En Familia Real de Liechtenstein, la más rica de Europa, se viven momentos cruciales y de máxima tensión en las últimas horas. El país soberano ha aprobado la despenalización del aborto frente a la férrea oposición del príncipe Alois (58 años).
El príncipe regente de Liechtenstein se ha marcado un pulso histórico ante el parlamento, un extremo que se está viviendo en el país con enorme inquietud. La política de Liechtenstein atraviesa uno de los momentos de mayor crisis institucional de su historia.
El parlamento, compuesto por 25 diputados, ha sacado adelante por el mínimo margen posible –13 votos a favor frente a 12 en contra– una iniciativa que busca despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las doce primeras semanas de gestación.
El príncipe junto a su esposa, la princesa Sofía de Baviera.
La norma impulsada por la ciudadanía plantea, además, eliminar las restricciones informativas sobre esta práctica e incluir su cobertura económica en la sanidad pública.
Sin embargo, el texto ha chocado de frente con la determinación de la Casa Principesca. El príncipe heredero Alois ya había anunciado su firme intención de bloquear la reforma.
Alineado con los postulados de la Iglesia católica y del administrador apostólico de Vaduz, Benno Elbs, Alois ha apelado al «bien jurídico central de la protección de la vida» para justificar su rotunda negativa a sancionar el documento.
Con un margen constitucional de seis meses para promulgar el texto o dejarlo caducar antes de marzo de 2027, todo indica que el regente ejecutará el veto real, consolidando un grave choque con la representación parlamentaria.
Este choque entre la decisión del legislativo y la conciencia del monarca evoca de forma inevitable, como recuerda Vanitatis, momentos críticos de la historia parlamentaria europea.
El antecedente más recordado tuvo lugar en abril de 1990 en Bélgica, cuando el rey Balduino se negó a firmar la ley de plazos del aborto por profundas objeciones de conciencia de raíz católica.
Aquella crisis se resolvió mediante una argucia constitucional: el Gobierno declaró al monarca temporalmente «imposibilitado para reinar« durante 36 horas, asumiendo el Consejo de Ministros la capacidad de promulgar la ley antes de restituir a Balduino en el trono.
Un conflicto similar sacudió a Luxemburgo en diciembre de 2008. El gran duque Enrique, sobrino de Balduino, anunció su negativa a sancionar la ley de la eutanasia aprobada por el parlamento aduciendo reparos morales.
Los príncipes, en mayo de 2018, en un acto público.
A diferencia del mecanismo belga, la respuesta institucional en el Gran Ducado fue drástica: impulsada por el primer ministro Jean-, se aprobó una reforma constitucional que retiró el término «sancionar» del texto legal.
La situación en Vaduz, sin embargo, dista considerablemente de las monarquías parlamentarias de la Unión Europea.
En Liechtenstein, los soberanos conservan un poder político, ejecutivo y legislativo real y efectivo, reforzado tras la histórica consulta constitucional celebrada en 2003.
En aquel momento, el príncipe Hans-Adam II planteó un audaz ultimátum a la población: amenazó con abandonar el país y trasladar la residencia oficial de la Casa Real a Viena si el electorado no respaldaba una ampliación de sus facultades de gobierno.
Temerosos de perder el pilar económico que representa la Corona para el microestado y la estabilidad de su sector financiero, un 64,3% de los ciudadanos votó a favor de otorgar al monarca el veto absoluto sobre las leyes del parlamento y la facultad de disolver la cámara.
Un cerrojo legal a las reformas sociales
No es la primera vez que la cuestión de los derechos reproductivos enfrenta al príncipe con la sociedad.
En 2011, cuando se sometió a las urnas una propuesta para liberalizar la interrupción del embarazo -que acabó siendo rechazada por el 52,3%-, el propio Alois ya advirtió públicamente de que habría vetado la norma incluso si el pueblo la hubiera respaldado en el referéndum.
La legislación penal vigente en Liechtenstein castiga la interrupción del embarazo con penas de hasta tres años de cárcel para los médicos, contemplando excepciones en situaciones de riesgo grave para la vida de la madre, agresiones sexuales o en gestantes menores de 14 años.
