Balears se halla inmersa en una crisis de vivienda, un problema estructural cuyas principales causas son la falta de oferta y la creciente presión demográfica. Con el objetivo de arrojar luz sobre esta cuestión, el Club Diario de Mallorca acogió el pasado martes una nueva edición del Foro Inmobiliario, un espacio de reflexión convocado bajo el título Equilibrio, inversión y sosteniblidad en un mercado tensionado, que contó con el patrocinio de CaixaBank, Proinba y Travila Mallorca.
Marisa Goñi, directora de Diario de Mallorca, fue la encargada de dar la bienvenida a los asistentes. Participaron en la mesa de debate expertos del sector como Omar García, director de Negocio Inmobiliario de CaixaBank en Baleares; Tolo Oliver, director del departamento de Inversiones Inmobiliarias de Grupo Pamer; Alejandra Marqués, abogada especialista en derecho Urbanístico e Inmobiliario y vicepresidenta de Proinba; Xim Chinchilla, presidente de la asociación de promotores de la Vivienda PIMEM-APROVIBA; y Jasmina Moyses, CEOy fundadora de Travila Mallorca.
Un nuevo paradigma
La jornada avanzó con la ponencia ofrecida por José Miguel Artieda, presidente del Colegio de API Baleares quien habló sobre El mercado inmobiliario balear ante el nuevo paradigma; regulación, inversión y presión residencial. En su intervención Artieda destacó que la desregularización de la actividad inmobiliaria, que se hizo efectiva en el año 2000 respondiendo a las exigencias de Europa, ha generado riesgos para propietarios y compradores ya que no siempre hay garantía de capacitación por parte de la persona que ejerce como intermediaria.
Irene R. Aguado, Omar García, Alejandra Marqués, Jasmina Moyses, Tolo Oliver y Xim Chinchilla. / GUILLEM BOSCH
A juicio de Artieda la regulación se justifica por razones de interés general como son la seguridad jurídica y la transparencia del mercado. En cualquier caso, según comentó, con la liberalización de la actividad tampoco se han alcanzado los objetivos que se perseguían esto es fomentar la competitividad, facilitar las transacciones y estabilizar precios.
Artieda expuso que el crecimiento de la población es uno de los factores que inciden en la subida de los precios: aumenta el número de hogares tanto por la llegada de nuevos residentes como por el cambio en la estructuras familiares. Remarcó así mismo que la falta de oferta es clave: se realizan menos transacciones que durante los años de la denominada burbuja inmobiliaria, no por falta de demanda sino por falta de producto. En este contexto, el precio de la vivienda se sitúa en Balears cerca de los 4.000 euros por metro cuadrado, muy por encima de la media nacional que se sitúa en 2.284 euros. «La hipoteca media en Balears ha pasado a 274.000 euros. Esto es insostenible para un residente», recalcó. Artieda hizo hincapié en la necesidad de aumentar la oferta de vivienda dirigida a residentes y de abordar la problemática desde el consenso evitando soluciones intervencionistas que no tiene el efecto deseado: «El mercado es imperfecto, pero es ágil y basta que se anuncie una medida que pueda ocasionar un perjuicio a quien tiene el producto para que éste busque una alternativa».
El Club Diario de mallorca acogió el Foro Inmobiliario en el que se trataron cuentiones relacionadas con la crisis de la vivienda. / GUILLEM BOSCH
Inversión, turismo y derecho a la vivienda
Actuar sobre la oferta de vivienda, especialmente en la de precios más asequibles, y agilizar los trámites administrativos, fueron las principales reclamaciones de los participantes en el debate. Durante el coloquio, moderado por la periodista de Diario de Mallorca Irene R. Aguado, los expertos también coincidieron en señalar que el sector privado es imprescindible para solucionar el problema y que su actividad precisa el respaldo de medidas que fomenten la incorporación de viviendas al mercado residencial. También se apeló a la necesidad de garantizar seguridad jurídica para propietarios y promotores, rechazando normativas que intervengan en la regulación del mercado.
El desbloqueo de los proyectos residenciales estratégicos, la reducción de impuestos de la vivienda destinada a residentes y la movilización de vivienda cerrada mediante garantías de cobro y protección frente a la ocupación, fueron algunas de las propuestas que se concretaron. Coincidieron en que éstas y otras medidas deben servir para equilibrar inversión, actividad turística y derecho a la vivienda.
Tras la ponencia y la mesa de debate se ofreció un cóctel a los asistentes. / GUILLEM BOSCH
Omar García destacó como factor determinante el hecho de que «hacen falta 15.000 viviendas en la red». Comentó que el mercado inmobiliario de Balears es activo y dinámico, con una fuerte demanda que empieza a dar señales de estabilización y que se esperan «crecimientos suaves y sostenidos en el tiempo». Así mismo apuntó que tanto el crecimiento económico que se prevé como el crecimiento demográfico van a sostener la demanda. García también valoró positivamente todas las medidas destinadas a aumentar la oferta de vivienda asequible y remarcó que la administración por sí sola no puede solucionar el problema de la vivienda y precisa del sector privado.
Alejandra Marqués remarcó que el principal problema es la falta de vivienda y que su construcción se está lastrando por la lentitud de algunos procesos administrativos. Reclamó un pacto de vivienda estable y puso el énfasis en agilizar los proyectos estratégicos residenciales para responder a la demanda: «La gente quiere esa vivienda, tiene el dinero, la financiación o las ayudas, pero estamos atascados en la fase importante, que es la de tramitación». Xim Chinchilla coincidió en el impacto económico que tienen los tiempos administrativos, sobre todo para los promotores pequeños: «Desde que tienes el solar hasta que entregas las llaves el proceso puede llegar a durar seis o siete años». Chinchilla también defendió la rentabilidad de la construcción de vivienda de precio limitado y apuntó que están aumentando las facilidades y, por tanto, los proyectos.
Por su parte Tolo Oliver precisó que es imprescindible dar seguridad jurídica a los propietarios para que incorporen vivienda al mercado y señaló la necesidad de eliminar los impuestos en la vivienda de precio limitado para respaldar a los residentes en la compra de su primera residencia: «Si la vivienda de precio limitado está exenta de impuestos, al comprador residente le baja el coste más de un 25%». Jasmina Moyses señaló que el alquiler vacacional no puede considerarse la única causa de la crisis y que retirar viviendas turísticas no garantiza que se incorporen al mercado residencial. Destacó que los propietarios buscan rentabilidad, pero también seguridad y que el alquiler turístico no siempre es la opción más rentable. Por otro lado, incidió en la necesidad de facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes: «Me pregunto a qué edad vamos a poder acceder a la vivienda, no habría que esperar a tener 50 años para crear tu patrimonio».
El cierre institucional del acto corrió a cargo de José Luis Mateo Hernández, conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, quien destacó la importancia de la colaboración público privada para hacer frente a un «desafío colectivo» que como tal precisa que se afronte desde la cooperación institucional, sectorial y social.
