La madrugada del pasado martes, mientras los negociadores iraníes regresaban a Teherán tras una nueva ronda de «conversaciones intensas» en Doha, el ejército estadounidense lanzó una serie de ataques «de autodefensa» contra lanzaderas de misiles iraníes y embarcaciones próximas al estrecho de Ormuz.
Era la enésima ruptura de un alto el fuego que dura desde el 5 de mayo, pero que solo aguanta a base de mirar sistemáticamente hacia otro lado.
La Guardia Revolucionaria iraní reaccionó con un comunicado en el que prometía «represalia aplastante» ante «cualquier acto de agresión» y, sin embargo, doce horas después, no había caído misil alguno sobre las bases estadounidenses de la región.
El presidente iraní, Masud Pezeshkian, había logrado lo que en otras ocasiones le había resultado imposible: frenar a los suyos. Pezeshkian, cardiocirujano reformista elegido en julio de 2024, se ha reunido varias veces en las últimas semanas con el líder supremo, Mojtaba Jameneí, para pedir un parón inmediato de las acciones unilaterales del Pasdarán.
Su argumento se basa en un elemento muy concreto y que el propio Pezeshkian ha repetido varias veces: la economía iraní no aguantaría otra ronda de ataques sobre infraestructuras energéticas.
Frente a esto, el sector duro —encabezado por Mohammad-Javad Larijani y los allegados del excandidato presidencial Saeed Yalilí— sostiene que cualquier muestra de debilidad puede alimentar un levantamiento popular contra los ayatolás.
La novedad, esta vez, es que ha ganado Pezeshkian. Y no por afinidad personal con Mojtaba Jameneí —que viene del ala dura y fue impuesto por la propia Guardia Revolucionaria tras la muerte de su padre—, sino por una constatación compartida: a Teherán le sale infinitamente más barato negociar que volver a la guerra.
La Guardia Revolucionaria, que en abril llegó a bloquear los nombramientos diplomáticos del presidente, ha aceptado contenerse.
La operación ‘Furia Épica’ —código del Pentágono para la guerra del 28 de febrero al 5 de mayo— destruyó el 77% de los túneles iraníes conocidos y la mitad de su flota naval, pero dejó intactas treinta bases subterráneas de misiles y, sobre todo, dejó intacta la voluntad iraní de sobrevivir. Ahora, tendrá que lidiar también con la voluntad sobrevenida de cobrar por ello.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian.
La lista de la compra iraní
La cifra que ha trascendido esta semana, gracias a un despacho del periódico The Telegraph y a fuentes próximas a la negociación, es contundente: Irán pide 24.000 millones de dólares en activos congelados —»no en el futuro, sino ahora mismo», en palabras de un alto cargo iraní citado por el diario británico— como condición innegociable para firmar la paz.
La mitad, 12.000 millones, se transferirían en el momento de la firma del memorando; la otra mitad, en los sesenta días posteriores.
Los negociadores iraníes en Doha han sido sus dos pesos pesados: el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, y el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi. Que sean ellos quienes viajen indica el grado de seriedad con que Teherán enfoca esta vía y el triunfo aparente de la vía diplomática sobre la militar.
Aunque los 24.000 millones son la pieza más vistosa de la lista de exigencias, esta es mucho más larga. Hossein Nooshabadi, alto cargo del Ministerio de Exteriores iraní, ha enumerado el resto: fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano —donde Israel sigue operando contra Hezbolá—, levantamiento del bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes, apertura del estrecho de Ormuz bajo condiciones acordadas, y retirada de las fuerzas estadounidenses de varios puntos del Golfo.
A cambio, Teherán estaría dispuesto a aceptar restricciones verificables sobre su programa de enriquecimiento de uranio, aunque sigue oponiéndose a sacar del país el uranio acumulado, condición ante la que Washington no quiere ceder.
El propio Marco Rubio reconoció esta semana que las distancias entre Washington y Teherán «se reducen a una palabra, una frase».
La diferencia entre que Irán suspenda el enriquecimiento durante una década o lo congele indefinidamente, o entre que entregue directamente el uranio enriquecido o lo mantenga sellado bajo supervisión internacional, vale en este momento miles de millones de dólares y, sobre todo, el futuro estratégico del régimen.
La presencia de Catar como mediador es decisiva: Doha lleva sesenta días convencida de que cualquier acuerdo es mejor que una guerra abierta que pone en peligro la planta de gas natural licuado de Ras Laffan.

Mike Pompeo, en una imagen de archivo
Reuters
Los Acuerdos de Abraham y Mike Pompeo
Trump baila sobre un alambre cada vez más fino, y esta semana ha decidido tensarlo un poco más. En una llamada del sábado a los líderes de Arabia Saudí, Emiratos, Catar, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania y Bahréin —confirmada por Axios— el presidente exigió que todos esos países firmen, «simultáneamente», los Acuerdos de Abraham como condición para cerrar la paz con Irán.
La respuesta fue, según un alto cargo estadounidense citado por el portal de noticias, «el silencio absoluto». El propio Trump tuvo que bromear preguntando si seguían ahí.
El domingo y el lunes, el presidente estadounidense amplificó la presión en Truth Social: es «obligatorio» que se sumen, especialmente Arabia Saudí, Catar y Pakistán, los tres países que aún no reconocen formalmente a Israel.
El argumento implícito está claro: Estados Unidos ha hecho el trabajo sucio de degradar al régimen iraní y los aliados árabes le deben ahora un gesto de gran calado.
Pakistán ya ha respondido con un «no» formal —el ministro de Defensa, Khawaja Muhammad Asif, declaró a Samaa TV que firmar «choca con nuestros principios fundamentales»—, mientras Arabia Saudí sigue guardando un silencio elocuente.
A su vez, las críticas dentro del propio bando trumpista no dejan de crecer.
El senador Ted Cruz declaró el domingo que aceptar el acuerdo significaría dejar vivo a «un régimen iraní todavía gobernado por islamistas que gritan ‘muerte a América’ y capaz de enriquecer uranio».
Mike Pompeo, uno de los varios Secretarios de Estado de Trump durante su primer mandato y exdirector de la CIA, fue más directo en X: el acuerdo significaría «pagar a la Guardia Revolucionaria para que construya un programa de armas de destrucción masiva que aterrorice al mundo».
La reacción del presidente ha sido la habitual cuando se siente acorralado por los suyos: en una publicación de Truth Social del lunes llamó a sus críticos «perdedores» y pidió a sus seguidores que no les escuchen.
La fractura, sin embargo, es real.
El propio presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, eludió pronunciarse en su rueda de prensa semanal sobre los términos exactos del posible acuerdo, limitándose a recordar que «el Congreso revisará cualquier cosa que llegue a nuestra mesa».
Cabe la posibilidad de que, si Trump cede los 24.000 millones y no consigue que Arabia Saudí firme los Acuerdos de Abraham, una parte significativa de su propio partido vote en contra. El problema es que, si no los cede, la guerra se reabre.
«Irán nunca ganó una guerra, pero nunca perdió una negociación»
Conviene recordar aquí una frase. El 3 de enero de 2020, pocas horas después de ordenar el asesinato del general Qasem Soleimani en el aeropuerto de Bagdad, Donald Trump publicó lo siguiente en Twitter: «Iran never won a war, but never lost a negotiation!«, es decir, «Irán nunca ganó una guerra, ¡pero nunca perdió una negociación!».
Lo escribió como señal de fuerza tras decapitar al comandante de las Fuerzas Quds.
Seis años después, con el aparato militar iraní degradado y con la operación más ambiciosa contra Teherán desde 1979 en su haber, el propio Trump se enfrenta a la prueba más complicada: demostrar que la sentencia que tuiteó contra Barack Obama no aplica también a su propia administración.
Porque los datos sobre la mesa son los que son.
La Guardia Revolucionaria conserva intactos la mitad de sus misiles. La sucesión de Mojtaba Jameneí ha derivado en una cúpula religiosamente más dura, no más blanda. La operación ‘Furia Épica’ —tres meses de bombardeos, cinco mil objetivos destruidos, cincuenta navíos iraníes hundidos— ha provocado un innegable daño táctico pero no el cambio de régimen que se vendía a los votantes de MAGA.
Con todo, lo más preocupante es que la reapertura del estrecho de Ormuz puede acabar incluyendo un peaje permanente iraní-omaní, ingresos que pueden alcanzar los 8.000 millones de dólares anuales para un país asfixiado por las sanciones.
Si a todo lo anterior se le añade la entrega directa de 24.000 millones de dólares en activos congelados —que el equipo de Trump intentará envasar con un «mecanismo complejo» para evitar la transferencia inmediata al régimen, según una fuente del Golfo citada por el Telegraph—, el balance es exactamente el que advertían sus críticos republicanos.
Los ayatolás salen de esta. Salen tocados, sí, pero salen.
Salen con el control efectivo del estrecho más estratégico del mundo, con la legitimidad reforzada por la resistencia, con 24.000 millones nuevos en el cofre y con un Pasdarán que ha demostrado tener capacidad de bloquear al gobierno civil cuando le ha convenido… y de darle la razón si Jameneí así se lo pide.














