El Gobierno se lanza a poner orden en la avalancha de peticiones para instalar nuevos centros de datos, que desbordan con mucho las previsiones gubernamentales y del sector sobre el despliegue de nuevas instalaciones y que amenazan con colapsar aún más las redes eléctricas para enchufar proyectos tecnológicos, industriales y de vivienda. El Ejecutivo prepara un real decreto para imponer nuevas exigencias más estrictas en consumo de electricidad y de agua y en seguridad digital de los datos que manejan las instalaciones, con el objetivo de hacer una criba masiva y que sigan adelante sólo los mejores proyectos, los más sostenibles y los más seguros.
El Gobierno aprobó una Estrategia de Inteligencia Artificial que estima que los centros de datos operativos en 2030 necesitarán entre 3,5 y 4 gigavatios (GW) de demanda eléctrica en 2030. Y las previsiones que maneja la patronal sectorial Spain DC anticipan que al final de la década estarán operativos al final de la década grandes centros de datos que requerirán entre 2,6 y 3 GW. Sin embargo, en España ya hay proyectos de centros datos con permiso para enchufarse a la red eléctrica por unos 12,5 GW y se calcula que hay solicitudes formuladas o en preparación por cerca de otros 20 GW más.
Los Ministerios para la Transición Ecológica, para la Transformación Digital y el de Economía pretenden gestionar la escasez de capacidad disponible para engancharse a la red eléctrica y aprovechar esa abundancia de proyectos solicitados para intentar que sólo sigan adelante los mejores centros de datos desde el punto de vista ambiental y de la soberanía tecnológica, en línea pera anticipándose a las medidas en que trabaja la Unión Europea en este sentido, según confirman fuentes oficiales del Gobierno.
El Ejecutivo cree que en ese aluvión de peticiones hay proyectos fantasma sin una iniciativa industrial real detrás o se trata de movimientos meramente especulativos, por eso pretende escoger los mejores centros de datos, los que aporten más beneficios con el menor impacto ambiental mediante nuevos requisitos a las instalaciones mayores de 1 megavatio (MW) de potencia eléctrica.
Consumo 80% renovable
El Gobierno pretende que todos los nuevos centros de datos que entren en operación en España estén obligados a cumplir los requisitos de eficiencia más exigentes que prevé la UE en el consumo de electricidad y de agua (una suerte de etiqueta A en la clasificación de eficiencia energética y eficiencia hídrica). Y también exigirá a los centros de datos que el 80% de la electricidad que consuman sea de origen renovable todas y cada una de las horas del día. Además deberá tratarse de nueva energía renovable (no podrán utilizar la electricidad de plantas verdes ya en marcha desde hace tiempo, sino de plantas instaladas en los 18 meses anteriores) y producida en la misma hora en que se consume. El objetivo es evitar que el aumento de demanda energética de los centros de datos acabe provocando un aumento del uso de las centrales de gas españolas para producir electricidad.
En paralelo, el Gobierno pretende blindar la contribución de los centros de datos a la soberanía digital de la economía española y europea. La propuesta de real decreto exige que los operadores de los nuevos centros de datos sólo puedan ser empresas establecidas en la UE; que los datos, metadatos y registros que trate como parte de la operación del centro permanezcan en el territorio comunitario; y que se controlen de forma efectiva los accesos desde terceros países. Además, en el caso concreto de los centros que manejen datos de las administraciones públicas o vinculados a la seguridad nacional tendrán totalmente prohibido que la información sea proporcionada a ninguna entidad de países de fuera de la UE.
La red eléctrica, clave de la criba
Los proyectos de centros de datos que quieran acceder a la red eléctrica deberán acreditar el cumplimiento de estos requisitos para obtener nuevos derechos de acceso y conexión. Y para los que ya los tienen, el incumplimiento de las nuevas exigencias supondrá penalizaciones crecientes en los importes que pagan las compañías en los cargos y peajes en su factura eléctrica y, en última estancia, la pérdida del propio derecho de acceso y la suspensión del suministro de luz.
El Gobierno pretende activar la salida voluntaria de proyectos de centros de datos que ya disponen de derecho de acceso o conexión pero no tienen posibilidad o ninguna intención de cumplir las condiciones de sostenibilidad y de seguridad digital exigidas. Y ésta es una de las claves de la gran criba en la avalancha de solicitudes, a través de un periodo de amnistía. Los proyectos de centros digitales en tramitación tendrán seis meses para adaptarse a los nuevos requisitos y acreditar su cumplimiento (sólo tres meses en caso de estar a la espera de la celebración de un concurso de acceso a la red eléctrica) o pueden renunciar a los derechos de acceso y conexión sin que se ejecuten las garantías económicas presentadas para conseguirlos y les sean devueltas.
El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado la tramitación urgente del nuevo real decreto para acortar plazos, y el Ejecutivo se dispone a lanzar de manera inminente un proceso de audiencia pública para recabar las propuestas del sector tecnológico. De momento, los ministerios implicados tienen previsto presentar este miércoles el borrador de futuro real decreto en una reunión con las patronales de centros de datos Spain DC y de compañías tecnológicas Ametic. España quiere atraer inversiones milmillonarias en centros de datos, instalaciones con miles de servidores informáticos que son clave para impulsar la revolución digital y para atender las necesidades de computación de la nueva era de la inteligencia artificial. Pero el Gobierno asegura que quiere poner coto a una situación que amenazaba con descontrolarse.
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