Castilla-La Mancha ha dicho ‘no’ al nuevo modelo de financiación autonómica impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez y el debate ya mira al Congreso de los Diputados. El Ejecutivo de Emiliano García-Page ha mantenido este viernes su rechazo frontal a una propuesta que, a su juicio, perjudica a la región y que ha salido adelante en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) pese a la oposición de la mayoría de las comunidades. El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha dejado en manos de los parlamentarios la decisión sobre el sentido de su voto cuando el nuevo modelo llegue al Congreso. Preguntado por la posición que deberían adoptar los representantes del PSOE de Castilla-La Mancha, ha apelado a «la conciencia de cada diputado» y ha pedido que tengan presentes los intereses de la región. Ruiz Molina ha explicado que su papel será hacer «pedagogía» para trasladar a la ciudadanía las consecuencias económicas del nuevo sistema. «Cuando cada uno tenga que depositar el voto en relación con ese proyecto de ley, desde mi punto de vista, que actúe mirando los intereses de las circunscripciones que les han votado», ha reclamado. La Junta exige retirar una reforma que considera perjudicial La posición de la Junta se ha mantenido en el CPFF, donde Castilla-La Mancha ha votado en contra de la propuesta presentada por el ministro de Hacienda, Arcadi España. Ruiz Molina había reclamado al titular de Hacienda que se abstuviera y retirara el modelo antes de someterlo a votación, pero su petición no ha sido atendida. El consejero ha defendido que la oposición de Castilla-La Mancha responde a tres motivos principales. El primero tiene que ver con la forma en la que se ha elaborado, al considerar que se ha negociado «exclusivamente» con un partido político. El segundo se encuentra en el fondo del modelo, basado en el principio de ordinalidad. Y el tercero, en sus efectos sobre Castilla-La Mancha. «Nuestra oposición es frontal», ha resumido Ruiz Molina, que ha cuestionado que una reforma que afecta a todas las comunidades pueda diseñarse a partir de un acuerdo particular. «No puede ser que el modelo de financiación de todas las comunidades autónomas se negocie con una sola comunidad», ha defendido. El modelo ha salido adelante con el respaldo de Cataluña y Canarias, mientras que Castilla-La Mancha y Asturias han votado en contra. Para el Ejecutivo castellanomanchego, el hecho de que solo dos territorios hayan respaldado inicialmente la propuesta evidencia la falta de consenso territorial. Castilla-La Mancha, «la peor financiada en términos relativos» Según Ruiz Molina, la propuesta empeora la posición relativa de Castilla-La Mancha respecto al sistema actual, hasta el punto de convertirla en «la peor financiada en términos relativos». Castilla-La Mancha recibiría 1.248 millones de euros adicionales al año, casi un 14% más que los recursos que obtendría en 2027 con el actual sistema. Pese a este aumento, la Junta sostiene que la comunidad perdería posiciones frente al resto de territorios, hasta quedar…
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