El Pacto de Migración y Asilo que la Unión Europea selló hace ahora dos años entra en vigor la próxima semana, certificando el endurecimiento de las políticas migratorias del bloque, pero la Comisión Europea ha reconocido este martes que la mitad de los países no están listos para aplicar la legislación.
La crisis de acogida de 2015, cuando más de un millón de personas llegaron a Europa huyendo de la guerra, en busca de refugio, dinamitó la política migratoria comunitaria. El sistema estaba tan desbordado que hacía imposible aplicar las normas. La confianza entre gobiernos se vio seriamente dañada. Como consecuencia, llevó casi una década negociar una reforma.
El resultado de esa negociación fue normas más estrictas que hacen más difícil quedarse en Europa. También son procedimientos acelerados para aquellas personas que se considera que vienen de países «seguros», y la externalización de buena parte de esas gestiones a las fronteras para evitar que los demandantes pisen territorio comunitario. Y, por otro lado, un modelo de solidaridad que permite pagar a cambio de no acoger.
Periodo de transición
Las normas entran en vigor el próximo 12 de junio, aunque algunas ya han empezado a aplicarse. Sin embargo, el propio Ejecutivo comunitario ha reconocido que muchos países no están listos para su aplicación. Bruselas da por hecho que llevará tiempo, aunque evita especificar cuánto, que esté totalmente operativo.
«Se han logrado avances en muchas áreas», ha explicado una alta fuente comunitaria. «También somos conscientes de que aún queda trabajo por hacer y no lo ocultamos», ha reconocido. El ejecutivo comunitario es consciente de que el nuevo marco comunitario «es bastante complejo» y supone una nueva forma de hacer las cosas en la UE.
Uno de los cambios más importantes que introduce el pacto es la creación de procedimientos acelerados en las fronteras. Esto permite analizar de manera rápida la situación de aquellas personas que lleguen al bloque de manera irregular sin que lleguen a pisar territorio comunitario, por ejemplo, cuando son rescatadas en el mar o interceptadas en una frontera.
«Quince Estados miembros ya han alcanzado la capacidad adecuada para el Procedimiento Fronterizo y tienen las instalaciones y el personal necesarios”, ha explicado una alta fuente comunitaria. Esto supone apenas la mitad de los países del bloque.
El resto, ha reconocido la misma fuente, tiene trabajo pendiente, ya sea para acabar la construcción de las infraestructuras, tener a punto las herramientas informáticas necesarias o incluso concluir los procesos legislativos a nivel nacional. Para tratar de acelerar el proceso, Bruselas trabaja con esos países más rezagados y, específicamente, aquellos más expuestos para ayudarles en el proceso.
Normas más duras
Las nuevas normas incluyen, por ejemplo, la armonización de las condiciones de acceso a la protección internacional y el asilo en la UE, integrando la Convención de Ginebra en el acervo comunitario. Pero también busca acelerar el proceso introduciendo criterios que van más allá, como, por ejemplo, estableciendo procedimientos acelerados cuando el demandante venga de un país con una ratio de reconocimiento inferior al 20%.
También se aplicará este procedimiento a las personas que vengan de lo que la UE considera ‘países seguros’. Una lista aprobada hace unos meses que incluye a Bangladesh, Colombia, Egipto, India, Kosovo, Marruecos o Túnez. Además, introduce sanciones si la persona en cuestión se desplaza a un país distinto de aquel en el que hizo la solicitud.
También permite la detención temporal de personas mientras se resuelva su situación o una vez exista una decisión negativa y una orden de retorno. También se podrán registrar datos biométricos de quienes lleguen de forma irregular al bloque, incluidos los menores.
Aunque no forma parte del pacto, el acuerdo alcanzado este lunes para una nueva directiva de retornos permitirá enviar a personas sin permiso para permanecer en el territorio a centros fuera de la UE. En la práctica, esta opción podrá aplicarse a personas que estén de manera ilegal en territorio europeo y se nieguen a marcharse, o cuando su país de origen no quiera acogerlas.
Solidaridad o cheque
Los países en primera línea, desde España hasta Grecia, son a menudo quienes más carga asumen en la gestión de los flujos migratorios. Para tratar de hacer frente a esta situación de manera estructurada, la Comisión propuso la creación de un ‘mecanismo de solidaridad’. Los países sometidos a una mayor presión podrán solicitar ayuda. El resto podrá decidir si opta por acoger a un porcentaje de las personas migrantes o contribuye con expertos o ayuda económica para hacer frente a la situación.
En noviembre del año pasado, la Comisión publicó su primer informe sobre la aplicación del pacto migratorio. Por primera vez evaluó la situación en el bloque. El Ejecutivo determinó que España se enfrentaba «a un número desproporcionado de llegadas» y podía pedir ayuda. Pero ese apoyo no se concretará hasta que la normativa entre en vigor este junio.
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