El juez Juan Carlos Peinado ha decidido enviar a juicio, ante un jurado, a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.
Así consta en una resolución fechada este mismo sábado, en la que el magistrado también le impone medidas cautelares.
En concreto, le retira todos los pasaportes que tenga —algunas personalidades gozan de uno diplomático—, «de todas las nacionalidades que posea», y le impide obtener uno nuevo.
También, le prohíbe salir de España sin autorización y le obliga a acudir a firmar a un Juzgado dos días al mes.
De esta forma, el juez adopta las medidas cautelares solicitadas por las acusaciones populares del caso Begoña, lideradas por la organización Hazte Oír.
El magistrado, en contra del letrado de Gómez, sí percibe riesgo de que se fugue de España.
El letrado Antonio Camacho alegó que la condición de personaje público de la esposa de Sánchez le dificulta huir de España. Está, además, permanentemente escoltada.
Pero Peinado considera que «no cabe duda» de que los agentes que la protegen, «en un momento determinado, pueden ser, precisamente, quienes colaboren para facilitar esa fuga». «Bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos», precisa.
Además, el juez señala, como un detalle «especialmente trascendente», que la «condición de actual presidente del Gobierno» de Pedro Sánchez «es algo efímero y, por tanto, transitorio».
«Y esa protección o acompañamiento de los agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado desaparecería [si Sánchez deja de liderar el Ejecutivo], lo que facilitaría, aún más, esa hipotética fuga», relata el instructor.
Peinado ha adoptado las mismas decisiones —enviarla a juicio e imponerle medidas cautelares— respecto de Cristina Álvarez, la asistente de Gómez en la Moncloa, también investigada en esta causa judicial.
El juez atribuye a la esposa de Pedro Sánchez un total de cuatro supuestos delitos: malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados y apropiación indebida.
De forma novedosa, en su resolución de este sábado, Peinado también achaca estos mismos cuatro a Álvarez, cuando, hasta ahora, tan sólo estaba siendo investigada por los dos primeros de la anterior lista.
Por último, el magistrado también envía a juicio al tercer investigado en esta causa, el empresario Juan Carlos Barrabés. Fue uno de los profesores del máster adscrito a la cátedra que Begoña Gómez co-dirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Asimismo, Barrabés presentó a sendos procesos de adjudicación pública dos manifestaciones de interés —una suerte de cartas de recomendación que avalan un proyecto— firmadas por la esposa de Sánchez.
En ambos casos, ganó los contratos y recibió, en total, más de 10 millones de euros de la entidad pública Red.es, dependiente del Ministerio de Transformación Digital.
No obstante, Peinado no impone a Barrabés ninguna medida cautelar, ya que las acusaciones populares no las solicitaron para él.
Juicio ante jurado
Salvo sorpresa —la Audiencia Provincial de Madrid aún tiene pendiente resolver varios recursos—, los tres investigados serán juzgados por un jurado popular.
Es decir, por nueve ciudadanos escogidos al azar y legos en Derecho, quienes deberán decidir acerca de la culpabilidad o inocencia de los acusados.
En la resolución en la que manda a juicio a Gómez, Peinado señala que ésta «habría venido aprovechando su proximidad al presidente del Gobierno para impulsar su proyección profesional en el entorno de la Universidad Complutense de Madrid».
Tanto es así, que el juez vincula directamente la llegada del político socialista al poder con un «cambio inmediato y significativo en la trayectoria profesional» de su esposa.
Según el juez, gracias a ser cónyuge del presidente del Gobierno, «obtuvo una interlocución singular con responsables de una universidad pública, con empresas patrocinadoras y con entidades del sector tecnológico, al tiempo que recababa apoyo, financiación, colaboración y respaldo institucional y empresarial para la creación, desarrollo y expansión de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva y de los proyectos surgidos en su seno».
«En ese mismo marco, la investigación ha permitido constatar la integración funcional de Juan Carlos Barrabés en el proyecto académico de la Cátedra, al mismo tiempo que sociedades de su grupo resultaban beneficiadas por adjudicaciones públicas avaladas o apoyadas por Begoña Gómez, así como la captación de financiación y ventajas de empresas con intereses o vínculos con el sector público», añade Peinado.
A su modo de ver, este «extremo, en su conjunto, presenta rasgos susceptibles de integración en los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios».
Barrabés, tal y como admitió ante el juez, se reunió varias veces en el Palacio de la Moncloa con Gómez.
El ‘software’ de la UCM
¿Por qué atribuye Peinado a la esposa de Sánchez un delito de apropiación indebida? Tal y como señaló Hazte Oír en una querella y ahora recoge el juez, «la investigada, presuntamente, desarrolló todos sus actos desde un primer momento» para «apoderarse» de un software desarrollado por varias empresas para la cátedra de la UCM.
De hecho, la Universidad está personada en el caso Begoña como perjudicada, en calidad de actor civil. Reclama, únicamente, una indemnización económica: que Begoña Gómez devuelva unos 113.000 euros, cantidad que el centro calcula que invirtió en el desarrollo del software.
Dicha herramienta fue ofrecida —de forma gratuita, eso sí— a pequeñas y medianas empresas (pymes) a través de una web propiedad de Gómez, con un nombre muy similar al de la Cátedra.
En su auto, el juez recrimina que «ni el alojamiento del software en la web transformatsc.org, ni el registro de la marca, ni la posterior constitución de una sociedad vinculada a dicha denominación fueron comunicados a la Universidad Complutense».
La tesis de Peinado es que Gómez pretendía sacar rédito económico de la actividad profesional que desplegó a partir de 2020, cuando ya era inquilina del Palacio de la Moncloa, que, a su juicio, habría usado como centro de negocios.
Así lo reitera en su resolución de este sábado: «Una mercantil tiene por definición ánimo de lucro, lo que no es compatible con la supuesta labor social o altruista que supuestamente, según la investigada, inspiró la configuración del proyecto«.
Las gestiones de Cristina
Por último, Gómez fue investigada por un supuesto delito de malversación, debido a la contratación de Álvarez como su asistente.
A lo largo de la instrucción del caso Begoña ha quedado demostrado que ésta, pese a cobrar un salario público cada mes, hizo gestiones en favor de los negocios de Gómez.
Por ejemplo, cooperó en la gestión de las finanzas de su cátedra. La esposa de Sánchez lo calificó como «favores» y subrayó que ambas son amigas desde hace más de 20 años.
Ahora bien, como desveló EL ESPAÑOL, Álvarez envió un e-mail a Reale Seguros, una de las empresas mecenas de la cátedra, para instar a esta empresa a seguir financiando el proyecto.
Peinado concluye que todo ello supuso la «utilización de fuerza de trabajo y cobertura institucional sufragadas por el Estado para finalidades privadas y profesional y mercantilmente propias de la investigada [Begoña Gómez]».
