Julián y Manuel González, los dos hermanos acusados de asesinar, descuartizar y enterrar el cadáver de Francisca Cadenas durante casi nueve años en el patio de su casa, en Hornachos (Badajoz), saldrán de la cárcel el próximo lunes para volver al lugar del crimen. El juez los ha citado para reconstruir, junto a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cómo acabaron con la vida de su vecina la noche del 9 de mayo de 2017.
Pero a solo seis días de que esa recreación de los hechos tenga lugar los acusados todavía no han confirmado si participarán o seguirán sin colaborar en la investigación, ya que la ley les permite ambas opciones. Y ahora, según ha podido saber el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, el abogado de Julián, José Duarte, ha pedido al juez que suspenda esa diligencia. Lo ha hecho después de acudir, el pasado 30 de agosto, a una comisaría de la Policía Nacional para denunciar a la prisión donde están presos el asesino confeso y su hermano Manuel.
Pasadizo en el que desapareció Francisca Cadenas el 9 de mayo de 2017. Abajo, las bridas con las que sus asesinos ataron las manos de la mujer antes de enterrar sus restos en el patio de su casa. / SUCESOS
Pases de prisión
En un escrito enviado al juzgado de instrucción 1 de Villafranca de los Barros (Badajoz), al que ha accedido este medio, el letrado argumenta que no ha podido preparar la reconstrucción con su cliente porque el Jefe de Servicios del Centro Penitenciario Sevilla II, ubicado en Morón de la Frontera, ha impedido que tanto él como la abogada de Manuel, Aurelia Martín, entren a la prisión y se entrevisten con ellos.
El juez ha rechazado suspender la reconstrucción porque fue «oportunamente acordada el 21 de julio de 2026», por lo que las defensas «han dispuesto de tiempo que se estima prudencial para su preparación»
«Teniendo señalada para el 14 de septiembre la práctica de diversas diligencias, entre otras la reconstrucción de los hechos, habíamos solicitado los pases a prisión con antelación suficiente al día 14, algo que el Ilustre Colegio de Abogados de Badajoz autorizó telemáticamente el pasado 28 de agosto», expone el abogado en su escrito al juez.
Los domingos
«Mediante correo electrónico dirigido al centro penitenciario de Sevilla II avisamos de nuestra visita para el día siguiente, sábado 29, para confirmar que ese día los presos preventivos estarían en dicho centro. Al no obtener respuesta, decidimos no posponerlo para septiembre y nos desplazamos a Morón el siguiente día, el domingo 30″, añade.
Ese día, los abogados de Julián y Manuel llegaron a la prisión hacia las 12:40 horas, pero «las funcionarias de comunicación manifestaron que los domingos no permiten las visitas de los abogados«, describe el letrado Duarte en su denuncia. Su compañera y él insistieron entonces al personal de la cárcel en «los poderosos motivos judiciales» que les habían llevado a visitar a sus clientes e incluso invocaron «la Ley de Enjuiciamiento Criminal» que, según sostienen, «prevee expresamente que los letrados podrán comunicarse todos los días y a todas las horas con los presos preventivos que representen». Pero el personal del centro penitenciario no les dejó pasar.
Cuatro delitos, inhabilitación
Entonces, según sostiene el abogado de Julián ante el juez, las funcionarias del centro penitenciario «llamaron al Jefe de Servicios de comunicaciones por teléfono y, sin querer pornerse en contacto ni personal ni telefónicamente con las defensas allí presentes, les indicó a las funcionarias que no nos permitieran pasar a entrevistarnos con los presos, esta vez con la excusa de que habían recibido nuestro correo electrónico en el que avisábamos de que iríamos el sábado (en vez del domingo), aunque reconocieron que no nos contestaron a dicho correo».
El letrado acusa ante la policía y el juez al Jefe de Servicios de la cárcel sevillana de «vulnerar el derecho de defensa, al no permitir la comunicación entre presos preventivos y abogados defensores, a pesar de estar autorizados y tener constancia el centro penitenciario». Pide al magistrado que «se deduzca testimonio» y menciona cuatro posibles delitos que el funcionario podría haber cometido, todos ellos castigados con penas de entre dos y seis años de inhabilitación para el empleo o cargo público.
El director de la prisión
El abogado de Julián también menciona al director de la cárcel de Morón en su escrito al juez. Asegura que su compañera y él intentaron «hablar con el director del centro penitenciario, pero «fue completamente inútil»: «Le facilitamos (a las funcionarias) número de móvil por si a lo largo de la mañana o tarde cambiaban de opinión, pero no lo hicieron y nos tuvimos que volver finalmente sin poder entrevistarnos con Juan Julián y con Manuel González», se queja José Duarte.
Por ese motivo, pide al magistrado que anule la diligencia de reconstrucción, prevista para el lunes: «Desde luego, afrontar una diligencia judicial de reconstrucción de los hechos, en la que se requiere máxima colaboración y la conciliación con el ejercicio del derecho de defensa con ese obstáculo, por ahora insalvable, nos obliga por lealtad procesal a anticipar la petición de suspensión de dicha diligencia». Sobre todo, esgrime el abogado, «si antes y con la debida antelación, no se nos permite entrevistarnos en el centro penitenciario con los presos preventivos», para lo que el letrado exige al juez que «oficie un requerimiento judicial al director del centro».
Dispositivo policial «complejo»
El juez de Villafranca de los Barros ya ha contestado a su petición. En una provindencia a la que este canal ha tenido acceso, rechaza suspender la reconstrucción y afea al letrado que dicha diligencia fue «oportunamente acordada el 21 de julio de 2026», por lo que las defensas «han dispuesto de tiempo que se estima prudencial para su preparación».
El magistrado, que no entra a valorar lo ocurrido con la prisión y recuerda que no tiene competencia para investigar los hechos que denuncia el abogado, señala que tampoco procede la suspensión «por la complejidad de organización del dispositivo policial propio de las citadas diligencias».
