La era Zapatero, conocida como las legislaturas de los derechos sociales, tuvieron una ‘contra’ valenciana. En el apogeo del campsismo, y por proximidad del llamado sector cristiano que orbitaba en torno al todopoderoso Juan Cotino, el PP valenciano se convirtió en símbolo, entre otras cosas, de políticas antiabortistas.
El contexto no era casual. En 2009, cuando el Consell aprobó una pionera ‘ley de protección a la maternidad’ (ley 6/2009 de 30 de junio), hubo una enorme movilización alentada por el PP y sectores de la Iglesia católica contra la decisión del Gobierno de impulsar una ley del aborto.
Esta llegaría en 2010: una ley estatal de plazos que consagraba la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho de la mujer. El PP recurrió, y el Constitucional terminó por blindarla, aunque tardó 13 años. Desde el Gobierno Rajoy se intentó modificar de nuevo la ley, pero el texto que impulsaba Gallardón fue un fiasco: terminó retirado y el ministro, dimitido.
Protesta contra la modificación de la ley del aborto en 2014. / FERNANDO BUSTAMANTE / LEV_014
El péndulo de la Historia se ha vuelto a mover y la cuestión de la maternidad ha ganado cuerpo en el polarizado contexto internacional con una perspectiva identitaria, con movimientos como el de Orbán en Hungría que pusieron la natalidad de nuevo el centro de sus políticas los últimos años. La maternidad regresa ahora a España con Isabel Díaz Ayuso como madrina, y Vox dando también esta batalla cultural.
La Comunidad de Madrid (PP y Vox) ha aprobado una “ley del concebido no nacido” que lo sitúa como un miembro más de la familia a efectos de beneficios fiscales, ayudas en el transporte público o descuentos. Incluso para obtener el carnet de familia numerosa.
Como todo lo que ocurre en la Puerta del Sol, la norma ha venido acompañada de mucho ruido y grandes titulares, pero las políticas de fomento de la natalidad no son nuevas. Ni siquiera son patrimonio de la derecha. En las últimas elecciones, Ximo Puig prometió extender los beneficios autonómicos y municipales de la familia numerosa a partir de los dos hijos.
La cuestión es desde qué perspectiva y relato se articula esa defensa de la maternidad. Con el sector religioso tomando partido político entre varias opciones, y casi en coordinación con la reciente visita del papa, Feijóo ha levantado también esta bandera y este lunes anunciaba que elevará a rango estatal la nueva ley madrileña en caso de gobernar.
Sin embargo, hay un precedente más potente de una ley como la que ahora promete el presidente del PP y de tintes claramente antiabortistas, más allá de los beneficios sociales. “Llueve sobre mojado, ya lo prometió antes Rajoy respecto de la ley valenciana que fue la primera en atreverse a regular ese bien constitucionalmente protegido y sus efectos… y luego no se hizo desarrollo legislativo nacional alguno”, lamentaba este lunes en sus redes sociales Mariano Vivancos, profesor de Derecho Constitucional de la UV y alto cargo en aquellos gobiernos autonómicos.
Esa ley, que fue derogada en 2017 por el Consell del Botànic, hizo mucho ruido. Mientras el PP se organizaba en la calle contra la ley del Aborto que tramitaba el Gobierno, en los despachos Cotino impulsa su propia norma, la ley 6/2009 de protección a la maternidad. Una ley para “proteger el derecho de la mujer gestante que se debe seguir ante su embarazo”.
Bastaba con el empadronamiento
La norma establecía medios de carácter social, jurídico, educativo, sanitario o asistencial para conseguir esa finalidad: evitar las interrupciones del embarazo. Bastaba con estar empadronada para beneficiarse de las ayudas, sin criterios nacionales ni de arraigo continuado.
En todas las ayudas sociales se consideraba la circunstancia prioritaria de que alguna de las beneficiarias sea una mujer gestante. “Desde la fecundación” se consideraba que la unidad familiar cuenta con uno o más miembros a efectos de optar a las ayudas. Incluso la madre que no forme parte de una unidad familiar pasaba inmediatamente a serlo al quedar embarazada.
Ver una ecografía antes de abortar
La Conselleria de Bienestar Social de la Comunidad Valenciana contempló mecanismos como un plan de acogida en familias voluntarias para jóvenes embarazadas. Y la promoción de la acogida y la adopción como alternativas a la irrupción del embarazo aparecía entre las directrices de actuación.
Por aquellos años, Cotino defendía que se obligara a las mujeres a ver una ecografía del feto antes de decidir sobre el aborto. También propuso crear un registro de fetos y bebés fallecidos hasta las 24 horas después de nacer, como “reconocimiento moral” a los padres.
La ofensiva fue ruidosa. Fueron meses en que se vivieron concentraciones ante clínicas donde se practicaban abortos, donde se instalaron vallas publicitarias con ecografías y fotos de bebés en el campus de la UV (“Protege mi vida”, reclamaba un recién nacido) y donde hubo campañas a favor de despenalizar el aborto, como las de una ONG que realizaba intervenciones en aguas internacionales y que atracó en la Marina de Valencia ante partidarios y detractores.
Desde ese episodio, y tras la dimisión de Francisco Camps, el relato pro-vida ha perdido peso en el andamiaje ideológico del PPCV. También en el PP español tras la renuncia a la ley Gallardón. Ha sido Vox, de hecho, quien tomó este testigo, con iniciativas en Castilla y León como ofrecer a las mujeres que pretendan abortar a escuchar el “latido fetal” o ecografías, tal como reclamaba Cotino una década atrás.
Ahora, con Vox tratando de condicionar la agenda del PP también en la C. Valenciana, los de Abascal aspiran a imprimir el sello antiabortista a los presupuestos de la Generalitat que en estos momentos están tramitando las Corts. En concreto, una de las enmiendas presentadas reclama eliminar de las líneas de actuación de la dirección general de Atención Hospitalaria una referencia a “garantizar sus derechos sexuales y reproductivos”.
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