Casi un mes después de solicitar su comparecencia en el Congreso, Pedro Sánchez dará este miércoles explicaciones sobre los casos de corrupción que cercan al PSOE y al Gobierno. Entre medias, se ha dictado sentencia por el caso Mascarillas, con una pena de prisión de 24 años al exministro José Luis Ábalos, ha comparecido ante el juez José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra y se han decretado medidas cautelares, con retirada de pasaporte, contra su esposa, Begoña Gómez, por lo que el PP ha exigido su dimisión y reclamado la convocaria de elecciones. Frente a esta ofensiva política, el jefe del Ejecutivo tratará de rebajar la magnitud de la tormenta. “Establecer hechos frente a mentiras y bulos”, avanzan fuentes de Moncloa en referencia a la “desproporcionalidad”, dicen, de las acusaciones de la oposición o su utilización política de estos casos. «Hechos a causas políticas», añaden en la dirección del PSOE.
“Vamos a poner negro sobre blanco”, apuntan las mismas fuentes de Moncloa para rechazar que se “mezclen” causas. Esto es, lo que consideran una “persecución política”, en los casos que afectan a Begoña Gómez y a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, o lo que consideran “corrupción”, como en el caso Mascarillas, pero aislando a personas contra las que se habrían tomado ya medidas. “Nosotros actuamos ante el mínimo indicio y colaboramos con la Justicia”, exponen en el Gobierno en contraste con la reacción a la corrupción desde Génova.
En esta “contundencia” contra José Luis Ábalos y su sucesor en la Secretaría de Organización del PSOE, Santos Cerdán, al expulsarlos antes incluso de abrirse un proceso judicial, justifican que no tengan que asumir más responsabilidades políticas. Mucho menos considerar dimisiones. Asimismo ponen el foco en que ni Sánchez conocía estas tramas ni hay sospechas de financiación ilegal en el PSOE, frente al “bulo” que atribuyen al PP sobre el motivo que provocó la entrada de la UCO en Ferraz. En lo referente a la causa contra Begoña Gómez sostienen que hay “consenso sobre que no existe ni caso ni delitos”. Así se tratará de mitigar la presión de sus socios, que además normalizan por una estrategia de “diferenciación política” propia del tramo final de la legislatura y a menos de un año de las municipales y autonómicas.
Sánchez pretende dejar hoy claro que su partido actuó «desde el minuto uno» y «con toda la contundencia», según fuentes socialistas, cuando se detectaron indicios claros de corrupción. En Ferraz detallan que el 21 de febrero de 2024, la Policía detuvo al asesor Koldo García por la supuesta trama de cobro de comisiones por la compra de mascarillas. Cinco días después, la Ejecutiva socialista exigió a Ábalos la entrega del acta de diputado y le dio 24 horas para hacerlo. Ante su negativa a dimitir, el 27 de febrero, seis después de conocerse los indicios, el PSOE le abrió un expediente disciplinario por faltas «muy graves» y le suspendió cautelarmente de militancia «mucho antes de que fuera imputado».
La intención del PSOE es dejar clara la «abismal diferencia» en la forma de actuación ante la corrupción del Partido Socialista y del Partido Popular. Los socialistas «combatimos la corrupción, expulsamos a los corruptos cuando hay indicios suficientes, colaboramos con la justicia y adoptamos medidas para que no se vuelvan a producir hechos similares», argumentan. En el PP, denuncian, «amparan la corrupción, protegen a los corruptos, esconden o destruyen las pruebas y no hacen absolutamente nada para combatir esta lacra en el futuro», aseguran en Ferraz.
No está previsto que el jefe del Ejecutivo anuncie nuevas medidas contra la corrupción sobre las ya anunciadas, según apuntan sus colaboradores, más allá de hacer un llamamiento a que se desbloqueen las medidas que están sobre la mesa, como la propia ley de lobbies, bloqueada en la ponencia del Congreso. Algunos ministros socialistas sí se han mostrado a favor de regular la figura de los expresidentes, en el marco de la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero.
Fuentes socialistas añaden que Sánchez podría citar en su comparecencia las medidas internas que ha puesto en marcha el PSOE para «mejorar la transparencia y la trazabilidad de los contratos» desde que hace un año se expulsó al anterior secretario de Organización, Santos Cerdán, y entró en Ferraz un nuevo equipo encabezado por Rebeca Torró. El próximo sábado, la nueva dirección socialista hará balance de estas medidas en el Comité Federal.
En su comparecencia y, sobre todo en la réplica, Sánchez restará al presidentedel PP, Alberto Núñez Feijóo, autoridad moral para exigir responsabilidades al Gobierno cuando no es capaz, dicen, de hacerlo en su propia casa. El Ejecutivo y el PSOE consideran que Feijóo solo «mira para otro lado» ante «hechos escandalosos» como los que afectan a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dada la investigación a su pareja por sus cobros del Grupo Quirón, uno de los mayores contratistas del Ejecutivo madrileño.
El búmeran de Aldama
«No se trata del ‘Y tú más'», resaltan en Ferraz, «es diferenciar una forma de actuar de otras: Ábalos fue expulsado del Grupo Socialista en el mismo momento en el que estalló el caso y Juan Carlos Mazón sigue sin embargo en su escaño mucho tiempo después de que haya avanzado la investigación judicial sobre la gestión de la DANA».
El titular de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, abogaba este martes desde el Senado por “trabajar con leyes, medidas y políticas públicas para que no se puedan repetir este tipo de comportamientos”, en referencia a las mordidas en contratos de mascarillas. Con todo, añadía tras ello que en este caso “las responsabilidades políticas han ido por delante de las responsabilidades judiciales”.
Fuentes del Gobierno y del partido consideran que la decisión del Tribunal Supremo de suspender la pena a Víctor de Aldama, que no entrará en prisión y no tendrá que devolver el dinero que supuestamente ingresó ilegalmente, «tendrá una repercusión electoral no muy buena para los que defienden a Aldama». Las mismas fuentes calificaron como «inenarrable» que no tenga que devolver el dinero.
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