En los tejados de la casa consistorial de València, sede del ayuntamiento del Cap i Casal, ha aparecido una pelota. Esta lleva una inscripción: acampada del profesorado en la plaza de la Virgen. Allí la ha situado la Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana este martes horas después de que la propia alcaldesa de la localidad, María José Catalá, pusiera el foco en la institución estatal, encabezada por la socialista Pilar Bernabé, y en concreto en la Policía Nacional para tomar decisiones y buscar una solución.
La protesta en forma de acampada del profesorado ha añadido una nueva derivada a la batalla política que está suponiendo la huelga educativa, esta vez, centrada en la ciudad de València y uno de sus espacios icónicos, la plaza de la Virgen. En ella se organizan gran parte de las celebraciones del Corpus cuyos días más importantes van desde este mismo jueves hasta el próximo domingo, motivo por el que la alcaldesa de la localidad ha solicitado una reunión a la Delegación de Gobierno situando a la Policía Nacional, dependiente del Gobierno central, como responsable.
Sin embargo, esa responsabilidad ha encontrado la réplica de la propia Delegación de Gobierno que ha devuelto la pelota a su tejado. Así, según fuentes de esta institución, «todo elemento de ocupación de la vía pública debe tener la autorización del Ayuntamiento» por lo que su incumplimiento «será una falta administrativa que el consistorio deberá proceder a resolver acorde a su propia normativa». Para ello, Delegación de Gobierno cita las ordenanzas municipales, desde la Ordenanza Reguladora de la Ocupación del Dominio Público Municipal que señala que la competencia para la retirada de elementos en la vía pública es municipal y la Ordenanza de Parques y Jardines donde se especifica que se se prohíbe la pernocta y la acampada.
Acampada por la educación pública en la Plaza de la Virgen de València. / EUROPA PRESS
«La Delegación del Gobierno garantiza la protección del derecho de reunión», agregan fuentes del organismo gubernamental que se acogen al artículo 23.1 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana en la que se indica que las autoridades «adoptarán las medidas necesarias para proteger la celebración de reuniones y manifestaciones, impidiendo que se perturbe la seguridad ciudadana». «La Delegación del Gobierno deberá garantizar el derecho fundamental de reunión así como la seguridad de quienes lo ejercen y de quienes transitan alrededor», indican al tiempo que concluyen: «En ello seguiremos trabajando».
Carrera electoral
Las respuestas de la Delegación de Gobierno, con referencias constantes a las distintas normativas estatales y locales, se resumen básicamente en que no actuarán contra la acampada y en señalar que ha de ser el Ayuntamiento de València y Catalá los que se encargue de buscar una solución. Esto va en línea opuesta a lo dicho por la alcaldesa por la mañana que al hablar de la protesta y la dificultad para celebrar los festejos del Corpus en su 700 aniversario evitó concretar si había pedido el desalojo y se limitó a decir que se trata de una manifestación «reivindicativa» y que, por tanto, corresponde a la Policía Nacional tomar decisiones y buscar una solución.
El choque, además de por la operatividad que supone para el grupo de profesores que prostestan a los pies del Palau de la Generalitat, tiene su vertiente política municipal. Al frente de la Delegación de Gobierno está Pilar Bernabé quien será la próxima candidata del PSPV a la alcaldía y, por tanto, rival de Catalá que ya ha mostrado su predisposición de ser la cabeza de cartel del PPCV y optar a un segundo mandato. El conflicto retrotrae la vista a Fallas con el tema de los Cercanías o al consejo de administración de Parc Central donde la colisión entre administraciones dibujaba de fondo la carrera por la vara de mando.
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