Familias de alumnos de Primaria de colegios concertados han alertado del riesgo de que sus hijos no puedan seguir con normalidad las clases si deciden no aportar un dispositivo digital ni sufragar las licencias asociadas a la metodología digital que exigen sus centros. Los padres no cuestionan la autonomía pedagógica de los colegios ni pretenden excluir a sus hijos de cualquier actividad digital, pero reclaman que la Consejería de Educación aclare quién debe proporcionar los medios necesarios y qué alternativa se garantiza cuando una familia rechaza asumir ese coste por no estar de acuerdo con un uso tan intensivo de las pantallas para seguir el currículo. El problema surge, además, en pleno debate sobre su utilización en las aulas después de que el último informe PISA haya encendido las alarmas sobre la comprensión lectora y la capacidad de atención de los menores.
En uno de los grandes colegios concertados de Gijón, varias familias se sienten “abandonadas” y “preocupadas” por la falta de respuesta de Educación. La inquietud aumentó con el comienzo del curso, después de que el propio centro comunicara que el dispositivo -un Chromebook, una especie de portátil ligero- resulta necesario para consultar contenidos y realizar las actividades que va indicando el profesorado. El colegio añadió que, aunque puntualmente pueda facilitarse algún material en papel, no es posible sustituir habitualmente mediante fotocopias todo lo que se trabaja y publica en la plataforma. El mismo problema se dio en otro gran concertado gijonés, pero en su caso la Consejería sí ha señalado que el centro debe ofrecer alternativas a las familias y dejar clara la no obligatoriedad de adquirir el dispositivo.
Los padres del primer colegio sostienen que los alumnos que acudan sin ordenador o sin determinadas licencias pueden quedar en una posición diferente respecto a sus compañeros, al no disponer directamente de materiales, ejercicios y contenidos utilizados en el trabajo cotidiano. Por eso, subrayan, la discusión va más allá de saber si el Chromebook es obligatorio: quieren conocer si un niño puede seguir realmente todas las clases en igualdad de condiciones cuando su familia decide no comprarlo ni solicitarlo en préstamo.
Ya antes del inicio del curso habían planteado esa duda al colegio. Preguntaron expresamente si sus hijos sufrirían alguna diferencia por no aportar dispositivos o recursos ligados al proyecto digital, si podrían participar en las actividades en igualdad de condiciones y qué materiales alternativos se utilizarían. También pidieron garantías de que esa decisión no tendría consecuencias académicas u organizativas.
El colegio sostiene que el dispositivo está integrado en la metodología desede 5º de Primaria y que disponer de él permite seguir de manera homogénea las propuestas diseñadas por el profesorado. Para las familias que no puedan adquirirlo por razones económicas existe, recalca, la posibilidad de solicitar un equipo en préstamo.
Ese planteamiento, sin embargo, no resuelve la cuestión que plantean quienes rechazan el uso intensivo de dispositivos por motivos pedagógicos, y no económicos. Estas familias consideran que ofrecerles otro ordenador en préstamo no constituye una alternativa si el método sigue siendo exactamente el mismo. Reclaman que se aclare si el centro debe garantizar por sus propios medios que esos alumnos tengan acceso a todo el currículo y puedan realizar las actividades lectivas sin que sus padres deban adquirir, aportar o solicitar recursos tecnológicos.
Sin respuesta de la Consejería
Las familias trasladaron también la cuestión a la Consejería de Educación. Preguntaron si un colegio concertado puede exigir la adquisición, aportación o pago de un Chromebook o equivalente, licencias de Google Workspace, herramientas de control del dispositivo y seguros de reparación o reposición, o si estas aportaciones deben ser voluntarias. Según aseguran, siguen sin recibir una contestación expresa.
En otro escrito solicitaron al centro que detallase cuál sería la alternativa educativa completa para quienes no aportasen el Chromebook ni determinadas herramientas digitales. El colegio respondió que no contempla una metodología alternativa porque el modelo digital constituye uno de los pilares de su proyecto educativo. Al mismo tiempo, indicó que en Primaria los recursos analógicos deben utilizarse prioritariamente y que los digitales tienen carácter complementario y están sometidos a supervisión docente.
Ahí aparece otra de las contradicciones que las familias quieren que se aclare: consideran difícil conciliar ese carácter “complementario” de las herramientas digitales con comunicaciones en las que se les advierte de que el dispositivo resulta necesario para acceder a contenidos y actividades que no pueden facilitarse habitualmente en papel.
El colegio donde sí hubo respuesta
La respuesta de Inspección Educativa a las familias de otro gran colegio concertado gijonés fue distinta. La Administración reconoció la autonomía pedagógica y organizativa del centro y su capacidad para incorporar licencias digitales entre los materiales curriculares, pero diferenció expresamente esos contenidos del aparato necesario para acceder a ellos.
Inspección concluyó que la implantación de un proyecto digital en un centro sostenido con fondos públicos no puede traducirse en la obligación de adquirir un dispositivo concreto ni de comprarlo a través del propio colegio. También requirió a la dirección que reforzase la información sobre la “no obligatoriedad de la adquisición del dispositivo”, las alternativas para acceder a los materiales y los diferentes conceptos económicos asociados al proyecto.
Las familias del otro centro gijonés reclaman ahora un pronunciamiento similar. Su preocupación es muy concreta: qué ocurre cuando un alumno llega al aula sin ordenador ni licencias; si puede acceder a los mismos contenidos, realizar los mismos ejercicios y seguir las explicaciones en condiciones equivalentes o si la decisión de sus padres acaba repercutiendo en su escolarización.
La inquietud alcanza además a Secundaria, donde temen que el peso de las pantallas aumente todavía más. El centro sostiene que el paso a la ESO no supone un uso permanente o generalizado de los dispositivos y que cada curso revisa plataformas, materiales y tiempos de exposición.
El fondo del problema, insisten las familias, sigue sin resolverse: si pagar por un dispositivo o determinados servicios digitales no puede ser obligatorio, alguien debe garantizar que quien no los aporte pueda seguir todas las clases, tareas y materiales en igualdad de condiciones. Reclaman una respuesta de Educación antes de que la diferencia entre tener o no ordenador deje de ser una discusión administrativa y se convierta en una diferencia dentro del aula.
Todo ello en un escenario en el que Asturias carece todavía de una regulación vinculante sobre pantallas en los colegios: el Principado ha elaborado recomendaciones, pero hasta ahora no ha optado por imponer límites o prohibiciones. Y los preocupantes resultados del informe PISA han encendido el debate.
Suscríbete para seguir leyendo
