Los datos de la Encuesta de Población Activa, publicados esta semana, reflejan una nueva mejora en las cifras de empleo. La tasa de paro en España ha caído hasta el 9,87 %, un mínimo que no conocíamos desde 2008. Además, el número de ocupados ha ascendido a 22.779.000 personas, lo que supone un récord histórico.
Estos datos, sin duda positivos, han servido para alimentar la euforia del Gobierno, una reacción que, sin embargo, conviene matizar. España sigue registrando una tasa de desempleo muy superior a la media de la Unión Europea. Aunque en los últimos años se haya producido una mejora, todavía queda un largo camino por recorrer hasta alcanzar niveles plenamente satisfactorios.
Además, la EPA muestra que España ha perdido cerca de 100.000 autónomos, una evolución que podría entrañar un cambio preocupante en la estructura de nuestro tejido productivo. Aunque los datos sean positivos, la calidad del empleo sigue siendo muy sensible al factor territorial. Además, por más que mejoren las cifras de ocupación, son muchas las familias que continúan expuestas a una situación de vulnerabilidad, especialmente por el problema del acceso a la vivienda.
Que aumente el número de personas empleadas es una excelente noticia. Sin embargo, la calidad del empleo, muchas veces precario y a tiempo parcial, la estrechez de los salarios y la reducción de las desigualdades territoriales deberían frenar cualquier conato de triunfalismo y convertirse en prioridades si aspiramos a construir un mercado laboral verdaderamente justo.
