El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz reactiva este miércoles el caso por la supuesta trama, en la que participaba la exmilitante socialista Leire Díez, dirigida a boicotear causas judiciales en la que está incurso el entorno del presidente Pedro Sánchez o el PSOE. Escuchará, en calidad de imputada, a la gerente del partido, Ana María Fuentes, un trámite judicial que las acusaciones populares sitúan como anticipo a una eventual imputación del propio partido socialista.
El titular de la plaza de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional tiene sobre la mesa el informe que el pasado 8 de julio le entregó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre cada uno de los implicados en esta trama, que tiene ramificaciones en la Fiscalía y en la cúpula de la Guardia Civil en función de las actividades de Leire Díez y el grupo de abogados con los que colaboraba.
En este informe los agentes identificaron «un elemento especialmente significativo y, al mismo tiempo, demostrativo de la unidad de acción de esta organización criminal», relacionado con «la forma en la que fueron sufragados los costes y satisfechas las necesidades logísticas de la actividad investigada».
Concluye que el que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, «habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste de la actividad investigada, permitió que esta se sirviese de su personal para el desarrollo de funciones administrativas, aportó sus dependencias para la celebración de reuniones o soportó el coste de la logística (viajes, alquiler de vehículos…) de algunos de sus miembros».
«La persona encargada»
En la ejecución de ese plan sitúa a la directora gerente federal del PSOE. «Habría sido la persona encargada, con la intermediación de Leire Díez y bajo las directrices de Santos Cerdán», de falsear dos notas de encargo profesional a determinados abogados. Por esta razón se procedió a incautar su teléfono móvil, al igual que ocurrió con otros investigados como el que fuera jefe de Gabinete de Sánchez, como secretario general del PSOE, y exdirector de Correos, Juan Manuel Serrano.
Una de esas notas está vinculada con el despacho Estudio Jurídico Ismael Oliver & Partners S.L., vinculado al abogado del mismo nombre -que fue defensor del asesor ministerial Koldo García- y otra con el también imputado Jacobo Teijelo, que ejerce la defensa del propio Cerdán en la causa derivada del caso Koldo que se investiga en la Audiencia Nacional. Oliver también declarará este miércoles ante el juez Pedraz.
«De las evidencias analizadas se desprende, con carácter indiciario, que ambas notas de encargo profesional habrían sido suscritas de manera meramente instrumental, con la finalidad de simular una relación profesional entre las partes y de servir como medio para que la formación política pudiese materializar pagos con destino a ambos abogados», apunta la UCO. Por estos extremos Fuentes será interrogada por el juez.
La exmilitante socialista Leire Díez durante una rueda de prensa, en el Hotel Novotel, a 4 de junio de 2025, en Madrid (España). / Carlos Luján – Europa Press
La investigación también la relaciona con pagos a la propia fontanera socialista Leire Díez, en el marco de unas concesiones de contratos vinculadas a las sociedades públicas Mercasa, Sepides y Enusa, todas ellas propiedad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Según la UCO, el letrado Oliver «habría sido designado por la organización para la asunción de la defensa letrada de Koldo García, instrumentalizando y sirviéndose de la misma para dirigir denuncias contra la UCO». Fuentes cercanas a este letrado niegan estas conclusiones policiales, que tachan de «falsas». Este miércoles él mismo podrá dar las explicaciones que considere oportunas al instructor del caso Leire.
«El presi» y «el jefe»
Los agentes señalaban que «del resto de hechos que se vienen analizando se deduce que cuando Leire Díez y [el abogado de Koldo García] Ismael Oliver se refieren al ‘Jefe’ lo estarían haciendo a Santos Cerdán«, mientras que la referencia al «Presi», «tanto por la alusión directa como por el propio contenido de la conversación, estaría efectuada al presidente del Gobierno», completa el documento policial.
La UCO concluye que la actuación de este grupo encabezado presuntamente por Santos Cerdán y Leire Díez, buscaba «proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales con afectación al PSOE, y, directa o indirectamente, a ciertos miembros del Gobierno o a su presidente», Pedro Sánchez.
Según los investigadores, Leire Díez habría cobrado del PSOE 43.225 euros la cantidad a través de dos intermediarios: la mercantil Zaño Sociedad Consultora, gestionada por Gaspar Zarrías, y la mercantil Oliver Gruppe S.L., vinculada a Ismael Oliver. Además Díez «habría promovido el pago con cargo a los fondos» del partido de los honorarios de los letrados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, quien habría sido empleado también como «instrumento para canalizar fondos, tanto destinados a sufragar al propio letrado como hacer llegar cantidades a un tercero». La UCO cifró en 125.000 euros los pagos a Teijelo por parte del PSOE y de 22.500 euros a Oliver, en este caso con destino a Díez.
De hecho, el juez ordenó a finales del pasado mes de julio información bancaria sobre un total de 81 cuentas relacionadas con estos pagos en una docena de entidades bancarias. Seis de ellas pertenecen al PSOE, que pidió al magistrado que extremara las precauciones para que la información que se obtenga no trascienda, aunque el magistrado ya acordaba incorporarla a una pieza secreta. Entre la información solicitada están cuentas de Gaspar Zarrías, de los dos abogados imputados, de varias sociedades vinculadas a ellos y del medio Crónica Libre.
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