El terremoto judicial que sacude el pasado de Mediaset ha dado su paso definitivo. El Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid ha acordado formalmente la apertura de juicio oral en el conocido como ‘caso Sálvame’, remitiendo la causa a la Audiencia Provincial de Madrid. El procedimiento continuará contra nueve acusados, sentando en el banquillo a nombres clave de la televisión como Gustavo González y David Valldeperas, aunque sus situaciones procesales son radicalmente distintas.
La situación más delicada en este macroproceso la afronta el paparazzi y excolaborador del extinto programa de Telecinco, Gustavo González. La Fiscalía Provincial de Madrid le imputa una larga lista de presuntos delitos de revelación de secretos agravados por el espionaje masivo a más de 140 personajes públicos.
A nivel técnico, la suma de las penas solicitadas por los centenares de delitos acumulados por las acusaciones llega a rozar los 447 años de prisión, si bien, en caso de condena penal, el límite máximo legal de cumplimiento efectivo quedaría fijado en 15 años de cárcel.
Por su parte, el histórico director de ‘Sálvame’, David Valldeperas, ha vivido un giro de guion en su situación jurídica. Durante la fase de instrucción, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento y archivo de la causa para él, al considerar que no existían pruebas suficientes para imputarle una participación activa o con dolo penal en la red de filtraciones policiales.
Sin embargo, el exdirector se verá obligado a sentarse finalmente en el banquillo de los acusados. Su inclusión en la apertura de juicio oral responde única y exclusivamente al empeño de las acusaciones particulares, formadas por los propios famosos afectados, que han decidido mantener de forma privada las acciones penales contra él al margen del Ministerio Fiscal.
Entre los muchos rostros conocidos que han elevado el tono de sus reclamaciones destaca el cantante Omar Montes. El artista ha presentado uno de los escritos de acusación más contundentes de todo el proceso. A través de su equipo legal, Montes solicita penas de hasta seis años de prisión e introduce un delito especialmente grave para los principales investigados: integración en grupo criminal. Además, el de Pan Bendito reclama una indemnización de 150.000 euros por los daños causados a su intimidad.
El auto del magistrado dictamina además el mantenimiento de la libertad provisional de los acusados de la trama —que incluye a policías encargados de las consultas en bases de datos protegidas y a la propia productora La Fábrica de la Tele como responsable civil—, imponiendo fianzas globales que llegan a alcanzar los 426.000 euros.
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