«Esto no es justo. A mi tío lo mataron su madre y su padre hace 33 años y solo queremos recuperar su cuerpo, pero el sistema nos falla: el juez nos dice que saquemos los huesos por nuestra cuenta, que él no puede hacer nada porque el delito ha prescrito. ¡¿Pero cómo se puede quedar algo así impune?!».
La rocambolesca historia está sucediendo en Dénia y empezó en agosto de 1993, cuando Juan, entonces de 27 años, murió a manos de su madre durante una discusión familiar que nadie parece recordar. O eso ha confesado ahora, tres décadas después, una de las presuntas implicadas. Según su versión, Juan, toxicómano y con antecedentes por algunos robos, discutió una noche de aquel verano con su padre y, en plena pelea, la madre le habría clavado un cuchillo por la espalda.
30 años de silencio
El padre, hoy ya fallecido, con la ayuda de la madre y una hermana de Juan, que entonces vivía en la casa familiar, en la calle Hospital, a los pies del castillo de Dénia, decidieron deshacerse del cuerpo y guardar silencio ante los otros siete hermanos de la víctima. Para ello, dicen los sobrinos, «Una vez que lo vieron muerto fue el padre quien lo habría descuartizado con unos cuchillos grandes«. Luego, lo sepultaron en el corral y callaron.
Y así ha sido hasta las Navidades pasadas. Santi, uno de los sobrinos de Juan, erigido hoy en portavoz familiar, rememora los hechos con amargura. «Sobre una semana antes de Navidad, mi tía Mari Luz confesó el asesinato de mi tío Juan. ¿Que por qué ahora? Porque se ve que habló con abogados y le dijeron que eso ya era impune porque había pasado tanto tiempo que ha prescrito. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es posible que la ley permita que una persona mate a otra y que pasado un tiempo ya no tenga responsabilidad ninguna».
Un crimen sin castigo
El Código Penal español estima en 20 años el plazo de prescripción tanto para el homicidio doloso (cuando hay intención de matar) como para el asesinato (el homicidio agravado por dos o más circunstancias, como la alevosía o el ensañamiento, por ejemplo), y ese plazo, si nunca se ha dirigido la investigación contra nadie en concreto, empieza a correr desde el mismo día en que se dio muerte a la víctima. Dicho de otro modo, si nadie ha investigado nada y no ha habido sospechosos, al cabo de 20 años el asesino puede proclamar los hechos a los cuatro vientos y ya nadie puede castigarle por ello. El derecho Penal, y, por tanto, los jueces de esa vía -y los de Instrucción lo son- ya no pueden hacer absolutamente nada.
Y ese es exactamente el caso de Juan. Su asesinato, si realmente se produjo en 1993, ha permanecido en el más absoluto de los secretos hasta que su hermana confesó. Y, por si faltaba algo, uno de los presuntos autores, el padre, ya ha fallecido, por lo que su responsabilidad penal está doblemente extinguida: por la prescripción y por su muerte.
¿Nadie denunció?
Los hermanos de Juan se cansaron de preguntarle a la madre y al padre, una y otra vez, por él. Todo fueron evasivas. Siete años después de su muerte, en 2000, la presión de los hermanos se volvió tan insoportable -les dijeron que, o bien denunciaban ellos como padres del desaparecido o lo harían los hermanos- que la madre acabó yendo a la comisaría de la Policía Nacional en Dénia a denunciar que no sabía nada de su hijo Juan desde agosto de 1993. Obviamente, no dijo la verdad; solo, que se había ido y no había vuelto a dar señales de vida.
No podía darlas. Según ha contado ahora Mari Luz, «después de matarlo, se ve que lo descuartizaron y lo enterraron en el corral de la casa», explica Santi. Muy poco después de esa denuncia, que nunca avanzó porque la Policía Nacional no logró dirigirla contra nadie en concreto -era una persona adulta en una supuesta desaparición voluntaria, con drogadicción y antecedentes delictivos, y no lograron obtener datos que permitieran detectar el supuesto complot de una parte de la familia-, Juan padre, más conocido por el sobrenombre de El Bulto y la madre, Antonia, dejaron de pagar el alquiler y se fueron de la casa.
Bromas de mal gusto del destino: la vivienda, una casa de planta baja, la volvió a habitar su dueña, una mujer que, según la familia de Juan, trabajaba en una funeraria. Hizo reformas, la acondicionó y convirtió el antiguo corral en parte del interior, ignorante por completo de que desde el primer día en la casa estaba compartiendo espacio con una persona asesinada, descuartizada y emparedada al pie de la muralla que hace de muro trasero del inmueble. Hasta enero pasado.
¿Sueño o realidad?
Tras la confesión espontánea de Mari Luz, que originó el consiguiente revuelo familiar del que se defendió cambiando la versión original por un «en realidad, eso solo lo he soñado», el resto de los hermanos de Juan acudió al juzgado de guardia de Dénia y denunció los hechos. El asunto fue a reparto y cayó en la plaza 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dénia.
Comprobadas las fechas y la ausencia de un sospechoso o investigado en estas tres décadas, hizo lo único que podía hacer: archivar la denuncia por prescripción del delito. Y decirle a la familia «que si queríamos recuperar los restos de nuestro hermano, lo hiciéramos por nuestra cuenta, que buscásemos un albañil y pactásemos con la señora que vive ahora en la casa. No nos cabe en la cabeza. ¿Y las pruebas? ¿Y la contaminación de la escena si nos ponemos a excavar a lo loco?».
El abogado de los hermanos habló con el de la nueva propietaria y alcanzaron un primer acuerdo. Hasta pidieron presupuestos a empresas de construcción. Finalmente, «hablamos con un vecino nuestro, que es policía nacional, le contamos todo y nos está ayudando».
Fachada de la casa donde presuntamente está enterrado Juan desde 1993. / Alfons Padilla
Los primeros huesos
Esa ayuda se materializó el miércoles, 3 de junio, con el envío de agentes de la Policía Científica. El «sueño» de Mari Luz resultó ser muy real. Justo donde había dicho su madre que estaba enterrado su «Juanete», como le llama, hallaron «los primeros huesos, una pierna en cachitos, parece que es». Los encontraron los obreros y a partir de ahí acudieron los agentes para hacerse cargo de esos huesos fragmentados.
Los restos óseos serán remitidos al laboratorio de ADN de la Jefatura Superior de Policía de València para certificar que pertenecen, como apuntan todos los indicios, a Juan. Y que la muerte se produjo en 1993 y no más tarde. Para poder cotejarlo, los agentes ya han tomado muestras de saliva a la madre y a un hermano de la víctima para extraer su perfil genético y poder compararlo con el que se extraiga del fémur.
Lo siguiente ha sido montar un operativo para acudir a la casa con herramientas adecuadas para levantar las baldosas y el cemento y recuperar por completo el cadáver «para que podamos darle sepultura». Y algo más: para que ese sistema judicial que los hermanos consideran les ha «fallado» compruebe, con un adecuado examen forense que, efectivamente, la muerte de Juan data de hace 33 años, por lo que el delito como tal ha dejado de existir hace 13 años, en 2013.
Una placa de titanio
De momento, el resto del cuerpo permanece, parece ser, enterrado en ese patio trasero, cuya cobertura con baldosas fue obra de El Bulto antes de que se fueran de la casa, en 2000, ya a denuncia puesta, probablemente «para asegurarse de que no lo encontraran».
Además del ADN, hay una segunda vía posible de identificación. «Mi cuñado tenía una pequeña placa de titanio en una de las rodillas, que le habían operado. Y por eso tenía una pequeña cojera». Aunque en la primera remesa de huesos no ha sido localizada esa chapa metálica, la familia confía en que acabe apareciendo.
Todas las placas quirúrgicas están grabadas con su número de serie, único, por lo que es una vía técnicamente muy barata y efectiva para identificar los restos óseos de una persona, dado que esa numeración queda registrada en el hospital donde se ha realizado la cirugía.
