Tras los distintos casos judiciales que van desde la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a la entrada de la UCO en la sede federal del PSOE, las cabeceras de Prensa Ibérica han testado cómo se viven estos momentos y el liderazgo de Pedro Sánchez en las federaciones socialistas. El debate entre adelantar las elecciones generales o mantener el calendario como quiere Ferraz está abierto y ha calado en multitud de ayuntamientos y organizaciones regionales.
Con el contexto de los datos electorales que ha cosechado el partido en las elecciones autonómicas celebradas en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, donde han cosechado sonoros batacazos, con la excepción castellano y leonesa. Y el horizonte de las municipales y autonómicas fijadas en mayo de 2027.
Sin tregua. El PSOE andaluz no ha tenido tiempo ni de encajar la derrota histórica del 17 de mayo. Apenas 48 horas después de que María Jesús Montero firmara el peor resultado de los socialistas en unas autonómicas andaluzas, con 28 escaños, estallaba la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra. El expresidente, referente moral para buena parte de la izquierda y muy presente en la campaña andaluza, pasó en cuestión de días de llenar mítines a convertirse en el primer expresidente del Gobierno investigado en democracia en una causa de presunta corrupción.
El estado de ánimo en la federación andaluza es fácil de resumir: abatimiento, desconcierto y repliegue. Al golpe electoral de Montero se suma ahora la onda expansiva de los frentes judiciales que cercan al PSOE nacional. La prioridad, coinciden cuadros del partido consultados, ya no es discutir liderazgos ni abrir debates orgánicos, sino salvar lo que queda: las diputaciones de Sevilla y Jaén y el poder municipal conquistado en 2023. Los alcaldes son quienes están ahora en primera línea y quienes temen que el ruido judicial termine por hundir sus expectativas en 2027.
En el PSOE-A, además, pesa el silencio. No ha habido una comunicación interna clara de Montero a los líderes provinciales, a su ejecutiva ni a los alcaldes. La consigna, de momento, es cerrar filas y aguantar. Nadie quiere aparecer como responsable de una guerra interna con el partido en su momento de mayor debilidad.
Entre los regidores socialistas se impone una idea: cuanto más se pegue el calendario municipal al desgaste de Pedro Sánchez, mayor será el riesgo. Ningún alcalde importante desea un superdomingo electoral. Preferirían que las generales llegaran antes, que Sánchez absorbiera el golpe de los escándalos y que mayo de 2027 pudiera afrontarse con menos hipotecas. Pero casi todos admiten en privado que una convocatoria ahora sería una temeridad. El aroma de fin de ciclo lo impregna todo. La consigna es resistir en los ayuntamientos y pensar después cómo reconstruir el PSOE andaluz.
La federación socialista valenciana ha pasado en pocos años del enfrentamiento con la dirección federal en la primera etapa de Ximo Puig a, tras una larga transición, ser una de las más netamente sanchistas: una ministra, Diana Morant, en la Secretaría General; la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, como apuesta electoral en la capital, y Rebeca Torró como número tres del partido a nivel federal.
Un portavoz oficial del PSPV evidencia el cierre de filas con Ferraz y Moncloa y llama a templar los ánimos: “Calma y tranquilidad. El clima no es el mejor, pero dejemos actuar a la justicia y sigamos trabajando”. Los socialistas valencianos mantienen una hoja de ruta que busca centrar la atención en el estado de los servicios públicos valencianos, con los profesores y los médicos en la calle, y con el PP llegando a acuerdos con Vox que asumen la “prioridad nacional”. “En cada territorio la situación es distinta y aquí la vida continúa”, señalan sin entrar en el calendario electoral: “La decisión de convocar elecciones o una moción de confianza corresponde al presidente”, apuntan con la vista puesta en el Comité Federal del 27 de junio que lanzará el calendario de primarias para las autonómicas y municipales.
Fuera de la sede, una fuente del PSPV reconoce que la sensación es de “incertidumbre, decepción y preocupación”. “Especialmente incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar mañana”, opina tras la nueva entrada de la UCO en Ferraz. Ha sido un nuevo shock para las bases socialistas, ya impactadas por la investigación a Zapatero, “el factor movilizador, el corazón del partido en los últimos años”.
Respecto al calendario electoral, varios alcaldes y portavoces consultados coinciden en la necesidad de distanciar las generales de las municipales y autonómicas. “Ni superdomingo ni primera vuelta”, resume uno de ellos. No quieren que se haga coincidir las legislativas con la cita municipal; pero tampoco que se dejen para más allá de junio de 2027 las elecciones generales. Temen que vuelva a suceder como en 2023, cuando se votó a los alcaldes y a los barones territoriales en un clima de plebiscito contra Sánchez. El PSPV perdió la Generalitat.
La entrada de la UCO en Ferraz y la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero la semana pasada han sacudido al PSOE madrileño. Como reconoce un diputado en la Asamblea de Madrid, si lo primero es «muy preocupante», lo segundo ha sido «jodido, emocionalmente duro para la militancia» por el ascendente que el expresidente conserva en las filas socialistas.
Desde la dirección regional se admite que es un momento delicado, pero se pide «tranquilidad» y se aprietan filas en torno a Sánchez. «Que nadie espere en esta federación otra cosa que apoyo a este Gobierno», transmiten.
El secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha sido, de hecho, de los primeros ministros en pronunciarse. Antes de que Óscar Puente afirmara que «se quiere derribar a un Gobierno con métodos no democráticos», el titular de Transformación Digital y Función Pública ya había manifestado sus recelos ante la concatenación tan seguida de actuaciones judiciales. «Cuanto más mayor se hace uno, menos cree en las coincidencias», señalaba.
El entorno de López descarta, en cualquier caso, un adelanto de las generales, que creen que no beneficiaría en nada al PSOE, e insiste en esa llamada a la tranquilidad de cara a las municipales y autonómicas, para las que, recuerdan, aún queda un año. El partido centrará sus esfuerzos en el cinturón sur, donde conserva alcaldías de peso como Alcorcón, Getafe, Fuenlabrada o Parla.
En cuanto a las autonómicas, dan por hecho que recuperarán su posición como primera fuerza progresista, cedida ante Más Madrid, y confían en el desgaste de Isabel Díaz Ayuso, cuya mayoría absoluta ven imposible que vaya a revalidar. Sobre el potencial rechazo de la figura de Pedro Sánchez, entienden que puede tener cierto efecto movilizador en la derecha, pero en ningún caso desmovilizador entre su propio electorado. Al contrario, lo siguen viendo como un activo.
El terremoto judicial que cerca al PSOE ha sacudido el estado de ánimo del PSC, especialmente en los cuadros medios del partido. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha salido sin cortapisas a denunciar que hay una intencionalidad política detrás de la hiperactividad de los tribunales y del hecho de que la Audiencia Nacional haya puesto en el foco en la campaña del PSC de 2024 ha soliviantado a los socialistas catalanes. Pero eso no obsta que haya dirigentes que empiezan a manifestar preocupación por el apoyo incondicional y sin matices a Ferraz y por el hecho de que el desgaste que sufre el PSOE acabe impactando también en Cataluña y en las elecciones municipales. “El clima empieza a complicarse”, asegura una de esas voces.
La investigación a Zapatero, figura históricamente alabada por los socialistas catalanes y que suele tener un papel destacado en las campañas, ha sido, reconocen, un golpe moral “duro”. “Cataluña era una isla, pero han tocado a Zapatero”, lamentan. Sin embargo, la orden de Illa y de su cúpula es la de mantener prietas las filas, no sucumbir al desánimo y seguir ejerciendo de locomotora del socialismo a nivel estatal. Hasta el punto de considerar que, aunque ahora no lo parezca, la situación puede ser “remontable” cuando se pongan las urnas.
Y es que la percepción de los que están en la sala de máquinas es que, por más que cargos del partido y alcaldables teman un cambio en la inercia positiva que el PSC ha tenido en las urnas en los últimos años, el militante y, sobre todo, el votante, comparte la tesis de que tanta coincidencia judicial no puede ser una casualidad. “Esto compacta y puede ser incluso un revulsivo”, aseguran desde la dirección del partido, donde dan por descontado que Sánchez va a agotar la legislatura. El Govern así lo espera, y más teniendo en cuenta que buena parte de los proyectos que garantizan a Illa el apoyo de ERC en la legislatura dependen, en buena parte, de que el PSOE no pierda la Moncloa.
Si hay una federación con voz propia y eminentemente crítica en el PSOE es la de Castilla-La Mancha. El presidente regional, Emiliano García-Page, es el único socialista que gobierna una comunidad con mayoría absoluta y el único también que habla sin hipotecas y sin miedo a discrepar con la línea oficial de Ferraz. Tanto es así, que esta misma semana García-Page ha pedido a Pedro Sánchez que convoque elecciones anticipadas o que se presente a una cuestión de confianza en el Congreso porque considera que «estamos en el momento de mayor riesgo para el PSOE de toda la democracia».
Page ha exigido abiertamente que adelante las elecciones generales porque «no puede ser que termine hundiéndose en la trinchera toda la infantería porque simple y llanamente siga existiendo el cuartel general». En su opinión y con el calendario actual, con las elecciones municipales en mayo y las generales en verano, los alcaldes y candidatos autonómicos y municipales van a sufrir el «voto de castigo» por la corrupción que ahora asola al Gobierno y al PSOE.
Hace 10 años, cuando García-Page formó parte del equipo de barones y dirigentes socialistas que forzaron la dimisión de Sánchez en el famoso Comité Federal del 1 de octubre, la relación entre el presidente autonómico y Sánchez se rompió para siempre. El barón socialista es contrario a los acuerdos del Ejecutivo con los independentistas catalanes y vascos y no mantiene prácticamente ninguna interlocución con el secretario general del partido.
El PSOE castellano-manchego es la cuarta federación socialista en militantes, con más de 11.000 y solo por detrás de las de Andalucía, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid. García-Page goza además de una evidente popularidad y un evidente tirón electoral. En las elecciones autonómicas de 2023, en Castilla-La Mancha pasó lo contrario de lo que ocurrió en el resto de las CCAA. García-Page ganó los comicios en mayo con el 45,06% de los votos y Pedro Sánchez, solo dos meses después, perdió las generales en la región con un porcentaje de votos 11 puntos inferior, el 34,16%.
La persona referente de los sanchistas de Castilla-La Mancha se sienta en el Consejo de Ministros. La ministra de Educación, Milagros Tolón, fue antes alcaldesa de Toledo y delegada del Gobierno en la región y es un firme apoyo del presidente del Gobierno.
La dirección del PSdeG-PSOE rechaza que Pedro Sánchez deba convocar elecciones anticipadas pese al impacto político de los casos de corrupción que acorralan al PSOE. El secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, sostiene que “España, y por tanto también Galicia, no necesita un adelanto electoral” y defiende que la legislatura debe agotarse para preservar la estabilidad y mantener la acción del Gobierno.
Besteiro afirma que Galicia “está avanzando de la mano del Gobierno de Pedro Sánchez” y cita como ejemplos las bonificaciones de la AP-9, las mejoras ferroviarias, los fondos europeos, los Perte industriales, las políticas de vivienda, la subida del salario mínimo y la revalorización de las pensiones. A su juicio, unas elecciones ahora solo servirían para “frenar avances”, generar inestabilidad y apartar el foco de los problemas reales. “Ni adelantos, ni atajos”, resume.
Frente a esta posición oficial, cargos del PSdeG expresan una visión mucho más crítica y más desoladora, y consideran “imprescindible poner fin a esta etapa”. Estas voces advierten de que el partido puede quedar en una situación de “tierra quemada” y de que el desgaste del Gobierno central puede arrastrar al PSOE en las elecciones municipales y autonómicas de 2027. Se preguntan si “tiene sentido resistir en la Moncloa para que el tsunami arrase a todo el partido en las elecciones municipales y autonómicas” del año que viene. “¿Tiene sentido esta agonía a costa de destrozar al partido en el territorio?», remarcan.
“El PSOE es mucho más importante que mantener a toda costa el Palacio de la Moncloa”, señalan estas fuentes, que cuestionan prolongar la legislatura cuando, afirman, “no se puede aprobar nada en el Congreso” ni sacar adelante presupuestos. También advierten de que las noticias que erosionan la imagen del PSOE deprimen al partido y pueden dañar su implantación territorial.
El debate refleja dos diagnósticos contrapuestos: la dirección del PSdeG cierra filas con Sánchez y apuesta por la estabilidad, la continuidad y la defensa de la gestión de Sánchez, mientras los dirigentes críticos creen que resistir puede tener un coste mayor que abrir una nueva etapa.
En la federación extremeña del PSOE se impone una lectura prudente, más de contención que de ofensiva. Álvaro Sánchez Cotrina no se ha pronunciado en público sobre la crisis nacional más allá de la valoración institucional del partido, una forma de medir cada paso en un momento especialmente delicado para su recién estrenado liderazgo.
La tormenta de Ferraz llega en el peor momento posible, justo cuando el partido empieza a reconstruirse tras su mayor revés en las urnas y con una derivada especialmente sensible en Extremadura: el juicio por el caso David Sánchez. La causa, con epicentro en la Diputación de Badajoz, añade presión propia a una federación que intenta abrir etapa sin quedar atrapada en el ruido nacional.
En público, la consigna es cerrar filas, defender la presunción de inocencia, marcar respeto a la justicia y evitar que la agenda de Ferraz sepulte el discurso territorial. En privado, sin embargo, se admite que el clima nacional complica la tarea de armar una alternativa frente al pacto de PP y Vox sin que cada mensaje quede contaminado por Madrid.
La posición mayoritaria no pasa por reclamar un adelanto electoral. La prioridad es ganar tiempo. Unas generales precipitadas obligarían al partido a volver a una campaña en clave Sánchez antes incluso de que Cotrina haya consolidado una voz propia. El secretario regional ha expresado además su deseo de que unas generales no coincidan con las municipales. Ese matiz no es menor en un dirigente de marcado perfil municipalista y empeñado en reivindicar la política de proximidad como seña de identidad. Las municipales serán su primera gran prueba de fuego para demostrar si la renovación orgánica se traduce efectivamente en implantación territorial.
El problema para el nuevo líder extremeño es que su desembarco quedó ligado a dos elementos ahora delicados: José Luis Rodríguez Zapatero, que fue su aval político en el congreso regional, y la ausencia de Pedro Sánchez, que permitió leer su liderazgo en clave de cierta autonomía respecto a Ferraz. Esa distancia puede ayudarle a protegerse, pero también le obliga a caminar sobre una línea estrecha: no aparecer como un dirigente tutelado por Madrid, sin dar la imagen de que se desmarca por cálculo.
El temor al castigo existe, aunque se formula con cautela. Los dirigentes socialistas saben que la situación nacional puede dificultar la recuperación del voto progresista y frenar el intento de reconstruir centralidad. Cotrina encarna una renovación generacional y no carga con años de desgaste autonómico propio, pero su liderazgo arranca bajo una presión política que no controla y que puede condicionar sus primeros pasos.
Tanto delante como detrás de los micrófonos, los socialistas de Castilla y León reconocen que en la comunidad hay opiniones muy dispares sobre si la Legislatura debería continuar o se tendría que convocar elecciones. Hasta el propio secretario general del PSOE en esta región, Carlos Martínez, remarca que “para gustos los colores” y que las posiciones en muchas ocasiones “dependen de intereses territoriales y políticos”. Pero a pesar de las voces dispares, la federación cierra filas con Ferraz.
Dicen de cara al público “estar tranquilos”, pero de puertas hacia dentro hay más nervios y aparecen más dudas. Son muchos los que defienden con vehemencia que detrás de todos los casos judiciales lo que hay es una campaña de desprestigio urdida por “las malas artes” del Partido Popular, pero también hay quiénes temen que esa explicación sea “una excusa”.
Reconocen que la situación de cara a la sociedad es complicada, y Martínez lo expresa abiertamente: unos comicios en estos momentos “sería pegarse un tiro en la rodilla”. En cuanto a las elecciones municipales, que ya se ven en el horizonte, Martínez lamenta que el ruido “tapa la gestión eficiente de las alcaldías”, pero “aún queda tiempo”.
El secretario general del PSOECyL es de los que “se moja” en sus declaraciones (incluso reconociendo que se tendrá que tragar sus palabras de apoyo a Zapatero si se acaba demostrando su implicación), y aunque insiste en que las generales deben celebrarse “cuando toquen”, ha mostrado su confianza en Sánchez y su total disposición y apoyo a cualquier decisión que tome la dirección diciendo que el presidente “se ha ganado la potestad, desde el punto de vista legal y moral, de decidir la fecha de los comicios”. “Cuando Sánchez ha tenido que sorprendernos, ha sorprendido, y ha sido para bien”, ha sentenciado.
En Asturias, la crisis abierta en el PSOE por las investigaciones judiciales que afectan al partido no ha llevado a la dirección de la Federación Socialista Asturiana (FSA) a plantear un adelanto electoral en Asturias. En los niveles altos de la organización, esa posibilidad no se ha puesto de momento sobre la mesa, ni siquiera entre los sectores más críticos. Sin embargo empieza a crecer el debate hasta ahora apenas verbalizado: si al socialismo asturiano le conviene concurrir a las autonómicas al mismo tiempo que Pedro Sánchez se juega la continuidad en La Moncloa.
La posición oficial sigue siendo la de cerrar filas. Aunque desde la FSA no quisieron pronunciarse al respecto, el presidente del Principado y secretario general de la FSA, Adrián Barbón, no tuvo más remedio que hacerlo en la Junta General ante una pregunta de Vox. El líder de los socialistas asturianos defendió que el PSOE es una organización “limpia y digna” y separó los comportamientos de antiguos dirigentes de la trayectoria del partido. “El PSOE no son x dirigentes”, sentenció.
Por su parte, la delegada del Gobierno y vicesecretaria general de Acción Política e Institucional de la FSA, Adriana Lastra, se alineó con lo dicho por el presidente del Ejecutivo. “Las elecciones en este país son cada cuatro años. Nos queda todavía un año para las elecciones generales y este Gobierno va a seguir gobernando hasta el último día”, afirmó, añadiendo que, en su opinión, “la estabilidad del Ejecutivo está garantizada”.
Ambos mensajes apuntan a la misma línea: resistencia institucional, colaboración con la justicia y rechazo a convertir los procedimientos abiertos en una enmienda general al socialismo.
Pero bajo esa disciplina pública empieza a moverse otra reflexión. En sectores de base y entre algunos históricos se escucha ya que una coincidencia de elecciones generales y autonómicas podría convertir la campaña asturiana en un plebiscito sobre Ferraz.
El argumento de quienes ven con buenos ojos separar calendarios es sencillo: si el foco nacional monopoliza la campaña, la gestión del Principado quedaría subordinada a los casos que rodean al PSOE. En ese escenario, la oposición tendría menos incentivos para discutir sobre sanidad, industria, infraestructuras o financiación autonómica, y más para situar a Barbón bajo la sombra de los asuntos judiciales que golpean al partido en Madrid.
El PSOE de Canarias no se desmarca ni un ápice del calendario electoral diseñado por Pedro Sánchez y defiende que las elecciones generales deben celebrarse en julio de 2027 y no en función de intereses coyunturales o presiones partidistas.
La secretaria de Organización del PSOE canario, Nira Fierro, subrayó que la posición de los socialistas canarios es clara: “mantenemos que las elecciones deben celebrarse cuando correspondan. Respetamos otras posiciones, pero creemos que lo democrático es cumplir los tiempos marcados en las urnas y garantizar estabilidad institucional. El país está avanzando y a este Gobierno le queda mucho por hacer”.
Con estas declaraciones, Fierro sitúa al PSOE de Canarias en la misma línea marcada por Sánchez, partidario de agotar los plazos de la legislatura y mantener la acción de gobierno hasta la convocatoria electoral ordinaria. Desde la dirección socialista en las Islas se insiste en que la estabilidad institucional es clave para consolidar las políticas públicas en marcha y seguir avanzando en derechos, empleo, cohesión social y recuperación económica.
No es extraña esta posición, ya que el PSOE canario es sanchista hasta la médula, pues no en vano su máximo dirigente es el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, una de las personas bendecidas por el máximo dirigente federal e inquilino de Moncloa.
Sin oposición interna y con el añadido de que la izquierda a su izquierda es inexistente, Torres es el indiscutible candidato a la Presidencia del Gobierno del archipiélago para los comicios que celebrará Canarias en mayo de 2027, pues el ministro ha pergeñado una dirección regional a su imagen y semejanza -y, por ende, fiel al presidente Sánchez- y sin críticos a su persona, dejando atrás los momentos convulsos que los socialistas vivieron en 2016, cuando el partido quedó en manos de una gestora por la dimisión de José Miguel Pérez como secretario general.
Tanto es así que Fierro también asume casi de forma mimética el mensaje lanzado de forma reiterada por Sánchez desde que se conoció la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero: “máximo respeto a las actuaciones judiciales” y una “absoluta disposición a colaborar con la Justicia”, al tiempo que defiende que el partido actuará “con contundencia ante cualquier comportamiento irregular, si lo hubiera”.
Desde el PSOE canario se remarca que la prioridad política pasa ahora por mantener la estabilidad, respetar los tiempos democráticos y continuar desarrollando la agenda del Gobierno. La dirección regional considera que adelantar debates electorales solo contribuye a generar ruido político cuando la ciudadanía reclama gestión y respuestas precisas a sus problemas cotidianos.
Hay dos almas y dos discursos paralelos instalados en el PSOE de Aragón tras las investigaciones judiciales y la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Después de la petición de «respeto a la presunción de inocencia» que lanzaron la actual secretaria general, Pilar Alegría, y quien fuera secretario de Organización de Zapatero entre 2010 y 2012, el expresidente aragonés Marcelino Iglesias, las corrientes del partido viven estas horas complicadas con distintas sensaciones.
Los más sanchistas se creen y defienden la teoría de la «persecución judicial y política» contra Pedro Sánchez. Otras voces hablan de «shock generalizado porque Zapatero era un referente». Las dos visiones coexisten en la federación aragonesa, que es oficialmente sanchista desde hace poco más de un año, desde que Alegría llegó a la dirección, pero en la que quedan voces soterradas y críticas. Eso sí, nadie habla abiertamente de pedir elecciones a Sánchez.
«Llega un momento en el que las cosas ya ni se comentan. La gente no se fía de nadie. Y es que se junta todo: lo de Ferraz, lo de Zapatero…», comenta un alto cargo que encuentra los calificativos de «sorpresa, hastío y dolor» para esta situación. Después de igualar el peor resultado electoral del PSOE en las pasadas elecciones autonómicas, otros defienden la entereza de Sánchez frente al ataque de la derecha. «Feijóo no se atreve a presentar una moción de censura y quiere que se lo den todo hecho para llegar a Moncloa», comenta un sanchista convencido, que no se cree prácticamente nada de las investigaciones.
En el ala más crítica del PSOE aragonés hay quien constata que «no hay ninguna corriente alternativa con fuerza» que pueda exigirle a Sánchez elecciones o disputarle el liderazgo. Muchos comparten la «sensación de desamparo» en un organigrama territorial controlado por Ferraz. En Aragón, hace una semana perdió su cargo la última lambanista, Mayte Pérez, al salir del Senado. Ella criticó la «deriva» del partido sin pedir elecciones. En el PSOE de Aragón hay dos almas que conviven y aguantan con dudas un futuro muy incierto.
Ante los problemas judiciales se hace casi imposible obtener declaraciones al respecto del aparato en la Región de Murcia. Su secretario general y antes diputado, Francisco Lucas, que ejerce también como delegado del Gobierno, llegó a manifestar su “máximo respeto para la justicia” y su “máximo respeto para la presunción de inocencia” de Zapatero, envuelto en las ramificaciones de la investigación del rescate a la compañía Plus Ultra. Más allá de eso, Lucas declaró que no le “gusta” entrar en más valoraciones.
El PSOE regional, sin embargo, está centrando todos sus esfuerzos estas semanas en atacar al Gobierno regional y, en concreto, a la Consejería de Salud autonómica por la conocida como trama de las prótesis, un fraude millonario al Servicio Murciano de Salud (SMS) que habría causado un perjuicio económico de casi siete millones de euros. Cualquier pregunta sobre la corrupción que afecta a Ferraz se desvía automáticamente hacia esta investigación. “La única trama criminal que ha puesto en riesgo la vida y la salud de la ciudadanía de la Región de Murcia es la que hay ahora mismo en el SMS, y quien está mintiendo y tapando esta trama es el Gobierno de López Miras”, señaló, sorteando la pregunta sobre Zapatero y el papel del murciano Pedro Saura, exsecretario de Estado de Ábalos, pudo haber jugado en el rescate de la aerolínea hispanovenezolana.
“Entiendo la preocupación y el interés político por otras cuestiones, pero estamos ante una situación y ante unos hechos de la máxima gravedad. Por mucho que el Gobierno de López Miras intente restarle importancia y presionar para que no se conozca, el Partido Socialista va a llegar hasta el final”, concluyó.
Fuentes oficiales añaden que el Gobierno de España ha demostrado durante esta legislatura su “capacidad de alcanzar acuerdos para hacer avanzar al país”, poniendo como ejemplo las cifras “históricas” de ocupados, con 22,4 millones; el Plan de Acción Social del Clima, con 9.000 millones de euros; o el Plan Estatal de Vivienda. “Esa es la vocación de un Gobierno que pretende cada día mejorar la vida de la gente y esta va a ser la acción de este gobierno hasta el último día que acabe la legislatura, incluso más allá de 2027”, señalan, en línea con la dirección nacional.
Francisco Lucas es un hombre de la confianza de Pedro Sánchez, y a su toma de posesión como secretario general del PSRM acudió el entonces secretario de Organización Santos Cerdán. Su futuro está ligado a quien continúa en Moncloa y las críticas hacia su gestión son inexistentes en público. Ningún socialista murciano se ha atrevido a pedir un adelanto de las elecciones.
Los socialistas vascos han sufrido con especial angustia la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, hasta ahora un sólido referente para todo el PSE-EE y para gran parte de la sociedad vasca por su papel en el fin de ETA. Pero a pesar de este duro golpe y de la acumulación de procesos judiciales, no hay un debate abierto sobre la necesidad de adelantar las elecciones generales, como aseguran tanto en la dirección como algunos cuadros locales. El secretario general, Eneko Andueza, ha dicho claramente que ve «firme y fuerte» a Pedro Sánchez, a pesar de las fortísimas tormentas judiciales de Madrid, y que no cree que pueda haber elecciones generales en 2026.
Al contrario que en otras federaciones, los pactos del Gobierno de Sánchez con ERC, PNV o Bildu son vistos con toda normalidad en el País Vasco, donde los socialistas gobiernan el Ejecutivo de Vitoria con los jetzales. Además, también al contrario de lo que pasa en otros ámbitos, el tirón de Sánchez en Euskadi es mayor que el que tienen casi todos los candidatos socialistas locales, con lo que el resultado del PSOE en las generales suele ser mejor que en las municipales y en las autonómicas vascas. De hecho, en las generales de 2023, el PSE-EE ganó las elecciones con el 25,27% de los votos. Solo dos meses antes, en las municipales, fue tercero tras el PNV y EH Bildu.
A pesar del ruido nacional, el PSE-EE tiene buenas expectativas para las municipales de 2027. Ahora tiene alcaldes en 14 ciudades que concentran el 20% de la población. Su objetivo es superar al PNV en San Sebastián y encabezar el equipo de gobierno que ahora comparte con los nacionalistas y ganar nuevas localidades de la margen izquierda vizcaína. Fuentes del PSE admiten que lo que podría beneficiar a sus candidatos sería unir las elecciones generales con las locales en un superdomingo, porque movilizaría más al votante socialista. La alternativa a Sánchez en Moncloa se ve como «muy poco atractiva en Euskadi», aseguran. No en vano el PP y Vox solo suman ocho diputados de 75 que tiene el Parlamento vasco, poco más de un 10%. «El superdomingo vendría bien, pero tampoco estamos trabajando con esa hipótesis», explican desde la sede socialista en Bilbao, que se adaptará al calendario que marquen Moncloa y Ferraz.
La dirección del PSOE de Cantabria tiene claro su alineamiento total con Pedro Sánchez. El secretario general, Pedro Casares, es el delegado del Gobierno y antes fue diputado nacional. El propio presidente del Ejecutivo asistió en 2025 al congreso regional del partido para encumbrar como líder regional a «uno de los mejores diputados socialistas en el Congreso», dijo. Y Casares devuelve ese apoyo con fidelidad a la doctrina de La Moncloa. Fuentes de la formación añaden, sin embargo, que la federación sigue profundamente dividida desde las primarias del año pasado, que Casares ganó a Pablo Zuloaga. Y en los dos bandos hay sanchistas y también cuadros que se muestran decepcionados y abochornados por la sombra de la corrupción y la marcha de los acontecimientos de estos días.
El secretario general regional ha defendido públicamente esta semana que Sánchez agote la legislatura porque «lo normal es que duren cuatro años» ya que lo contrario produce «inestabilidad política», como se está viendo en las comunidades del PP donde se han adelantado las elecciones.
Lo que no niega nadie en Cantabria es el «profundo hartazgo» y el «desasosiego» que están produciendo en la militancia y en los simpatizantes socialistas. Fuentes del PSOE cántabro admiten que hay candidatos municipales que prefieren que las elecciones generales se celebren en otoño, antes de las municipales, para que los alcaldes y cabezas de lista «no reciban un voto de castigo al Gobierno» y para poder después «regionalizar y municipalizar el discurso en las autonómicas y municipales y que no se hable solo del ruido nacional y de los escándalos de estos días».
Aun así, el PSOE «ya no es el mismo partido de hace 12 ó 15 años, cuando Zapatero o Rubalcaba, por entonces los cuadros eran mucho más políticos», explican fuentes del PSOE de Cantabria a este diario. Los nuevos militantes y dirigentes locales y territoriales «tienen mucho menos perfil y están muy desdibujados», por lo que «no hay un debate extendido y abierto sobre la fecha electoral», aseguran esas fuentes.
El PSOE gobierna Navarra con la confianza de volver a revalidar el Gobierno Foral en 2027, según todas las encuestas. El partido que dirige la presidenta foral, María Chivite, mira con «honda preocupación» la imputación de Zapatero o las investigaciones judiciales en torno al Partido Socialista, pero con algo más de distancia que en otros territorios. «Nosotros tenemos estabilidad, con siete presupuestos en siete años, gobernamos con una mayoría parlamentaria de 30 escaños sobre 50 y aspiramos a seguir igual o mejor tras las autonómicas de mayo», aseguran fuentes del Ejecutivo socialista navarro, «aquí los terremotos de Madrid llegan amortiguados».
Este mismo sábado, Chivite ha anunciado su candidatura para volver a presidir la comunidad, que dirige desde 2019 en coalición con Geroa Bai y con el apoyo parlamentario de EH Bildu. En su discurso ante el Comité Regional, Chivite remarcó su respeto a la justicia, su mensaje de máxima colaboración con los tribunales y también una defensa cerrada de la presunción de inocencia.
La dirección del PSOE navarro está en línea con Ferraz. En parte lo demuestra que la propia portavoz del Gobierno de España, Elma Saiz, procede de la Ejecutiva regional navarra que dirige Chivite.
Hace un año, el estallido del caso Cerdán hizo temblar los cimientos del PSN e incluso del Gobierno foral. Chivite terminó por prescindir de su ‘número dos’ Ramón Algorriz. Entonces se destacó que la supuesta trama de corrupción en la que estaba implicado Cerdán -que fue secretario de Organización del PSN- ahora expulsado había comenzado en la comunidad. Sin embargo, un año después de que el Parlamento foral abriera una comisión de investigación sobre las obras del túnel de Belate, supuestamente amañadas, nada se ha podido demostrar después de que hayan comparecido más de 60 personas. «Ahora ya se puede decir que no hay asomo de corrupción política en la comunidad, al margen de lo que luego comenzara a hacer en Madrid», explican desde el PSN.
Los candidatos a las alcaldías en las elecciones municipales esperan que en mayo de 2027 el ruido político nacional sea menor, para que se pueda hablar de los ayuntamientos, del territorio y de los problemas propios de los municipios y de la comunidad autónoma. Pero aunque algunos de ellos sean partidarios de que se adelanten las generales precisamente con ese objetivo, tampoco hay un debate abierto sobre este tema en el seno del PSN.
El PSOE de La Rioja sufre como los de las dos castillas las consecuencias electorales de los escándalos de Madrid de forma que los problemas locales o regionales aparecen siempre orillados ante el ruido político nacional. Fuentes de la anterior dirección del partido explican que la mayoría de los candidatos y alcaldes socialistas de la región son partidarios de adelantar las elecciones generales para que la política nacional no lo contamine todo y se lleve a los candidatos socialistas por delante.
Además, parece haber un rechazo general a la posibilidad de que se celebre un superdomingo en mayo de 2027 con una triple urna (generales, autonómicas y municipales) que podría «arrastrarnos a todos», según fuentes del PSOE riojano.
El secretario general de los socialistas riojanos, Javier García, confirma que la formación, sus cuadros y sus militantes «siguen en shock» tras la imputación de Zapatero y los procesos judiciales que se multiplican en torno al PSOE. Aunque él prefiere mostrar «prudencia» hasta que «podamos escuchar cómo explica Zapatero las acusaciones que desliza el auto» y defiende su presunción de inocencia. García rechaza, eso sí, las voces que desde dentro del PSOE han hablado de una conspiración para derribar al Gobierno «con métodos poco democráticos». «Eso sería estar en un Estado fallido y no es así», remacha.
El exalcalde de de Arnedo no quiere pronunciarse sobre la necesidad de adelantar o no las elecciones generales y recuerda que eso es una prerrogativa exclusiva del presidente del Gobierno. Eso sí, García reclama a Pedro Sánchez que, antes de tomar una decisión, escuche a todas las federaciones del PSOE para conocer su opinión: «el secretario general debería convocar el Consejo Federal del PSOE para escuchar a los secretarios generales y tomar después una decisión sobre la fecha de las elecciones generales», explica a EL PERIÓDICO. Él considera que los candidatos autonómicos y locales deberían tener «la oportunidad de hacer una campaña local donde no haya un marco nacional que lo contamine todo».
“Esto es un puto desastre, no levantamos cabeza”. La desazón y el desánimo se han instalado en el Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB), la marca del PSOE en Baleares, ante las operaciones policiales y los procesos judiciales que acorralan a Ferraz. Con todo, pública e internamente todos los dirigentes cierran filas en torno al relato oficialista descartando elecciones y expresando su apoyo a Pedro Sánchez. “Pedro tiene que aguantar, no queda otra, hay que resistir y ver qué ocurre dentro de un año, la política da muchas vueltas”, señala un destacado dirigente socialista, que resume el sentir apesadumbrado de sus correligionarios en las islas.
Tras conocerse la imputación de Zapatero, el portavoz adjunto de los socialistas en el Parlament y miembro de la ejecutiva federal, Marc Pons, denunció la existencia de «un conglomerado de intereses del PP y Vox que lo único que persiguen es derrocar al Gobierno cueste lo que cueste», rechazando las peticiones de convocatoria anticipada de elecciones.
El PSIB trata de proyectar de cara a la galería una imagen de normalidad política y de continuidad institucional, evitando cualquier escenario de adelanto electoral. Los socialistas baleares exigen al PP de Marga Prohens que gobierna en Baleares «el mismo listón de exigencia para todo el mundo», en referencia a las investigaciones que afectan a los cargos conservadores. En este sentido, Pons recuerda que «el jefe de Gabinete de Marga Prohens ha declarado esta misma semana como imputado» por un caso de enchufismo y que «se ha iniciado juicio oral al presidente del Consell de Ibiza», reprochando a los populares que no haya realizado «ningún planteamiento de exigencia ni de actuación» ante esos casos.
Cabe recordar que el PSIB-PSOE se encuentra plenamente alineado con Sánchez especialmente por la figura de Francina Armengol. La presidenta del Congreso de los Diputados es también la secretaria general de la federación socialista en el archipiélago, por lo que no se espera ninguna voz díscola respecto a la Moncloa en cuanto a la estrategia que sigue el presidente del Gobierno. Eso sí, en privado ningún miembro de la cúpula defiende a Zapatero y señala que su investigación “ha sido la puntilla” que pone al borde del abismo el proyecto socialista para la próxima legislatura.
Información elaborada por Isabel Morillo (Sevilla), José Luis García Nieves (Valencia), Víctor Rodríguez (Madrid), Sara González (Barcelona), Luis Ángel Sanz (Madrid), Irene Bascoy (Vigo), Rocío Entonado (Mérida), Verónica de Castro (Zamora), Alicia García-Ovies (Oviedo), Salvador Lachica (Santa Cruz de Tenerife), Laura Carnicero (Zaragoza), Jaime Ferran (Murcia), Mateu Ferrer y Guillem Porcel (Palma Mallorca) con la coordinación de May Mariño.
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