La crisis de la avalancha migratoria sobre Ceuta no ha escrito todavía su última página, aun cuando la situación sobre el terreno se haya relajado notablemente con respecto a la emergencia vivida este pasado fin de semana. El foco se sitúa ahora en la minoría de las decenas de miles de personas que cruzaron el paso fronterizo por El Tarajal, desde Castillejos, y que no han retornado a Marruecos. Es decir, en las que han logrado quedarse en territorio español y, por tanto, de la Unión Europea (UE). Entre ellos casi un millar de menores que, como establece la ley de Extranjería reformada hace justo año y medio, a consecuencia precisamente de una crisis migratoria en Canarias, deberán ser reubicados entre las distintas comunidades autónomas mediante un sistema de cuotas.
En 2024 la oposición frontal de Vox a recibir en las comunidades donde entonces formaban parte de gobiernos presididos por el PP (Extremadura, Aragón, Castilla y León, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia) a esos menores inmigrantes -‘menas’, en el lenguaje de la extrema derecha- provocó que Santiago Abascal rompiese unilateralmente todos esos gobiernos, no con pocas resistencias internas en su formación, especialmente entre quienes ostentaban una consejería en esos ejecutivos regionales. Precisamente este año, tras las elecciones celebradas en las tres primeras comunidades citadas, más la de Andalucía, se han reeditado esos acuerdos de coalición PP-Vox, por lo que la pregunta de qué ocurrirá ante el reparto que se avecina -obligado por ley y no fruto de una decisión política arbitraria- vuelve a estar sobre la mesa.
En público, el número dos del PP, Miguel Tellado (que cuando se produjo la crisis del 2024 era simplemente el portavoz parlamentario del partido, ocupando la secretaría general entonces en Génova Cuca Gamarra) se mostró esquivo este martes a preguntas de los medios de comunicación, durante una comparecencia en Vitoria, sobre este particular. «Esto no tiene nada que ver con situaciones anteriores», señaló, e incluso se refirió a una «situación distinta y diferente», bajo el argumento de que lo ocurrido en Ceuta no sería una crisis migratoria sino, aseveró el número dos de Alberto Núñez Feijóo, «de seguridad nacional». Por su parte, la vicesecretaria general y eurodiputada Alma Ezcurra, uno de los principales cerebros del giro del PP en materia migratoria acometido el año pasado para endurecer la posición del primer partido de la oposición, manifestó en una entrevista en La Sexta que su formación cumpliría la ley, pero añadió: «Lo que no van a hacer las comunidades del Partido Popular es aceptar, ellos, las consecuencias de la irresponsabilidad de un Gobierno que, insisto, ha llevado a miles de personas, entre ellos muchos niños, a jugarse la vida en el mar».
En privado, fuentes de la cúpula de Vox no ven inquietante para sus intereses ni para el futuro de su concurso en las coaliciones de gobierno la situación, pese a su conocida posición contraria a cualquier acogimiento de menores inmigrantes. Consideran, y en eso coinciden con lo manifestado por Tellado, que la situación es «distinta», entre otras cosas porque los populares «votaron a favor» en aquella ocasión. Una referencia a lo que ocurrió ese 2024, en el mes de julio, en la conferencia sectorial de Infancia, celebrada en Tenerife, cuando los consejeros autonómicos del PP avalaron con su voto la cuota fijada por el Gobierno central.
El antagonismo de Vivas y Abascal
Aquella situación se produjo cuando los menores a reubicar se encontraban en una comunidad, Canarias, donde el PP forma parte del gobierno, en este caso como socio minoritario del nacionalista Fernando Clavijo, de Coalición Canaria. Ahora, el territorio que pide ayuda tiene, directamente, un presidente popular, el veterano Juan Jesús Vivas, en el cargo desde hace veinticinco años, y muy enfrentado a Vox en las últimas legislaturas.
En 2021, de hecho, y a cuenta de la anterior crisis por la llegada masiva de inmigrantes, la Asamblea ceutí declaró persona non grata a Abascal por haber manifestado que había representantes de la ciudad autónoma que trabajaban para Marruecos. La declaración salió adelante con la decisiva abstención de los nueve representantes del PP, después de que Vivas tildase de «extraordinariamente graves» las palabras del líder de la extrema derecha.
Pese a todo, las citadas fuentes dejan claro que el de los menores inmigrantes (como en general toda la política migratoria) es un asunto central de su posición política, y que por ello no cederán ni un ápice en ese terreno. «En cualquier caso, agotaremos todas las vías para evitarlo», afirman taxativamente sobre ese eventual reparto de menores, del que con la ley en la mano no podrían inhibirse Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía.
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