El magistrado Carlos Hugo Preciado fue elegido vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta de Sumar y se dio por supuesto que formaría parte del bloque de los vocales que lo fueron por el PSOE. No ha sido así. Se ha distanciado de ellos a la hora votar y no duda en criticarles por acusarle de tener «criterio propio». Esa separación se ha reflejado esta semana en un cruce de comunicados a cuenta de la apertura del año judicial. Los otros nueve vocales progresistas hicieron público uno en el que indicaban a la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, que debía incluir en el discurso con el que abre los tribunales. Para Preciado, eso fue «como si dos días antes del debate del estado de la nación, nueve ministros hicieran un comunicado diciéndole al presidente lo tiene que decir, no tiene que decir o tiene que dejar de decir».
El discurso de la presidenta en defensa de la independencia judicial fue aplaudido por todos, ¿cree que es necesario salir en su defensa?
No creo que sea necesario, pero el comunicado de varios vocales progresistas es algo inaudito que no se entiende muy bien desde el ejercicio de la lealtad institucional.
¿Cómo se lleva ser el único progresista fuera del grupo de los progresistas?
Francamente, a nivel profesional, tranquilo, porque yo creo que es lo que espera la gente que hagamos los vocales. En el Consejo hay 20 sillas de vocales y una de presidenta. Si tuviéramos que funcionar por bloques de partido y con una disciplina de voto sobrarían 17 sillas. Mi planteamiento es el constitucional y el legal, es decir, que los vocales no estamos sujetos a mandato imperativo alguno y que una cosa es tener una ideología y otra trasladar las instrucciones de un partido al Consejo. Eso no es ser progresista, es ser profundamente regresista.
Eso no quiere decir que no se pueda y se deban hacer, en su caso, políticas progresistas o conservadoras en el Consejo, pero se tienen que hacer desde la independencia institucional, no desde la sumisión a la agenda, a los dictados y a los intereses de otras instituciones o de partidos políticos.
¿Sus compañeros le han acusado de tener criterio propio?
Es una acusación bastante llamativa. Yo creo que nos pagan a todos y a todas por tenerlo. Con ese criterio propio, me he despegado en muchas votaciones de los que supuestamente tienen un criterio progresista y con los que supuestamente tendría que tener una disciplina de voto. En el caso del juez [Juan Carlos] Peinado [instructor de la causa contra la esposa de Pedro Sánchez] el único vocal que propuso que dos de los cinco expedientes se mandaran a Fiscalía, porque podría haber indicios de delito, fui yo. Los progresistas dijeron que había dos faltas leves. Yo creo que es más progresista lo que hice yo solo y rompiendo esa supuesta disciplina de voto que lo que hicieron mis compañeros.
Archivo – El nuevo vocal del CGPJ Carlos Hugo Preciado (i) durante el acto de juramento o promesa de los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el Palacio de la Zarzuela, a 25 de julio de 2024, en Madrid (España). / Alejandro Martínez Vélez – Europa Press – Archivo
Su respuesta al comunicado de sus compañeros decía que no puede identificar la condición de progresista con la adhesión a la posición del Gobierno o de Justicia…
Yo creo que la condición de progresista significa respetar la institución y su independencia. Es decir, progresista no es seguir los dictados o los criterios o las órdenes de un partido que sea progresista o de un Gobierno que sea progresista. Eso no es progresista, porque estás hurtándole a la institución su función, defender la independencia judicial. El Consejo sirve fundamentalmente para velar por que la ciudadanía tenga una justicia más próxima. Eso es política judicial progresista, aunque pueda chocar y frecuentemente choque con el ministerio.
¿Puede poner un ejemplo?
La ley de eficiencia, con la que el ministerio sostiene que ha hecho historia. Nosotros nos hemos reunido con abogados, procuradores y graduados sociales. En Catalunya he asistido a todas las reuniones sobre la ley y se han detectado problemas importantes, sobre todo, en la atención al público y a los profesionales, porque ha supuesto una reconfiguración que, al menos transitoriamente, ha producido un vacío en la atención al público. O sea, la gente llega a los juzgados y tiene dificultades para acceder a su expediente, saber quién lo lleva… Ser progresista es mirar esa problemática y procurar, desde la lealtad institucional, solventarla. ¿Qué hemos hecho nosotros? Una guía de buenas prácticas; se la hemos enviado al ministerio y la tenemos colgada en la página web. A lo mejor choca con el discurso autocomplaciente del ministerio, pero no es ir contra un ministerio progresista, es hacer la función que nos corresponde y velar porque la administración de justicia y la jurisdicción se ejerza de forma rápida, eficaz y cercana a la ciudadanía.
También tengo que decir que Catalunya está colaborando de una forma espléndida. Llevo más de 25 años allí y puedo decir que la mejor administración de justicia que he visto es la de ahora. Es una muestra de cómo la colaboración entre administraciones puede lograr mejorar el servicio público.
¿Con este panorama se podrán realizar los nombramientos pendientes?
Mi posición política en este Consejo pasa por un intento de superar esos bloques graníticos. Tiene que primar la capacidad de llegar a acuerdos desde el consenso, desde el entendimiento. A la ciudadanía un enfrentamiento constante entre bloques no le soluciona sus problemas. Yo creo que precisamente tendría que llamarnos la atención que el ejercicio independiente de la función de vocal sea mal percibida. Es decir, que se dice muy alegremente «se ha salido de la disciplina de voto». ¿Qué disciplina de voto? El consejo está bloqueado y eso se soluciona haciendo un ejercicio de responsabilidad muchas veces de forma nada cómoda en contra del referente político que se pueda tener fuera de la institución.
Los veinte vocales durante el primer pleno del octavo mandato del Consejo General del Poder Judicial. / Consejo General del Poder Judicial
¿Es el tema más candente ahora del Consejo?
En los nombramientos tenemos que recordar que venimos de una situación de bloqueo de un Consejo, en el que la colonización partidista fue muy importante, y este Consejo logró hacer 198 en dos años. Ahora mismo estamos al día. Se producen las vacantes que se van produciendo. Ahora afrontamos 16 nombramientos del Supremo más la presidencia del TSJ de Madrid. Mi deseo es que se nombre a los mejores, a los que tengan mejor mérito, capacidad y preparación para el cargo. Desde mi particular posición he intentado actuar para evitarlos y, cuando ha habido un atasco en algunos, siempre he intentado ser flexible, facilitar que la institución consiga ejercer una de sus funciones más importantes: nombrar a los magistrados del Supremo y del Tribunal Constitucional.
Pero hay nombres que parecen vetados como el de José Ricardo de Prada
Yo soy radicalmente contrario a los vetos. En el caso que me menciona tengo que decir que le voté cuando se presentó a la Sala Quinta, no así parte del bloque progresista. Soy partidario de que se promueva la excelencia en la función y mi voto siempre va en en esa dirección. Un conservador y un progresista pueden hacer bien su trabajo de juez, si son capaces siempre de ejercer únicamente con sumisión al imperio de la ley y a la Constitución y dejar su ideología al margen. Eso no quiere decir que la ideología no tenga cierta influencia en cómo se dicta o cómo se razona, pero no tiene que ser el motivo a la hora de resolver.
¿Qué cambiaría en el Consejo?
Me gustaría que hubiera cierta conciencia institucional, que trabajara con autonomía, que no se percibieran las críticas constructivas que esta institución puede hacer o sus peticiones a otras administraciones como un ataque, sino como un ejercicio leal de la función del Consejo.
Suscríbete para seguir leyendo
