La actual legislatura ha sido la más prolija en traspasos de competencias a las comunidades autónomas desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en 2018. Un total de 28, según los últimos datos del Ministerio de Política Territorial contabilizados hasta el pasado mes de junio, frente a los 17 con los que se cerró la anterior. Euskadi acapara buena parte de ellos, seguida de Catalunya, y los nacionalistas vascos aspiran a un último paquete en base a su acuerdo de investidura de completar las competencias pendientes recogidas en el estatuto de Gernika.
El Ejecutivo prepara un último impulso a los traspasos en la recta final de la legislatura, mirando a Euskadi pero también a otros territorios como Galicia ante las peticiones sobre la mesa de comisiones mixtas. Con la Xunta está pendiente de convocar la Comisión Mixta de Transferencias para abordar la cesión de la AP-9, tras el acuerdo en el Congreso impulsado por el BNG para su cesión. La parte más compleja ante las diferencias respecto a costes de concesión, bonificaciones o posibles indemnizaciones. Igualmente, las negociaciones con el gobierno vasco están encontrando dificultades en materias como la cesión del régimen económico de la seguridad social o de los puertos.
Fuentes del Ministerio de Transporte apuntan que todavía están pendientes reuniones al máximo nivel para abordar la reivindicación del traspaso de los puertos de Bilbao y Pasaia. Con todo, avisan que se trata puertos de interés general de la red de Puertos del Estado, por ley. “Eso no es tan fácil cambiarlo”, añaden las mismas fuentes. El departamento dirigido por Óscar Puente ya mostró fuertes resistencias a la petición de traspaso de los aeropuertos vascos, optándose finalmente por la creación de un órgano bilateral que permitirá una mayor coparticipación del ejecutivo autonómico pero sin alterar la red de aeropuertos de interés general de Aena.
En lo que ya ha habido avances con el Ejecutivo vasco es respecto a la carpeta de la seguridad reclamada por el lehendakari Imanol Pradales, tras los acuerdos en la Junta de Seguridad ratificados esta semana por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Lo más destacado es la participación de la Ertzaintza en los procedimientos de expulsión de extranjeros, aunque la competencia sigue siendo estatal, y la prohibición de portar armas blancas en espacios públicos, que el Ejecutivo deberá ratificar con una reforma reglamentaria en Consejo de Ministros.
En lo que sí se acordó una cesión de competencias es en lo relativo a los servicios privados de seguridad. De este modo, el Ejecutivo vasco reforzará sus atribuciones en materia de inspección, sanción y registro, además de participar en el diseño de los módulos formativos y las pruebas de acceso para el personal de seguridad privada.
Comisión bilateral antes de agosto
A iniciativa de Junts, los grupos parlamentarios que sustentan al Ejecutivo también sacaron adelante esta semana con el apoyo del resto de socios de investidura la aprobación del dictamen de la nueva de dependencia con la garantía de que el Estado financiará el 50% y se blinde el ámbito competencial. “La aplicación de la ley en Catalunya no podrá afectar ni limitar las competencias exclusivas de la Generalitat en materia de servicios sociales, asistencia social, dependencia, discapacidad, infancia, personas mayores y organización de los servicios públicos” celebraban los posconvergentes.
La intención del Gobierno central y del vasco pasa por celebrar antes de verano una comisión bilateral en la que avanzar un nuevo paquete de traspasos, aunque el lehendakari Pradales la ha condicionado a llegar antes con las carpetas desbloqueadas. Los nacionalistas vascos se quejan por el momento de que estarían encontrándose con el “frontón” de los ministerios de Trabajo o de Política Territorial y el propio Pradales advirtió durante su última visita a Madrid, en el marco de ‘Los Desayunos’ de RTVE y la agencia EFE que “si Sánchez no dota de sentido y orden a lo que resta de legislatura, es complicado que aguante”.
Diferencias entre comunidades
Con la Generalitat están pendientes de avanzar en el traspaso de Rodalies y otros acuerdos alcanzados el pasado mes de mayo en la comisión bilateral. Entre ellos el cambio de mayorías en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona para que las instituciones catalanas tengan un peso mayoritario (un 45% el Estado, por un 40% la Generalitat y un 15% el Ayuntamiento de Barcelona) o el refuerzo de medios humanos en los Mossos d’Esquadra para avanzar hacia el traspaso de competencias de seguridad en puertos y aeropuertos.
Navarra, Castilla y León, Andalucía y Galicia son el resto de comunidades que han acordado traspasos con el Gobierno esta legislatura. En el caso de Galicia, la cesión en materia de ordenación y gestión del litoral fue la primera tras casi 15 años. Por su parte, Andalucía y Castilla y León llevaban más de una década sin sumar nuevas transferencias. Pese a las diferencias cualitativas y cuantitativas entre comunidades, en el ministerio de Política Territorial trasladan que su apuesta por una mayor descentralización es clara y que los traspasos se rigen por “idénticos tiempos e igualdad de condiciones» entre los territorios.
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