Pedro Sánchez tratará de escenificar en Argel el final de la crisis diplomática con Argelia, abierta tras la carta al rey de Marruecos, Mohamed VI, en la que respaldaba su plan de autonomía para el Sáhara Occidental, territorio pendiente de descolonización. El presidente del Gobierno viajará el próximo lunes día 20 en viaje oficial a la República Argelina Democrática y Popular, informa Moncloa. La última vez que Sánchez visito Argelia fue en 2020, donde fue recibido con honores militares.
El conflicto con Argelia arrancó en marzo de 2022, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez abandonó la tradicional posición de equilibrio de España sobre el Sáhara Occidental y respaldó la propuesta marroquí de autonomía como la base «más seria, realista y creíble» para resolver la disputa. Argelia, principal apoyo regional del Frente Polisario, representante legítimo del pueblo saharaui, y rival estratégico de Marruecos, consideró el giro español una traición y llamó a consultas a su embajador en Madrid el 19 de marzo.
La crisis se agravó el 8 de junio de 2022, cuando Argel suspendió el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación firmado veinte años antes y bloqueó en la práctica gran parte del comercio bilateral mediante restricciones bancarias. Las exportaciones españolas se desplomaron, aunque Argelia mantuvo el suministro de gas. El deshielo fue lento: en noviembre de 2023 volvió a nombrar embajador en Madrid, durante 2024 fue levantando progresivamente las trabas comerciales y en 2025 se reanudaron las visitas ministeriales y los contactos políticos de alto nivel.
La crisis quedó políticamente cerrada en marzo de 2026, con la primera visita oficial de José Manuel Albares a Argel desde la ruptura. Tras reunirse con el presidente Abdelmadjid Tebboune. Argelia declaró la plena vigencia del Tratado de Amistad. También acordaron relanzar las visitas institucionales y reforzar su cooperación energética, migratoria y económica. Para entonces, las exportaciones españolas se habían triplicado durante 2025 y el comercio bilateral rondaba los 8.500 millones de euros, lo que permitió presentar la relación como plenamente normalizada, aunque España no modificó su posición sobre el Sáhara.
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