La realidad desmiente el discurso oficial

La implantación del nuevo concierto de Atención Temprana en Granada continúa sumando críticas. Después de que la Junta de Andalucía defendiera durante días que el nuevo modelo había entrado en funcionamiento con normalidad desde el 1 de julio, las familias afectadas sostienen que las últimas declaraciones del delegado territorial de Salud, Indalecio Sánchez-Montesinos, desmontan ese relato y confirman que la reorganización del servicio sigue lejos de completarse.

Las asociaciones de familias denuncian que existe una contradicción entre el mensaje lanzado por la Consejería de Salud y la realidad que viven cientos de menores. Mientras el consejero de Salud celebraba el pasado 27 de junio en redes sociales la puesta en marcha «con éxito» del nuevo concierto, el delegado territorial confirmó este miércoles que la reubicación de parte de los niños afectados no se realizará finalmente hasta septiembre.

Para las familias, este reconocimiento supone admitir que el proceso continúa abierto y que la continuidad asistencial que la Junta asegura haber garantizado está lejos de ser una realidad.

Un aplazamiento que evidencia la incertidumbre

Durante una comparecencia celebrada este miércoles, Sánchez-Montesinos anunció que los aproximadamente 120 menores atendidos actualmente en el CAIT San Rafael permanecerán en ese centro hasta el próximo 1 de septiembre. Según explicó, la decisión responde a la necesidad de estudiar caso por caso la redistribución de usuarios tras la demora provocada por el procedimiento administrativo y los recursos presentados durante la adjudicación del nuevo concierto.

El delegado defendió que la Junta pretende realizar una transición «con el menor impacto posible» y aseguró que ningún menor perderá la atención temprana que necesita. Sin embargo, las familias consideran que ese discurso no se corresponde con lo que está ocurriendo sobre el terreno.

«Los hechos contradicen el relato oficial»

En un comunicado difundido tras las declaraciones del delegado, los familiares denuncian que la Administración está ofreciendo versiones distintas sobre un mismo proceso, lo que, a su juicio, incrementa aún más la incertidumbre. «Ni siquiera el mensaje institucional es coherente. Si la propia Administración ofrece versiones distintas sobre el mismo proceso, ¿cómo pretende transmitir confianza a las familias?», plantean.

Lejos de interpretar la prórroga como una solución, sostienen que el aplazamiento solo retrasa un problema que sigue sin resolverse. Recuerdan que los menores que ya han sido derivados a los nuevos centros deben pasar previamente por una nueva valoración clínica, un trámite que está provocando listas de espera.

Para los afectados, estas demoras resultan especialmente graves al tratarse de niños de entre cero y seis años, una etapa considerada decisiva para el desarrollo cognitivo, motor y comunicativo. «Cada semana sin intervención supone una oportunidad perdida«, advierten.

Menores sin terapia y profesionales en un limbo

Las críticas no se limitan únicamente a los tiempos de espera. Las familias aseguran que la continuidad asistencial ya se ha roto en algunos centros incluso antes de producirse los traslados.

Ponen como ejemplo el caso del CAIT San Rafael, donde denuncian que siete especialistas ya han abandonado el centro tras el cambio en los conciertos. Esa reducción de plantilla, sostienen, está provocando que algunos menores vean reducidas sus sesiones o incluso que estas se suspendan temporalmente. Además, alertan de que el centro que deberá asumir a esos menores a partir de septiembre todavía no ha iniciado su actividad al encontrarse pendiente de completar la documentación necesaria para formalizar la adjudicación.

A esta situación se suma, según denuncian, la incertidumbre que atraviesan numerosos profesionales. Aunque formalmente han sido subrogados por las nuevas entidades adjudicatarias, afirman que muchos desconocen todavía cuál será finalmente su destino laboral, ya que algunos de los centros receptores cuentan ya con sus plantillas completas.

Por ello, vuelven a reclamar a la Junta que sitúe «el interés superior del menor» por encima de los procedimientos administrativos y reprochan que la reorganización del servicio se haya realizado sin un protocolo efectivo que garantice la continuidad terapéutica. «Aquí no hablamos de expedientes, sino de infancia, de desarrollo y de derechos”, concluyen.