La Asociación de Directores y Directoras de Infantil y Primaria de Mallorca (ADIPMA) ha lanzado un ultimátum a la Conselleria de Educación y Universidades para exigir la revisión «inmediata» del Decreto 17/2026, de 19 de junio, regulador de los servicios complementarios de comedor escolar. El colectivo denuncia que la nueva normativa asfixia a los equipos directivos y los convierte en meros gestores de incidencias operativas para salvar las deficiencias de las contratas privadas que se lucran con el servicio.
Desde la asociación alertan de que estos cambios legislativos no son simples ajustes técnicos, sino «barreras operativas que bloquean la auténtica misión de la enseñanza pública». Para los docentes, resulta inadmisible que las tareas de gestión de un beneficio económico privado tengan que recaer «sobre la espalda y el tiempo de la función directiva».
Un «parche» para las empresas privadas
Uno de los puntos que genera mayor indignación es la obligación de que un miembro del equipo directivo esté físicamente presente durante todo el servicio de comedor, una medida que consideran «una extensión injustificada de su jornada laboral que vulnera directamente la conciliación personal y familiar». ADIPMA critica que los directores tengan que actuar como el «parche» de emergencia ante cualquier falta de personal de las empresas concesionarias.
La normativa estipula que la dirección debe asumir las funciones del encargado de comedor en caso de ausencia de este. «No podemos ser los gestores de las faltas de cobertura de las concesionarias», lamentan desde la asociación, recordando que estas empresas ya obtienen un beneficio económico derivado de la gestión de los comedores y que el centro «no puede convertirse en su soporte operativo gratuito».
Voluntariado docente
El decreto -dicen- también introduce «una trampa organizativa» en lo referente a la participación del profesorado. Explican que aunque la norma se fundamenta teóricamente en la colaboración voluntaria de los docentes, en la práctica obliga a los directores a garantizar el correcto funcionamiento del comedor si este voluntariado no existe. «Esto aboca a las direcciones de los centros a una situación de obligatoriedad constante, lo que genera una enorme incertidumbre organizativa en el día a día de los centros».
Por todo ello, ADIPMA defiende que la función directiva debe ejercer «únicamente como el motor del liderazgo pedagógico y la coordinación de los claustros». Por ello, considera que el nuevo marco regulador «supone un cambio de paradigma muy perjudicial que prioriza la gestión burocrática y operativa de servicios externos por encima de la calidad de la enseñanza».
Líneas rojas ante la Conselleria
El colectivo asegura que ya ha trasladado formalmente su absoluto desacuerdo tanto al Conseller de Educación, Antoni Vera, como al Secretario Autonómico de Desarrollo Educativo, Mateu Suñer. Entre sus principales demandas destacan la necesidad de blindar el carácter pedagógico de la dirección como una «línea roja inegociable» y la exigencia de que sean la Administración o las propias empresas adjudicatarias quienes cubran las incidencias de personal, nunca el profesorado.
ADIPMA concluye su comunicado advirtiendo que, si no se protege el liderazgo de los equipos docentes frente a esta sobrecarga de competencias ajenas, «resultará imposible garantizar una educación pública de calidad y se pondrá en riesgo directo el futuro del alumnado en las escuelas de la isla».
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