Una vez concluido el proceso para la regularización extraordinaria de personas migrantes en España, a la que se acogieron más de 1,7 millones de solicitudes, el Partido Popular ha dado el paso de exigir cuentas al Gobierno. Para ello, han requerido la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, para que informen del desarrollo del proceso y de lo que han considerado los populares una «falta de previsión del Gobierno en el proceso de regularización masiva y su impacto en los servicios públicos», toda vez que el cálculo inicial era de medio millón de solicitudes y se cerró el proceso un total de 1.174.978 solicitantes.
Además, desde el PP han registrado una batería de preguntas (22) parlamentarias centrada en pedir detalles sobre esta regularización “marcada desde su inicio por la improvisación, la falta de planificación y el colapso de numerosas oficinas encargadas de tramitar las solicitudes”:
Tras los datos ofrecidos desde Inclusión días después de cerrarse el proceso, desde el PP consideran que hay «falta de datos oficiales completos y actualizados sobre el número de solicitudes presentadas, su distribución territorial, perfil de los beneficiarios y su impacto sobre la Administración y los servicios públicos”.
En este sentido, también han impulsado una proposición no de ley (PNL) para que el Ejecutivo vote a favor del Reglamento de Retornos alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, y garantice su aplicación efectiva desde que entre en vigor. En concreto, insta al Ejecutivo a “tramitar, con carácter urgente, todas las reformas legislativas y reglamentarias necesarias para completar la adaptación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo al ordenamiento jurídico español”.
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