La auditoría realizada por Puertos del Estado a la Fundación Puertos de Las Palmas tensó este jueves el debate en el seno del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, en una reunión marcada por el cruce de reproches y las preguntas sobre la gestión de una entidad cuya continuidad ha sido seriamente cuestionada por el organismo estatal. Varios asistentes describieron el encuentro como «duro» debido a la intensidad de las intervenciones y al alcance de las conclusiones recogidas en el informe.
La auditoría sostiene que la Fundación Puertos de Las Palmas debería entrar en un proceso de liquidación al encontrarse bloqueada por una combinación de problemas patrimoniales, económicos, jurídicos y de gestión que dificultan su viabilidad futura. Además, cuestiona la legalidad del nombramiento de su gerente, Betsabé Morales, al no haberse realizado mediante un procedimiento de concurrencia pública y apunta además a posibles irregularidades relacionadas con sus retribuciones.
Un nombramiento bajo preguntas
Precisamente este fue uno de los temas que centró gran parte de un intenso debate que retrasó la finalización de la reunión más de una hora. Morales ocupaba anteriormente un cargo de confianza en el Gobierno de Canarias y su designación fue objeto de numerosas preguntas por parte de varios consejeros, al igual que ocurrió en marzo de 2025 cuando fue nombrada, según confirmó este jueves la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada.
Una sesión de alto voltaje político
El debate adquirió además una dimensión política y hubo quien aseveró que parecía «una guerra política». Según fuentes presentes en la reunión, el presidente y el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales y Augusto Hidalgo -que fue el más beligerante-, así como la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, mostraron su preocupación por la posibilidad de que tanto la fundación como otras estructuras vinculadas al Puerto pudieran haber sido utilizadas con fines partidistas. Estas intervenciones elevaron aún más la tensión en una sesión en la que se reclamaron explicaciones sobre algunas de las decisiones adoptadas en los últimos años.
Reunión del Consejo de Administración del Puerto del jueves / La Provincia / v
Entre las cuestiones planteadas a la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, figuró la razón por la que la Fundación Puertos de Las Palmas sigue sin haberse privatizado, siendo la única de su naturaleza que permanece en esta situación desde 2017 en el conjunto del sistema portuario estatal. Los consejeros también solicitaron aclaraciones sobre distintas contrataciones, el papel desempeñado por los responsables políticos en la toma de decisiones y las circunstancias que rodearon la salida de la anterior gerente, cuya desvinculación obligó al pago de una indemnización.
Dudas sobre la gestión interna
Más allá de las discrepancias políticas, varios miembros del Consejo coincidieron en expresar dudas sobre la forma en que se han gestionado determinados procesos dentro de la fundación. Durante la reunión se planteó la posible responsabilidad de quienes impulsaron o avalaron algunas de las decisiones ahora cuestionadas por la auditoría y se preguntó si aún existe margen para corregir o revertir determinadas actuaciones para evitar que esta compleja situación pueda adquirir un cariz judicial.
La contundencia del informe de Puertos del Estado, calificado como «demoledor» por uno de los componentes del Consejo, y las explicaciones ofrecidas durante la sesión dejaron patente que el futuro de la Fundación Puertos de Las Palmas se ha convertido en uno de los asuntos más delicados que afronta actualmente la Autoridad Portuaria.
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