicación resulte plausible y otra que los datos la confirmen.
Para empezar, existe un problema temporal. La regularización de 2026 estaba dirigida a personas que ya se encontraban en España antes del 1 de enero y las solicitudes podían presentarse únicamente hasta el 30 de junio. Quienes cruzaron la frontera de Ceuta un mes después no podían beneficiarse de ella. Eso no elimina por completo la hipótesis del efecto llamada. Una regularización podría influir en las decisiones migratorias si genera la expectativa de que en el futuro habrá otra. La pregunta relevante, por tanto, no es si quienes llegaron a Ceuta podían acogerse a esta medida (no podían), sino si las regularizaciones aumentan posteriormente la inmigración irregular.
Y sobre eso España cuenta con un precedente especialmente útil. En 2005, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha la mayor regularización extraordinaria realizada hasta entonces en España. Cerca de 600.000 inmigrantes que ya vivían en el país obtuvieron permisos de trabajo. Hoy disponemos de evidencia para analizar qué ocurrió después.
Elias et al. (2025) comparan la evolución de los inmigrantes procedentes de países afectados por la regularización con la de aquellos que no podían beneficiarse de ella. Después de la medida no observan un aumento diferencial significativo de la población procedente de los países afectados. Tampoco crecieron relativamente más esos inmigrantes en las provincias donde la regularización había tenido mayor intensidad. Los autores no encuentran, por tanto, evidencia de un efecto llamada, al menos en los años inmediatamente posteriores.
Larramona y Sanso-Navarro (2016) llegan a una conclusión similar por otro camino. Se preguntan qué habría ocurrido con la población extranjera en España sin la regularización de 2005. Para aproximarse a esa respuesta comparan la evolución española con la de varios países europeos de características económicas y demográficas parecidas.
Si la regularización hubiera atraído nuevos inmigrantes, cabría esperar que después de 2005 España se separara de la trayectoria de esos países. No ocurre. La evolución es muy similar. Los autores concluyen que el fuerte crecimiento de la población extranjera respondía sobre todo a una dinámica previa, no a un salto provocado por la regularización.
Los dos estudios no permiten afirmar que una regularización nunca pueda alterar los incentivos migratorios. Pero aportan dos pruebas independientes sobre 2005 y ninguna encuentra el aumento que cabría esperar de un efecto llamada importante.
Hay además una razón institucional. Tanto en 2005 como en 2026, la regularización exigió demostrar que se residía en España antes de una fecha determinada. En 2005 había que acreditar presencia desde al menos agosto de 2004; en 2026, desde antes del 1 de enero. Quien decide emigrar después de conocer la medida llega demasiado tarde para beneficiarse de ella.
Eso no significa que las políticas migratorias sean irrelevantes. Las decisiones de emigrar responden también a oportunidades económicas, redes familiares, conflictos, seguridad y posibilidades de entrar y permanecer en el país de destino. Por eso conviene separar una hipótesis de su evidencia. Después de lo ocurrido en Ceuta, es legítimo preguntarse si la regularización contribuyó a las llegadas. Más difícil es presentarlo como un hecho probado.
El precedente de 2005 permite observar qué ocurrió después de una regularización de magnitud comparable. Los datos no muestran un salto en las llegadas provocado por la medida del Gobierno. La inmigración siguió creciendo, pero dentro de una tendencia que había comenzado antes.
En un debate tan cargado políticamente como el migratorio, esa distinción importa. El efecto llamada puede funcionar como argumento político. Para convertirlo en una explicación causal hacen falta datos. Y, al menos hasta ahora, la experiencia española ofrece bastante menos evidencia de ese efecto de la que suele sugerir el debate público. La repetición puede convertir una hipótesis en un eslogan, pero no en un hecho.
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