La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha celebrado este miércoles las nuevas medidas planteadas por la Comisión Europea para combatir la crisis de vivienda y ha defendido que tanto la propuesta de Reglamento del Affordable Housing Act como las recomendaciones que la acompañan avanzan en la misma dirección que las políticas desarrolladas durante los últimos años por el Gobierno español.
«Se trata de dos normas que van en la dirección de las políticas del Gobierno de España«, ha asegurado Rodríguez tras conocer las decisiones adoptadas por el Colegio de Comisarios en Bruselas. La ministra ha defendido que la crisis de acceso a la vivienda tiene ya una dimensión europea y ha recordado que España, junto a otros Estados miembros y grupos políticos, había reclamado una mayor implicación de las instituciones comunitarias.
Rodríguez ha destacado especialmente tres elementos de la propuesta europea. El primero es el reconocimiento de las denominadas áreas bajo tensión residencial, el concepto que utilizará Bruselas para identificar los mercados donde existen graves problemas de asequibilidad y que la ministra equipara con las zonas de mercado residencial tensionado recogidas en la ley de vivienda española.
La responsable de Vivienda considera que la introducción de criterios objetivos a escala europea supone también una llamada al resto de administraciones a intervenir cuando se alcanzan determinados niveles de tensión. «Cuando se dan esas circunstancias hemos de actuar todas las administraciones», ha señalado. Rodríguez ha ido un paso más allá y ha asegurado que no aprecia contradicciones entre ambos sistemas. «Lo que están dando es el instrumento para que podamos actuar», ha defendido. Según la ministra, las zonas de mercado residencial tensionado que ya han sido declaradas en España «cumplen los requisitos» contemplados por el nuevo marco propuesto por la Comisión.
Pisos turísticos y uso residencial
El segundo punto celebrado por el Gobierno es el tratamiento de los pisos turísticos. Isabel Rodríguez considera que este tipo de alojamientos «están deteriorando la convivencia en las ciudades e impidiendo el acceso de jóvenes y familias» a una vivienda y ha defendido que las administraciones deben priorizar el uso residencial. La propuesta comunitaria pretende precisamente proporcionar mayor seguridad jurídica a comunidades autónomas y ayuntamientos que quieran imponer restricciones sobre alquileres de corta duración en zonas donde puedan demostrar que estos usos están agravando los problemas de asequibilidad.
El tercer elemento destacado por la ministra es la protección del carácter residencial de viviendas y suelo frente a otros usos. «Hay que priorizar el uso residencial», ha insistido la ministra, que ha relacionado esta orientación con la lucha contra la especulación y con una posición que, según ha recordado, el presidente del Gobierno ya había trasladado al Consejo Europeo. Rodríguez también ha valorado positivamente las recomendaciones de Bruselas destinadas a incrementar la oferta. En particular, ha señalado las «sinergias» con la apuesta española por la construcción industrializada y el apoyo al sector de la construcción para elevar la capacidad de producción de vivienda.
Sin acuerdo para aprobar el decreto
La ministra ha aprovechado la presentación europea para reclamar también avances dentro de España. Rodríguez ha apelado a los grupos parlamentarios para sacar adelante durante la recta final de la legislatura nuevas medidas en materia de vivienda, entre ellas la regulación del alquiler de temporada, la movilización de vivienda mediante incentivos fiscales y la reducción de las trabas burocráticas vinculadas al suelo. «Regular y prohibir el fraude del alquiler de temporada, acabar con las trabas burocráticas del suelo o movilizar vivienda a través de la fiscalidad solo lo puede hacer el Parlamento» ha asegurado.
Vivienda trabaja en un decreto que recoge distintas iniciativas negociadas con los grupos, aunque Rodríguez ha evitado anticipar cuándo llegará al Consejo de Ministros. «El interés del Gobierno no es aprobarlo en Consejo de Ministros, sino en el Congreso de los Diputados«, ha señalado, antes de reconocer que «todavía hay grupos que no están conformes».
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