- Críticas del PP sobre la seguridad en Ceuta
- Datos sobre agresiones sexuales en Ceuta
- Diferencias en las cifras según las instituciones
- Impacto en la Administración de Justicia
- Estrategia política del PP
Críticas del PP sobre la seguridad en Ceuta
Cuca Gamarra calificó este lunes de “absoluta vergüenza” que el Ejecutivo insista en que existe seguridad en la ciudad autónoma “con los datos que tienen de ataques sexuales a mujeres y niñas”. La secretaria general del PP reprochó al Gobierno que los españoles hayan podido conocer parte de esta información únicamente a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Explican a Confidencial fuentes de Génova que el partido quiere convertir esta cuestión en uno de los elementos de su respuesta política a la crisis de Ceuta. En el PP consideran que la protección de las mujeres frente a las agresiones sexuales es una preocupación especialmente relevante para un sector del electorado femenino moderado y creen que el Gobierno está teniendo un discurso contradictorio al respecto.
La formación de Alberto Núñez Feijóo cuestiona que el Ejecutivo reivindique sus políticas feministas mientras, a su juicio, evita poner el foco sobre las agresiones sexuales conocidas en Ceuta. Las mismas fuentes sostienen que el Gobierno “solo reivindica el feminismo cuando le interesa” y consideran que esta actitud evidencia una doble vara de medir.
Datos sobre agresiones sexuales en Ceuta
Los datos disponibles sobre las agresiones sexuales difieren en función de la institución o colectivo que los ofrece y también de si se contabilizan denuncias formalizadas judicialmente o personas atendidas por los servicios sanitarios y de atención a víctimas.
La Fiscalía del área de Ceuta señala que, desde la entrada irregular que desencadenó la crisis y hasta el 17 de agosto, se han formalizado judicialmente 13 denuncias por agresiones sexuales. Se trata de procedimientos que han llegado al ámbito judicial y que, por tanto, no coinciden necesariamente con el número de personas atendidas por los servicios asistenciales.
Según los datos trasladados por la Fiscalía, la mayoría de los presuntos autores de esas agresiones serían extranjeros no residentes legalmente en España. La excepción serían dos nacionales. En cuanto a las víctimas, tres eran menores de edad y el resto mayores.
La Fiscalía señala asimismo que casi todas las víctimas eran extranjeras no residentes legalmente en Ceuta. Estos datos son los que utiliza el PP para reclamar al Gobierno que explique públicamente la situación y para cuestionar su mensaje de normalidad y seguridad en la ciudad autónoma.
A las cifras de la Fiscalía se suma la del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que ha hablado de 15 “violaciones” en Ceuta desde el comienzo de la crisis migratoria.
Diferencias en las cifras según las instituciones
Existen datos procedentes del Ministerio de Sanidad. Mónica García afirmó en la rueda de prensa que ofreció el 16 de agosto desde Ceuta que el centro de crisis de la ciudad autónoma había atendido cinco presuntos casos de agresiones sexuales. La ministra atribuyó entonces esta cifra a la consejera de Sanidad de Ceuta.
Al día siguiente, García volvió a referirse a esos cinco casos durante una entrevista en La Hora de La 1. Una de las colaboradoras del programa le preguntó por qué esa cifra no coincidía con las 15 violaciones comunicadas por el sindicato policial.
“Yo digo lo que ayer me dijo la consejera de Salud de Ceuta. Me fío de las informaciones que me dan directamente. Habrá que cotejarlas, por supuesto”, respondió la ministra. García planteó entonces que la diferencia podía deberse a que algunas mujeres no hubieran acudido al hospital o a los puntos de atención o de crisis destinados a la violencia machista.
La disparidad entre las cifras es precisamente uno de los argumentos que el PP está utilizando para reclamar explicaciones al Ejecutivo. En Génova consideran que, más allá de las diferencias sobre la contabilización de los casos, existe una cuestión política de fondo: la necesidad de garantizar la seguridad de las mujeres en una ciudad que ha afrontado una entrada irregular de magnitud excepcional.
Impacto en la Administración de Justicia
La situación también ha tenido consecuencias en los órganos judiciales de Ceuta. Un informe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advierte de que la entrada irregular de los días 30 y 31 de julio ha desbordado la capacidad de la Administración de Justicia de la ciudad autónoma.
El dosier del CGPJ subraya la necesidad de reforzar los juzgados ceutíes y presta especial atención a la sección de Violencia sobre la Mujer. El órgano judicial señala un incremento de la carga de trabajo “en asuntos relativos a presuntas agresiones sexuales”, que vincula a la entrada de unas 79.000 personas en la ciudad autónoma.
El propio CGPJ advierte de que la situación puede empeorar ante el próximo cese del juez en expectativa de destino que actualmente presta servicios de refuerzo. La advertencia del órgano de gobierno de los jueces supone, para los populares, un elemento adicional para reclamar al Gobierno que adopte medidas ante las consecuencias de la crisis.
Estrategia política del PP
En Génova sostienen que estos datos obligan al Gobierno a dejar de minimizar los problemas de seguridad y a explicar qué medidas está adoptando para proteger a las mujeres. El PP pretende así mantener el asunto en la agenda política y confrontar el discurso del Ejecutivo sobre la seguridad en Ceuta con las cifras trasladadas por la Fiscalía, la Policía, Sanidad y el CGPJ.
La estrategia de los populares pasa por insistir en la protección de mujeres y menores y evitar que el debate quede reducido exclusivamente a las cifras globales de la entrada irregular.
