El afán expansionista de Marruecos sobre el Sáhara Occidental no se oculta. Se exhibe, incluso, en la gran pantalla. El rodaje de la nueva película de Christopher Nolan, La Odisea, entre los paisajes desérticos de un territorio ocupado, volvió a dejar al descubierto una estrategia con la que «Marruecos intenta normalizar una ocupación que el derecho internacional no reconoce», explica Juan Soroeta, profesor titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la UPV/EHU. Pero el cine es solo una pieza más. Marruecos lleva años desarrollando proyectos en un territorio cuya soberanía permanece sin resolver desde hace 51 años: una nueva autopista bautizada con el nombre de Trump, en homenaje a uno de los principales valedores de sus pretensiones; parques eólicos; complejos turísticos y nuevas infraestructuras. Las instalaciones se multiplican sobre el terreno mientras el Tratado de Paz continúa bloqueado desde hace 35 años y –desde el punto de vista jurídico– su estatuto se mantiene intacto desde 1975.
¿Pero, quién impulsa la instalación de empresas e infraestructuras en un territorio que la Organización de las Naciones Unidas mantiene catalogado como «no autónomo»? Fundamentalmente, las inversiones proceden de la propia monarquía de Mohamed VI, aunque también participan compañías europeas de países como Alemania, Francia, Finlandia o Países Bajos. En 2025, Marruecos culminó una red de más de 1.800 kilómetros de autopistas destinada a conectar los principales polos económicos y logísticos del país. A esta infraestructura se suman otros 1.300 kilómetros de vías rápidas, dentro de una estrategia que, según proclama la propia monarquía, «no ha hecho más que empezar».
Uno de los proyectos más destacados y recientes es la denominada autopista Donald J. Trump. Un gesto que simboliza el respaldo de Washington a Rabat cuya última inversión asciende a 880 millones de euros. La vía recorrerá cerca de 1.000 kilómetros a lo largo de varias localidades costeras, entre ellas El Aaiún, situada en la parte del Sáhara Occidental controlada por Marruecos. El profesor de Historia de la Universidad de La Laguna (ULL) y autor del libro EEUU en la guerra del Sáhara, Domingo Garí, apunta a que se trata de una estrategia más de Marruecos para «ganar apoyos y reconocimiento internacional y normalizar, mediante este tipo de gestos, la ocupación del territorio».
La Unión Europea participa económicamente en el Sáhara Occidental mediante acuerdos comerciales y financiación para sectores como el agua, la energía y la lucha contra la desertificación.
Domingo Garí recuerda que el respaldo de Estados Unidos a Marruecos en el conflicto del Sáhara Occidental no comenzó con Donald Trump, sino que se remonta a 1975, cuando España preparaba su retirada de la colonia. Como aclara el historiador, «Washington consideró entonces que Marruecos era un aliado más importante que España para sus intereses estratégicos en el norte de África». Esta posición se ha mantenido desde las administraciones de Richard Nixon y Gerald Ford hasta la actualidad. Aunque, eso sí, Trump «con su personalidad histriónica» habría dado mayor visibilidad mediática a esa alianza mediante el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara y la reciente denominación de la autopista con su nombre.
Pero ese respaldo ha comenzado, además, a traducirse en inversiones concretas sobre el terreno. Hace apenas una semana, la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos, conocida por sus siglas Ustda, acordó aportar 5,7 millones de dólares para financiar los estudios iniciales de una planta de amoniaco proyectada en El Aaiún. Se trata de la primera financiación del Gobierno estadounidense destinada a un proyecto privado en el Sáhara Occidental, según informó la agencia de noticias Reuters.
Estados Unidos ha pasado así del apoyo diplomático a Marruecos a participar directamente en la financiación de una iniciativa empresarial en el territorio. Este posicionamiento político se vio reflejado en uno de los últimos capítulos relevantes de la historia de la antigua colonia española. Fue en 2021 cuando Washington impulsó en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una resolución que planteaba que una autonomía real para el Sáhara Occidental bajo soberanía marroquí «podría constituir una solución viable» al conflicto.
Aunque la resolución salió adelante con 11 votos a favor, tres abstenciones –Rusia, China y Pakistán– y la ausencia de Argelia, que no participó en la votación; el jurista Juan Soroeta recuerda que el Consejo de Seguridad «es un órgano político que puede violar el derecho internacional y, de hecho, no sería la primera vez que lo hace». Con todo, subraya que el texto no reconoció la soberanía de Marruecos sobre el territorio, sino que se limitó a señalar que la autonomía era «la solución más viable».
La autopista Donald J. Trump, de unos 1.000 kilómetros y con paso por ciudades saharauis como El Aaiún, simboliza el respaldo de Estados Unidos al reinado de Mohamed VI.
A las inversiones en carreteras y fábricas se suman proyectos como la instalación de parques eólicos, presentados por Marruecos como iniciativas destinadas a desarrollar el territorio y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Algunas de estas actuaciones cuentan, además, con financiación de la Unión Europea. Un ejemplo es el acuerdo firmado el 1 de octubre de 2025 sobre el régimen arancelario aplicable a los productos procedentes del Sáhara Occidental. El pacto mantiene el acceso preferente al mercado comunitario de las mercancías originarias del territorio que se encuentren bajo control aduanero marroquí, principalmente pescado, tomates y melones.
Además, el texto establece que «la Unión Europea proporcionará a la región, en primer lugar, financiación centrada en sectores clave, como el agua, incluido el riego, la energía, la lucha contra la desertificación y la desalinización, en consonancia con el principio de desarrollo sostenible». Esta cooperación contribuye también al desarrollo de uno de los grandes proyectos impulsados por la monarquía alauí: el Plan Generation Green 2020-2030. La estrategia agrícola prevé habilitar en el Sáhara Occidental unas 5.000 hectáreas de cultivos intensivos en invernadero, dedicados principalmente a la producción de tomates.
Soroeta rechaza este planteamiento. A su juicio, la UE confunde a la población residente con el pueblo saharaui, titular del derecho de autodeterminación y que, según sus estimaciones, representa apenas el 20% de quienes viven en la zona ocupada. Los saharauis, sostiene, no controlan estas actividades económicas, «apenas acceden a los empleos que generan y tampoco han dado su consentimiento para la explotación de sus recursos».
La presencia extranjera también se extiende al sistema financiero, donde operan varios bancos de capital marroquí y francés que incorporan el territorio a sus mapas como una parte más de Marruecos. Al mismo tiempo, la huella industrial es igualmente visible. En el territorio ocupado funcionan tres fábricas de cemento, dos de ellas bajo el control de la compañía alemana HeidelbergCement. En 2017, la suiza Holcim, entonces LafargeHolcim, completó además en El Aaiún una planta de molienda con capacidad para producir 200.000 toneladas al año. A esa red empresarial se suman las oficinas de las estadounidenses Western Union y DHL. Así, Bancos, cementeras y multinacionales van trazando una ocupación que ha pasado de lo militar, a lo humanitario a –en los últimos diez años– lo económico.
Proyección turística
Por otro lado, la expansión económica de Marruecos se apoya desde hace años en el turismo como uno de sus principales motores de crecimiento. Los datos confirman ese impulso. El país vecino cerró 2025 con un récord histórico de 19,8 millones de visitantes, alrededor de un 14% más que el año anterior y muy cerca, por primera vez, de la barrera de los 20 millones. Ese flujo dejó unos ingresos de 124.000 millones de dirhams, equivalentes a cerca de 11.553 millones de euros. Pero la estrategia marroquí va cada vez más lejos. Rabat ha comenzado a promocionar el Sáhara Occidental como una joya turística aun desconocida del país norteafricano. Plataformas como Airbnb, Booking.com y Tripadvisor contribuyen a ese relato al ubicar distintos enclaves saharauis como si formaran parte del Reino de Marruecos.
Marruecos promociona Dajla como destino turístico propio y las conexiones aéreas refuerzan esa normalización, pese a la falta de determinación del territorio.
La realidad es que alrededor del 80% del territorio se encuentra ocupado y administrado por Rabat, que hace referencia al Sáhara como sus «provincias del sur». Bajo esa premisa, Marruecos exhibe sus playas, desiertos y paisajes como atractivos propios y proyecta hacia el exterior una normalidad turística que refuerza su pretensión de soberanía.
Una vez más, los datos reflejan el avance de esta estrategia. El número de visitantes al Sáhara Occidental controlado por Marruecos creció más de un 50% en siete años. Según las cifras del Ministerio de Turismo marroquí, el territorio pasó de recibir a 490.297 turistas en 2019 a 743.133 en 2025. Aunque buena parte de la actividad turística permanece en manos de pequeños operadores, el crecimiento más visible se concentra en Dajla, convertida en uno de los principales destinos internacionales para la práctica del kitesurf. Mochileros, surfistas y aficionados a este deporte llegan desde distintos puntos del mundo atraídos por sus condiciones naturales y alimentan una industria que se encuentra en plena expansión.
Esta normalización del Sáhara Occidental como destino turístico también se ha reflejado en la llegada de empresas dispuestas a desarrollar su actividad en un territorio cuyo estatuto continúa sin resolverse. Un ejemplo se produjo en octubre de 2017, cuando Transavia, compañía holandesa de bajo coste perteneciente al grupo Air France-KLM, inauguró una conexión directa entre París y Dajla. La ruta fue retirada de su programación al concluir un periodo inicial de prueba de seis meses, pero volvió a operar el 30 de octubre de 2018 tras la firma de un acuerdo entre la Oficina Nacional de Turismo de Marruecos (ONMT) y la aerolínea, que reforzó así su presencia en el país norteafricano.
Aunque la compañía justificó la retirada –al primer semestre de actividad– de la conexión en la «baja rentabilidad». Lo cierto es que el Frente del Polisario pidió la prohibición de este puente aéreo, ya que viola la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitida el 21 de diciembre de 2016. El fallo establecía que los acuerdos de asociación y liberalización celebrados entre la Unión Europea y Marruecos no podían aplicarse al Sáhara Occidental, al tratarse de un territorio distinto y separado de Marruecos y no contar con el consentimiento del pueblo saharaui.
No obstante, a estas conexiones se han sumado posteriormente otras compañías, como Ryanair, con su ruta entre Madrid y Dajla, o Binter, que enlaza Canarias con El Aaiún y Dajla. Pues bien, el espacio aéreo se gestiona desde las Canarias aunque está controlado de facto por Marruecos. Una situación rechazada por el Frente Polisario, que se opone a que Rabat administre el cielo del Sáhara Occidental y autorice operaciones comerciales sobre un territorio pendiente de una solución política definitiva.
Soroeta advierte de que esta promoción contribuye a «normalizar» la ocupación pues «todo lo que se hace en el territorio sin el consentimiento del pueblo saharaui es una violación», insiste. Así, no es extraño encontrar páginas especializadas que anuncian el destino directamente como «Dajla, Marruecos», borrando de la oferta turística cualquier referencia al Sáhara Occidental y presentando la ciudad como una extensión más del territorio marroquí.
Migración como herramienta
Más allá de la ocupación económica, otra de las principales herramientas de presión de Marruecos es la cuestión migratoria. El último episodio fue el del pasado jueves 30 de julio, cuando se desató el caos en Ceuta con la entrada –según datos del Gobierno– de más de 72.000 personas a nado a través del espigón que separa ambos territorios. A ello se suma que, al menos, 141 personas perdieron la vida en el mar.
La falta de recursos para atender a un volumen tan elevado de personas, junto con la inevitable ausencia de oportunidades reales para quienes habían abandonado sus hogares en busca de mejores condiciones de vida, derivó en que, al menos, 70.000 ciudadanos marroquíes regresaran a pie a su país.
Por su parte, las autoridades marroquíes sostienen que las llegadas fueron alentadas por la desinformación en redes sociales, las redes de trata y una interpretación errónea de una sentencia española que impedía determinadas devoluciones inmediatas de migrantes interceptados en el mar. Eso sí, aunque la difusión viral ayuda a explicar la movilización no aclara cómo pudieron decenas de miles de personas aproximarse a una de las fronteras más vigiladas de Marruecos sin ser detenidas. Los servicios españoles de inteligencia señalan que el país vecino no organizó la salida, pero sí permitió que se produjera.
Lejos de articular una respuesta coordinada varios países de la Unión Europea se han centrado en el cierre y control de sus propias fronteras. En apenas 48 horas, Francia reforzó la presencia policial en los pasos fronterizos de los Pirineos, mientras que Italia impuso controles durante 30 días a las llegadas procedentes de España. También la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, llegó incluso a solicitar la suspensión del espacio Schengen con España.
Este hecho –similar al ocurrido en 2021, cuando entraron 8.000 personas a la ciudad autónoma– no responde a un proceso migratorio normal, sino a un hecho «instrumentalizado con fines políticos y una estrategia de presión sobre España», interpreta Domingo Garí. El historiador emplea el término de «guerra híbrida» para referirse a una forma de actuación que combina distintos mecanismos –en esta ocasión la migración– como herramienta de desestabilización política. En este caso «el objetivo es el gobierno de Pedro Sánchez», señala, «vinculado a su posición internacional, especialmente en temas como Palestina o su relación con los Estados Unidos de Trump».
En este contexto, la migración deja de presentarse como un fenómeno espontáneo o estrictamente humanitario para situarse en el terreno de la disputa política. En este mismo sentido, el jurista Juan Soroeta hace una lectura de la política migratoria de Marruecos como parte de una estrategia deliberada de presión sobre España. A su juicio, Rabat convierte la gestión de sus fronteras en un instrumento de negociación: «El grifo de la inmigración lo abre y lo cierra cuando le da la gana», sostiene.
Desde esta perspectiva, apunta, uno de los controles de ese «grifo» migratorio depende de los intereses de Marruecos en el Sáhara. Es decir, abrir o cerrar más la frontera no sería solo una cuestión de gestión, sino una forma de presionar a su país vecino y ganar apoyos internacionales sobre su postura en esta disputa.
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