Exonerar del pago del salario social básico a cientos de asturianos afectados por impagos indebidos requerirá un plan temporal de refuerzo de personal para evitar un bloqueo burocrático. Así lo anunció este lunes la consejera de Salud, Concepción Saavedra, que se encuentra actualmente sustituyendo a la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, de baja por enfermedad.
Saavedra reconoció en comisión parlamentaria que la regulación vigente produce «efectos no deseados» cuando el ciudadano actúa de buena fe, informando de cualquier cambio en su situación, pero desde la Administración se tarda en proceder a modificar el expediente. En esos supuestos, «aplicar automáticamente el reintegro supone trasladar a la ciudadanía una carga que no ha generado», afirmó.
Por tanto, la reforma propuesta, consistente en modificar la ley 3/2021, de 30 de junio, de garantía de derechos y prestaciones vitales, es “acotada, técnica y necesaria”, con la finalidad de mejorar el sistema para hacerlo más coherente, ya que existen situaciones donde la regulación vigente produce resultados no deseados.
A pesar de que el cambio aún no está aprobado, desde la Consejería ya se está actuando para evitar situaciones. «Lo que estamos haciendo es, en el momento en que llega una comunicación de cambio de situación, nosotros en ese momento suspendemos el cobro», explicó Saavedra.
En la Junta también compareció por primera vez la nueva directora general de Gestión de Derechos Sociales, María Fernández Zapico, quien sustituye a Paula Álvarez, que dimitió el pasado mes de mayo. En su intervención, explicó que la prestación del salario social básico va camino hacia la desaparición, por su convivencia con el Ingreso Mínimo Vital. Los números pasan de 22.000 expedientes aproximadamente en 2020 a los 4.998 expedientes actuales.
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