A última hora de la noche de este jueves, el Gobierno de Ceuta era incapaz de dar una estimación de la magnitud del asalto. Cálculos de la Guardia Civil que daba por buenos el entorno del presidente, Juan Jesús Vivas, cifraban en «unos 20.000» los migrantes irregulares.
«Pero pueden ser muchos más», explicaba un colaborador cercano a Vivas, «empezaron a nado pero luego saltaban en masa por el espigón y han llegado a entrar en estampida por la misma frontera terrestre«.
Si el miércoles, desde el Gobierno ceutí se hablaba de «una sensación de vulnerabilidad, indefensión e invasión«, 24 horas más tarde la sensación se había tornado en realidad, ante la pasividad «si no el aliento» de las autoridades marroquíes.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, llegó a aventurar que «podrían superar los 40.000», en una carta publicada en sus redes. Y eso es más de la mitad de la población censada en la ciudad autónoma española fronteriza con Marruecos.
Aun así, el Gobierno de Pedro Sánchez se negaba a activar el artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional.
Cuando Vivas, en conversación con EL ESPAÑOL, hablaba el miércoles de declarar «la Emergencia nacional» no superaban los 1.800 los llegados. Entonces, a lo que se refería era a eso: a que Pedro Sánchez, a quien se lo encarga la ley, decretara la «situación de Interés para la Seguridad Nacional».
Esa figura establecería el reclamado «mando único» sobre la emergencia migratoria y permitiría decisiones más rápidas y coordinadas en materia de seguridad, acogida y financiación.
Y eso mismo le reclamó, por teléfono, en la llamada que ambos mantuvieron el jueves a mediodía: «Medidas excepcionales» como las de mayo de 2021 para frenar la avalancha migratoria que desborda la ciudad.
Mapa que muestra el pico de entradas de los inmigrantes a Ceuta.
Pocas horas después, Interior anunció el despliegue del Ejército, aunque sólo dio datos de otros cuerpos y fuerza de seguridad (Policía y Guardia Civil) y de agencias gubernamentales (Salvamento Marítimo).
Y horas más después, con todo desbordado, Moncloa confirmaba lo que Vivas había demandado, que el presidente del Gobierno viajará a la ciudad autónoma este viernes.
Porque todo eso se lo había implorado el líder ceutí, tras aprobar una declaración por unanimidad con la Junta de Portavoces de la Asamblea de la ciudad: que las tropas viajaran y se movilizaran por la ciudad, en la frontera terrestre y en las playas.
Vivas lee Acuerdo unánime Asamblea de Ceuta por el asalto migratorio 2026
Y que sellaran temporalmente el paso con Marruecos para obligar a Rabat a colaborar.
Pero España se ha quedado sola. O su Gobierno, más bien. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, anunció que está planteándose suspender el libre tránsito del tratado de Schengen con España.
Y poco después, la Casa Blanca confirmaba que es Mohamed VI el aliado de Donald Trump en el Mediterráneo occidental, salvando a Marruecos de sus críticas y culpando del asalto a las «políticas globalistas de extrema izquierda» de Sánchez.
Entretanto, desde Bruselas, fuentes del Consejo y de la Comisión destacaban «la necesidad urgente de reforzar las fronteras exteriores de la UE, de evaluar el ‘efecto llamada’ de las regularizaciones masivas unilaterales y la instrumentalización de los migrantes».
Una vez más, como en la crisis de Canarias en 2023 y 2024, el comisario de Migraciones, Magnus Brunner, ofreció al Gobierno de España el despliegue de Frontex, pero como entonces, Moncloa no lo ve pertinente, de momento.
Doblegar a Rabat
Según Vivas, que el propio Sánchez viaje a Ceuta, junto al ministro del Interior, Fernando Grande‑Marlaska, este viernes, puede ser la única manera de intentar doblegar a Rabat para que corte el asalto masivo.
Ya ocurrió en mayo de 2021, cuando más de 10.000 personas ‘invadieron’ la ciudad en 48 horas, y nada se empezó a calmar hasta que un presidente español pisó ese suelo español en el norte de África, junto a un despliegue visible de tanques y legionarios.
Pero es que lo de 2026 es «un salto cualitativo» para Vivas, con decenas de miles de migrantes irregulares en una «avalancha brutal» eclosionada este jueves y desbordando a la Guardia Civil»por todas las vías posibles».
En su petición a Moncloa, el presidente de la ciudad autónoma insistió en que el Estado actúe como garante último, activando la situación de Interés para la Seguridad Nacional con todos sus medios, para transmitir a la población serenidad y calma.
El despliegue, en todo caso, ya parece quedarse corto de inicio.
Interior anunció la movilización de unidades de las Fuerzas Armadas que reforzarán a la Guardia Civil «en el ejercicio de sus competencias y aquéllas que puedan resultar necesarias para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta».
Pero no aclaró en qué contingente se traduce el «acuerdo» con el Ministerio de Defensa. Los militares estarán coordinados por el Mando de Operaciones y se integrarán como apoyo en el dispositivo fronterizo.
La Guardia Civil sí duplicará su presencia. A los 60 agentes de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) que vigilan permanentemente la frontera se ha sumado ya un pelotón adicional de 20 efectivos y en las próximas horas se incorporarán dos pelotones más, con otros 40 guardias.
La unidad de Seguridad Ciudadana se refuerza con 30 agentes más procedentes de distintas unidades de Andalucía.
El componente marítimo también se refuerza. A las dos embarcaciones medias y cuatro zodiacs del Servicio Marítimo en Ceuta se unirá el buque ‘Duque de Ahumada’, que llegará en la madrugada del 31 de julio.
Se incorporarán cinco patrones de embarcación, tres mecánicos‑marineros y pilotos de drones, y el Servicio Aéreo sumará un helicóptero dedicado a la vigilancia de la costa, junto a dos grupos de buceadores del GEAS de Andalucía.
La Policía Nacional envía un equipo de Extranjería compuesto por seis personas para apoyar las labores de reseña y documentación de los migrantes.
En seguridad ciudadana, la Unidad de Intervención Policial (UIP) y la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Ceuta doblarán turnos mediante jornadas extraordinarias, y se incorporan tres equipos de UIP desde Sevilla, a los que se añadirán la UIP Central y la de Málaga hasta completar unos 200 agentes desplegados específicamente en la ciudad.
Acuerdos unánimes
Con todo, Vivas se rodeaba de la unanimidad de la Asamblea de la ciudad para abandonar su perenne tono institucional.
Tras conocer la movilización de fuerzas, la Junta de Portavoces censuró también por unanimidad la actitud pasiva del Gobierno de Sánchez y le urge a que «actúe con la urgencia, contundencia y dimensión que exige una crisis de esta magnitud».
«La respuesta ofrecida hasta el momento resulta claramente insuficiente, por lo que se hace necesario un compromiso más firme y una actuación inmediata que hasta ahora no hemos visto», denunciaban de populares a socialistas, pasando por los representantes de Vox y de las formaciones locales.
Convocados con carácter «extraordinario y urgente» a raíz del «salto cualitativo» del jueves, los portavoces denunciaron que este asalto masivo ha provocado una «presión sin precedentes».
Y que la contingencia migratoria pone «en jaque» la integridad territorial y soberanía de la ciudad autónoma e, incluso, plantea un «desafío de enorme magnitud para la propia estabilidad de Ceuta».
Y es que, por la mañana, la posición de Interior había sido reticente a calibrar la «verdadera dimensión» de la crisis, en palabras del propio Vivas.
Antes del telefonazo entre presidentes, el ministro prometía viajar este viernes a Ceuta, pero avisaba de que «no es posible aplicar la Emergencia nacional para crisis migratorias”, confundiendo la demanda con las Emergencias de Protección Civil.
Además, Marlaska sostenía que «con los medios actuales es suficiente para contener» la situación. Pero poco después, tras la conversación telefónica de Sánchez con Vivas, el propio Gobierno se veía obligado a reforzarlos.
Peor que en 2021
La magnitud de la crisis ha crecido hasta cifras que superan con creces las de 2021, cuando las autoridades del régimen de Mohamed VI alentaron a más de 10.000 personas a cruzar a España, en represalia por la acogida en un hospital de Zaragoza de Brahin Ghali, líder saharaui y jefe del Frente Polisario.
Fuentes de Interior informaban a media tarde de que Marlaska había acordado con su homólogo, Abdelouafi Laftit, la «revisión e implementación de medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que han entrado ilegalmente en Ceuta».
Esas mismas fuentes no cerraban la puerta a que entre esas medidas estuviese, a medio plazo, la reforma de la Ley de Extranjería exigida por Ceuta para «recuperar el rechazo en frontera» inmediato de estas decenas de miles de migrantes, tras la sentencia del Supremo que sirvió de excusa para este asalto.
«Guerra híbrida»
Sindicatos policiales como Jupol y SUP denuncian que Marruecos «no está haciendo absolutamente nada» para impedir las entradas y que la Guardia Real incumple la legislación marítima al no auxiliar a quienes lo requieren.
Hablan de una «presión de guerra híbrida», una estrategia en la que Rabat usa el flujo migratorio como instrumento para presionar a España.
Fuentes diplomáticas consultadas por EL ESPAÑOL apuntan en la misma dirección.
«Viendo la magnitud de lo que está ocurriendo, en su inicio creo que todo comenzó con la sentencia del Supremo, pero las autoridades marroquíes no están atajando este flujo extraordinario, que ya no sólo es de jóvenes que se lanzan al mar nadando», explican.
Para explicar esta «dejación de funciones», las fuentes admiten que sólo cabe la especulación.
«Quizá la visita a Argelia de Pedro Sánchez sea una. Quizá sea una manera de meter presión para conseguir ser sede de la final del Mundial de 2030. Quizá haya alguna otra razón que se nos escapa. Lo que es seguro es que tenemos otra crisis bilateral migratoria muy seria«, resumen.
Otro cargo diplomático advierte, inquietante: «Sólo puedo constatar que Marruecos puede hacernos lo que quiera cuando quiera. Por tiempo a determinar».
Por su parte, en el Partido Popular, las fuentes consultadas vinculan también la oleada a una mezcla de oportunidad jurídica y motivos políticos.
«La sentencia del Supremo prohibiendo la devolución en frontera a los que llegan por mar es la oportunidad, pero el motivo es político«, señalan.
«Pueden ser varias las razones: Marruecos molesto con Pedro Sánchez por su viaje a Argelia y las nacionalizaciones de saharauis que se proyectan; o que prefieren la presión a las ciudades españolas que reclaman como suyas antes que una represión masiva que provocaría una oleada de protestas«.
