Como era previsible, la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes, ha descargado en el que fuera secretario de organización Santos Cerdán la responsabilidad sobre la contratación, que se hizo verbalmente, y los pagos realizados a dos abogados –Ismael Oliver y Jacobo Teijelo– presuntamente implicados en la presunta trama para boicotear causas contra el Gobierno.
Ha explicado que la contratación fue ordenada por su jefe meses antes de que ella realizara, por orden suya, los pagos y hojas de encargo por los que está imputada en un delito de falsedad en contrato mercantil que le atribuye el juez del caso Leire, Santiago Pedraz.
Los informes realizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ya apuntaban que Fuentes habría sido la persona encargada, «con la intermediación de Leire Díez y bajo las directrices de Santos Cerdán», de falsear dos notas de encargo profesional a determinados abogados, unos pagos que acabaron en manos de la exmilitante socialista.
Una de las notas de encargo presuntamente mendaces, según los investigadores, fue para el despacho de abogados vinculado a Ismael Oliver, que fue el primer abogado del exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García. Oliver también estaba hoy citado ante el juez, y ha ofrecido, según las fuentes presentes en la declaración a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, una explicación bastante rocambolesca para explicar la coincidencia en las cantidades entre lo que cobró del PSOE y lo que acabó pagando a Leire a través de sus empresas.
Según este abogado, el PSOE le contrató, a través de Leire, para hacer unos trabajos de apoyo a la asesoría jurídica del partido en relación con la comisión parlamentaria denominada ‘operación Cataluña’; mientras que sus pagos a la supuesta fontanera eran en realidad un adelanto del dinero que debería abonar uno de sus clientes, el exviceministro venezolano Nervis Gerardo Villalobos, para que Leire Díez borrara su huella digital. Sin embargo, no ha podido acreditar ninguno de estos trabajos.
Volviendo a Fuentes, que al igual que Oliver ha respondido a todas las partes, los trabajos encargados a Oliver y a Teijelo se incardinaron según su testimonio en un supuesto refuerzo a prestar a la asesoría jurídica del PSOE, si bien las órdenes sobre estos asuntos siempre venían de mano de Cerdán y los pagos los realizaba el departamento financiero del partido, todo de forma legal según las mismas fuentes. Sobre Leire Díez, la gerente del PSOE ha negado haberla visto de forma habitual por la sede de Ferraz, y además ella no estuvo presente en las reuniones que se citan en la investigación.
Ismael Oliver en el Congreso de los Diputados junto a uno de sus defendidos / EL PERIÓDICO
Según la UCO, el letrado Oliver «habría sido designado por la organización para la asunción de la defensa letrada de Koldo García, instrumentalizando y sirviéndose de la misma para dirigir denuncias contra la UCO». Fuentes cercanas a este letrado niegan estas conclusiones policiales, que tachan de «falsas».
Según los investigadores, Leire Díez habría cobrado del PSOE al menos 43.225 euros la cantidad a través de dos intermediarios: la mercantil Zaño Sociedad Consultora, gestionada por el exdirigente socialista andaluz Gaspar Zarrías, y la mercantil Oliver Gruppe S.L., vinculada a Ismael Oliver. El abogado Teijelo, igualmente según los agentes, también habría sido empleado también como «instrumento para canalizar fondos, tanto destinados a sufragar al propio letrado como hacer llegar cantidades a un tercero». La UCO cifró en 125.000 euros los pagos a Teijelo por parte del PSOE y de 22.500 euros a Oliver, en este caso con destino a Díez.
Por otra parte, el pasado mes de julio, Pedraz acordó abrir una pieza separada sobre los pagos que presuntamente realizó el PSOE a la exmilitante socialista, en la que investiga «la posible comisión de diversos delitos públicos relacionados con la corrupción». Se acordó requerir información a entidades bancarias para que informen de movimientos y saldos relacionados con más de 80 cuentas relacionadas con la causa, seis de ellas del PSOE y también de Oliver, Teijelo y las sociedades asociadas Oliver Gruppe Estudio Jurídico, Oliver & Partners, así como de Zarrías y su consultora.
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