- El aval del TJUE y sus implicaciones
- Agenda judicial en el Tribunal Constitucional
- Denuncia ante la Comisión Europea
- Repercusiones del fallo del TJUE en otros procedimientos
- Situación judicial actual de Puigdemont en España
- Indulto parcial a Laura Borràs y consideraciones judiciales
El aval del TJUE y sus implicaciones
En la dirección de Junts sostienen que el reciente aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía supone un respaldo jurídico importante, pero no implica que el regreso del expresidente vaya a producirse de forma inmediata.
Consideran que todavía quedan varias fases judiciales por superar, antes de que desaparezcan definitivamente los obstáculos que mantienen vigente la orden de detención nacional contra Puigdemont.
Agenda judicial en el Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional comenzará a abordar esa situación a partir de septiembre. El pleno presidido por Cándido Conde-Pumpido deliberará el próximo 22 de septiembre sobre el recurso de amparo presentado por el exconseller Jordi Turull, el primero de los siete recursos formulados por los dirigentes independentistas a los que el Tribunal Supremo denegó la aplicación de la ley de amnistía por entender que el delito de malversación no queda amparado por la norma.
En los sucesivos plenos, el Constitucional irá resolviendo el resto de recursos, entre ellos el de Carles Puigdemont.
En Junts creen que ese calendario se prolongará durante meses y asumen que el procedimiento será lento. Según explican, incluso una resolución favorable del tribunal no supondría automáticamente el cierre definitivo de todas las actuaciones judiciales pendientes.
Denuncia ante la Comisión Europea
Mientras espera esa resolución, Puigdemont ha optado por mantener la presión sobre las instituciones europeas. El expresidente de la Generalitat, junto a los exconsejeros Antoni Comín y Lluís Puig, ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea por considerar que España está incumpliendo el derecho de la Unión al no aplicarles la ley de amnistía.
Repercusiones del fallo del TJUE en otros procedimientos
El escrito, adelantado por VilaWeb, llega después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avalara la ley de amnistía aprobada tras el acuerdo entre el Gobierno, el PSOE, ERC y Junts que permitió la investidura de Pedro Sánchez. El alto tribunal europeo concluyó que la norma es compatible con el derecho comunitario porque persigue reducir la tensión institucional y favorecer un escenario de reconciliación política.
El TJUE consideró que la ley no vulnera la normativa europea en materia de terrorismo ni perjudica los intereses financieros de la Unión Europea.
Esa resolución ha tenido ya consecuencias en distintos procedimientos abiertos relacionados con el procés. El Tribunal de Cuentas dio traslado a las partes para presentar alegaciones en el procedimiento sobre el presunto desvío de fondos para el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la acción exterior de la Generalitat, aunque la Fiscalía calificó esa decisión de «improcedente e innecesaria«, al entender que la justicia europea ya había descartado la utilización de fondos comunitarios.
Situación judicial actual de Puigdemont en España
La situación judicial de Puigdemont continúa abierta en España. El Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona ha acordado procesar a los tres agentes de los Mossos d’Esquadra que presuntamente facilitaron su fuga el 8 de agosto de 2024, cuando el expresidente reapareció en Barcelona con motivo de la investidura de Salvador Illa y consiguió abandonar la ciudad antes de ser detenido.
Indulto parcial a Laura Borràs y consideraciones judiciales
El Gobierno aprobó en el último Consejo de Ministros, antes del parón estival, un indulto parcial para la expresidenta del Parlament Laura Borràs, evitando así su ingreso en prisión. La dirigente de Junts había sido condenada por delitos de prevaricación y falsedad documental por adjudicar contratos de forma irregular cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes.
El Tribunal Supremo rechazó en su momento aplicar la ley de amnistía, por considerar que los delitos por los que fue condenada eran casos de corrupción ajenos al procés. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya había propuesto un indulto parcial al entender que la pena de cuatro años y medio de prisión resultaba desproporcionada para los hechos enjuiciados.
